OBSERVATORIO JUDICIAL DOMINICANO

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La ética judicial y la función jurisdiccional en el contexto iberoamericano: aproximación al concepto de objeción de conciencia

Entrevista realizada por Harold Modesto al Dr. Armando Andruet, magistrado-vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia Córdoba, Argentina.

 

13 de noviembre de 2013

 

Dr. Armando Andruet. Nació el 26 de abril de 1958 en Córdoba, Argentina. Es doctor en Derecho de la Universidad Católica de Córdoba (1997), posee un doctorado Honoris Causae por la Universidad San Pedro, de la República del Perú. Es miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba desde el año 2001. Ha sido profesor extraordinario honorario de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE) en 2008. Fue director honorario del Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba en diversos periodos. Ocupó el cargo de decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba.

Eminente catedrático de grado y posgrado, conferencista y autor de varias obras. Entre sus publicaciones se destacan Deontología del derecho. Abogacía y abogados (2000), Ejercicio de la abogacía y deontología del derecho (2001), La ética de la magistratura y el desafío de los códigos de ética (2004), Códigos de ética judicial- discusión, realización y perspectiva (2008) y Ensayo de formulación acerca de la relación entre jueces y medios de comunicación social (2010).

Harold Modesto: magistrado Armando Andruet, ¿cómo define el concepto ética judicial?

Armando Andruet: La ética judicial intenta generar las mejores prácticas a nivel judicial. Esta aspira a dar indicaciones acerca de virtudes y excelencias que los jueces deberían cumplir para poder ser personas claramente estimables por la sociedad. Además, busca reconocer que hay un conjunto de prácticas que en la vida judicial son siempre las deseables, y que los jueces deberían comprender cabalmente esas prácticas y cumplirlas adecuadamente y con esto, lograr que sea un juez del que uno pueda predicar, que sea el mejor al que ha podido llegar a ser, que sea un buen juez.

HM: A prima facie, esta definición deja entrever un sistema de valores y virtudes fundamentales inmanentes al concepto de la ética judicial. ¿Cuáles son esos valores y virtudes?

AA:El mayor peso del ejercicio de la práctica judicial está sentado sobre tres columnas: la independencia, la imparcialidad y la ecuanimidad.

En realidad, cuando uno se encuentra con un juez que ante situaciones delicadas, difíciles o extremas, no pierde su independencia para resolver sin ninguna interferencia lo que tiene que resolver, ni interferencias vinculadas con los poderes estatales, ni con los metapoderes, ni con los transpoderes, estamos hablando de un juez que tiene independencia.

Cuando un juez puede superar sus propios prejuicios ‒que como tal a todo hombre le habitan‒ y resolver sin prejuicios cuestiones que tiene en su tribunal, ha resuelto entonces con total imparcialidad, porque es más fácil vencer la parcialidad que uno puede tener con terceros, que vencer la parcialidad que uno tiene en su fuero íntimo respecto a las cosas; por lo tanto, la imparcialidad es esta lucha que cada juez tiene por vencer, sus propios prejuicios y cuando lo pueda hacer, resolverá entonces imparcialmente. 

Finalmente, cuando un juez resuelve como uno espera, con justicia y ecuanimidad, dando a cada quien o no dando a cada quien lo que le corresponde, se complementan los tres criterios: independencia, imparcialidad y ecuanimidad. Y por último, están la deliberación, decoro, probidad y prudencia, pero fundamentalmente lo dicho.

HM: En cuanto a estas virtudes, la independencia judicial resulta ser la más acentuada y apreciable, lo que explica el énfasis que hacen a ella los ordenamientos jurídicos de los Estados. ¿Un debate objetivo sobre la independencia debe partir de que el cumplimiento de la función judicial le es indisociable o resulta práctico considerarla como el deber ser?

AA:No. La independencia no es el deber ser, es el ser. Si no hay independencia judicial, no hay función judicial. Este es, en definitiva, el dato sobre el que se sustenta cualquier sistema en el ordenamiento jurídico.

Los jueces tienen que trabajar en la independencia judicial partiendo del ser independientes. Yo como juez y cualquier juez que honestamente diga las cosas, tendrá que decir que la independencia es una práctica que se ejercita diariamente y que hay que recordarla para no caer en ninguna tentación.

La independencia no es el conocimiento científico o doctrinario que se pueda aprender o que se pueda lograr, tampoco es un producto que se pueda adquirir; es, en definitiva, una práctica virtuosa que se ejerce diariamente y que cuando no se ejerce se pierde. Nadie es independiente para siempre, sino que ejercita esa independencia todos los días.

HM: ¿Cuáles elementos permiten individualizar un sistema de ética judicial?

AA:Interesante la pregunta. Un sistema de ética judicial supone primero, una connotación dentro del ámbito de la administración de justicia que sea reconocido y que establezca que determinadas prácticas que realizan los jueces buenas o mejores que otras. En definitiva, hay prácticas que son recomendables, estimables y apetecibles por los jueces, pero que también son apetecibles desde la sociedad para visualizarlas en los jueces. Esto supone que se debe trabajar sobre la construcción de un instrumento que no necesariamente tiene que ser un código, puede ser un conjunto de principios, un conjunto de cánones, un simple preámbulo o una declaración de principios, en donde la magistratura aporte para que en el Poder Judicial se reflejen las mejores prácticas.

Luego, hay que trabajar sobre un empoderamiento fuerte de la magistratura en aquellos que no participan de estas prácticas y que están en realidad en el borde del sistema, y que los que están en el borde, sea él mismo quien los tiene que terminar de excluir, porque en realidad, los magistrados no podemos estar en el borde de las cosas, sino en la centralidad de las mismas.

Posteriormente, se puede empezar a notar que la ética judicial tiene que ser alimentada, trabajada, explicada y comentada. No hay ningún Poder Judicial donde la ética judicial sea una cosa que no se trabaja, sino que esta tiene que ser construida a partir de un discurso, de una conversación, de un dialogo o de jornadas de difusión, y esto tendrá como consecuencia, otro elemento que se trabaja a partir del empoderamiento de la ética judicial, este empoderamiento para los jueces y el empoderamiento de la sociedad civil, que quiere ver que sus jueces cada vez sean mejores.

Y por último, aparecería un ámbito de juzgamiento de la ética judicial que suponga que los instrumentos éticos tiene una función preventiva, ya que la ética ayuda a que las personas puedan discernir mejor situaciones dilemáticas y por tanto, sería muy bueno que exista un tribunal ético que ayude a las personas a decirles que determinadas prácticas son indebidas.

HM: ¿Existe alguna experiencia en la región de un tribunal ético que haya hecho este primer experimento?

AA:Existen tres experiencias muy interesantes con resultados diversos. En primer lugar, está la experiencia del Tribunal de Ética del Poder Judicial de Paraguay. El mismo es un poder judicial con muchas dificultades vinculadas con sus prácticas; por razones históricas y políticas, es un poco complicado. Por tal razón, se hizo mucho esfuerzo de generar un tribunal de ética judicial que precisamente, no esté encarnado en el ámbito estricto como si fuera un tribunal judicial; un tribunal de ética judicial no es un tribunal judicial, es un tribunal de ética judicial. Por esto, en Paraguay se construyó ese tribunal de ética judicial, que resuelve deontológicamente los problemas y no se ocupa de resolverlos disciplinalmente, administrativamente, civilmente o penalmente, ya que para esto están otras instancias.

Esa experiencia fue una muy buena y encontró en un momento de fractura al Tribunal Ético de Paraguay, cuando quedó involucrado en una denuncia ética un ministro de la Corte Suprema de Paraguay, en donde se aplicó el remedio latinoamericano a tantas cosas. ¿Cuál es? “Se cerró la oficina”. Luego volvió a andar.

El segundo modelo es el que funciona en México, en donde el Tribunal Federal de la Corte Suprema ejerce simultáneamente las funciones éticas y por lo tanto, cada cierto tiempo dicta algunas resoluciones vinculadas con lo ético, pero es siempre un resultado débil frente a un poder judicial de una magnitud como el que tiene México.

El tercer modelo ‒y hablo porque tengo una corta responsabilidad en su construcción‒, es  el de la provincia de Córdoba, en Argentina, que funciona precisamente con un rango parecido al de la Oficina de Ética Judicial de Paraguay, ya que no está integrado por jueces en actividad, y por lo tanto, los jueces que integran el tribunal de ética no tienen ninguna vinculación con la justicia en el sentido regular, sino que son integrantes que han estado en la justicia. Son jueces que están en pasividad, que están ya alejados de la práctica y por lo tanto, pueden tener una mirada mucho más reposada y más objetiva en ciertas cuestiones. Ese tribunal de ética lo único que hace es precisamente, recibir denuncias o actuar de oficio frente a ciertas conductas impropias de los magistrados y recomendar a estos dos cosas,  si advierte que una conducta es impropia, en este caso, le dice al magistrado que deje de llevar a cabo esa conducta porque deviene como atentatoria al decoro de la magistratura y no pasa a otro rango, porque su función es de un tribunal ético; pero puede ser que el magistrado haya tenido una conducta disciplinariamente amonestable, penalmente reprochable o civilmente cuestionable, entonces allí el tribunal de ética le indica: como yo soy solo tribunal de ética y no puedo ir por encima de mi competencia, le remitiré toda la actuación al ámbito disciplinario o al ámbito civil que corresponde intervenir.

Esa es una función que tiene el tribunal de ética, y la otra función es de consulta. Ahí está gran parte de la fortaleza del funcionamiento de un tribunal de ética, en donde los jueces muchas veces no pueden saber si una conducta es realmente impropia o no lo es. ¿Por qué? Porque hay situaciones que son dudosas… La ética no es una cuestión siempre clara, la ética muchas veces está lindando entre lo aprobado y lo reprobado y por esto es que siempre existe la función del consejero.

En esta función de consulta, un juez le pregunta al tribunal de ética si hacer esto importa, si esta conducta es impropia o no, el tribunal de ética la responde: “Hágalo tranquilo” o tal vez le indica que “evite hacerlo”, ya que va a entrar en una situación delicada.

Estas son las tres experiencias que yo conozco, no hay muchas más, porque si bien, de los 46 países que podemos integrar Latinoamérica y el Caribe, por lo menos, el 80 % tiene códigos de ética; pero de ese 80 %, no hay una proporción ni en el 40 % de una producción de sus tribunales de ética y esto pone de manifiesto esa construcción de García Márquez sobre el “realismo mágico”, y que es trasladado al realismo jurídico que supone creer que tener códigos de ética documentalmente, significa que los jueces van a ser más éticos. En consecuencia, es muy bueno tener códigos de ética, pero sería mucho mejor si también se trabaja sobre los códigos de ética.

HM: Se observa que la mayoría de Estados de Iberoamérica presenta una tendencia a concebir sistemas de ética judicial estableciéndolos en sus ordenamientos jurídicos, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, entre otros. ¿Cuál es el contexto de necesidad al que obedece la configuración de un sistema de ética judicial para los poderes judiciales de la región?

AA:Yo creo que una mirada sobre Latinoamérica respecto a la ética judicial demostraría que es un camino todavía muy transitable, que no se ha agotado y ni que se ha recorrido un 10 %. Que hay un esfuerzo desde las cumbres judiciales iberoamericanas de llevar adelante las mejoras en la ética judicial, pero son como dos niveles del problema: a nivel macro aparecen las soluciones, pero a nivel micro no se ven las transformaciones. A nivel macro tenemos códigos y convenciones; en cambio, en el nivel micro, que es el nivel que al ciudadano le interesa, no ve ninguna modificación, por ende lo que hay que hacer es un esfuerzo. En primer lugar, para verificar que estén en orden los cinco elementos de la pasada pregunta sobre el sistema de ética, y en segundo lugar, habrá que volver sobre la práctica educativa. Yo como hombre del mundo de la academia considero que siempre la educación es lo que transforma a los pueblos y a las personas, por esto creo que los sistemas son muy buenos, pero la educación es siempre lo que sostiene un sistema.

También hay que decir que tener códigos de ética y tener funcionamientos de sistemas de integridad institucional no necesariamente implica que el Poder Judicial sea mejor, hay ámbitos donde aun con todo eso lo único que se asegura es un mayor recambio de jueces. Pero parecería que la solución no está solo en el capítulo de la ética. En realidad, un observatorio como son ustedes es lo que permite precisamente visualizar macroscópicamente un problema, ustedes saben que en realidad solucionar una séptima parte del problema del sistema de administración de justicia, no es solucionar la justicia. Posiblemente, solucionar un 20 % de las siete partes, sí es empezar a resolver el problema, por esto en América Latina se ha desarrollado una fiebre por los códigos de ética, que se genera a partir de los años 90 o mediados de los 80 en adelante y que llega casi con el último código que se aprueba en América Latina, que es el de ustedes en 2010.

En 20 años ha existido toda esa fiebre movida por las cumbres iberoamericanas judiciales, pero recalco que a nivel macro está la solución, pero a nivel micro, no se ven todavía los cambios.

HM: De acuerdo con Max Webber, la ética de la convicción se fundamenta en la obligación moral y la intransigencia al servicio de los principios, y la ética de la responsabilidad valora las consecuencias de los actos y confronta los medios. ¿Cuál de estos enfoques entiende más afín a la ética judicial?     

AA:Entiendo que los jueces deben poner en práctica una ética de la convicción sobre el principio de cuál es la responsabilidad de la convicción, debido a que hoy un juez es un actor preponderante dentro de la sociedad; es decir, no es una persona que está fuera de la realidad, sino que juzga la realidad y muchas veces lo que los jueces dicen con sus resoluciones es lo que se va modelando disciplinalmente en conductas sociales.

Hoy los jueces tienen un rol de ingenieros sociales cuando son auténticos y más cuando ocupan un lugar de máxima relevancia en la pirámide de definiciones políticas. Por esto considero que el juez que cree que hay que resolver solamente desde la convicción de lo justo, creyendo que su respuesta no va a tener un efecto, digamos disparador o consecuencial en la sociedad, tiene una mirada estrecha de su propio rol, está puesto en una posición minimalista y los jueces no pueden estar en posiciones minimalistas. Es por esto que hay que encontrar un punto donde la convicción del juez acerca de lo justo que compatibilice con un criterio de responsabilidad en las consecuencias. Esto se visualiza muy bien cuando los jueces tenemos que aprender a manejarnos en tiempos de escases de recursos o en tiempos de mayor instancia de introducción de derechos a los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que si soy juez y cabeza responsable de un poder judicial, lo primero que debo reconocer es la responsabilidad política en este Estado, una responsabilidad no partidaria, una responsabilidad en el sentido de esa “polis’’, sobre la cual yo debo medir las consecuencias de mis actos sentenciales, tratando de asegurar la justicia, tomando en consideración la ética de la convicción bajo el principio de la responsabilidad de la consecuencia.

Resulta que a la vez de tener ese rol como juez lo ejerzo en un Estado atravesado por la pobreza, por la miseria, por la dificultad en los recursos. Hay jueces que tienen la capacidad de ser muy generosos con la billetera del Poder Ejecutivo y esto significa que la ética de la consecuencia o la ética de la responsabilidad está medida por una vara un poco distorsionada, porque allí yo debería hacer una vinculación de un criterio de justicia distributiva adecuado, en donde indico que si a esta persona que me está requiriendo una acción de amparo, para que satisfaga su necesidad médica con un remedio oncológico que lo tengo que traer de Estados Unidos y que cuesta una fortuna y que traer ese remedio significará que yo no pueda atender a otras 15 personas que tengo en una situación no parecida, aun cuando de menor relevancia, debo poner en marcha primero, que soy un juez que está en un Estado con recursos económicos escasos, y dentro de esos recursos económicos escasos, tengo que poner en práctica mi ética de la convicción para resolverle a este ciudadano lo mejor que pueda, pero a la vez asegurar que pueda quedar algo para ser distribuido entre los otros ciudadanos que son tan ciudadanos como este y que tienen la posibilidad de estar tan enfermos como este. Por tal razón, es aquí donde los jueces tienen que poner en marcha nuevas ideas para resolver con responsabilidad. Ser dadivoso y generoso con los recursos ajenos es siempre muy fácil, por ende, un juez debe mirar esto de la ética de la responsabilidad de la convicción no en términos teóricos, sino en términos de la realidad.

HM: Al observar la tendencia de las decisiones de los jueces penales en República Dominicana, me permito llevar su postura a un escenario distinto y vemos la persecución, la sanción y llegamos a la fase que tiene como finalidad la reinserción social, pero la realidad nos dice que el sistema penitenciario no cumple con este fin. ¿Cómo puede el juez, en el sentido teórico que usted planeta, enfrentar a esa realidad sistémica, teniendo como elemento básico hacer cumplir la ley frente a una infracción consumada?

AA:Allí hay otra complicación que está vinculada en que muchas veces a los poderes judiciales se les está haciendo un reclamo de resolver algunos problemas que no son competencia propia de ellos. Los sistemas penitenciarios en Argentina no son responsabilidad del Poder Judicial, son una responsabilidad del Poder Ejecutivo, el cual debe asegurar que los sistemas penitenciarios funcionen. Pero yo como juez penal, que reconozco que el sistema penitenciario no está cumpliendo adecuadamente con su función, tendré que exhortar de una manera contundente al Poder Ejecutivo que modifique ciertas prácticas para que eso pueda realmente brindarse a la sociedad y además debe poner en marcha algunos ejercicios para generar en los jueces un ideario distinto respecto a lo que significa el proceso de reinserción.

En Argentina, hace cuatro días estuve trabajando y recibí una tesis doctoral. El ingeniero defendía el tema de la reinserción de las personas que han estado privadas de libertad y cuáles deberían ser las prácticas que desde los poderes se ponen en marcha. El dato estadístico es que en la provincia de Córdoba, de cada diez personas que van a cometer un delito, seis son reincidentes, lo cual significa un número altamente delicado y subjetivo.

Esta persona señalaba cuáles podrían ser los caminos en lo que hay que trabajar con esos reincidentes, ya que ellos tienen el mayor índice de vulnerabilidad en volver a caer en delito y ahí apareció un concepto que hoy yo lo veo muy utilizado para fines distintos, pero no aplicado a lo penitenciario o a la persona que ha cumplido condena en el régimen penitenciario. En Estados Unidos, en la planta de Toyota, en su momento estuvo en práctica y no sé si lo seguirá estando: la responsabilidad social de la empresa en asegurar ciertos cupos a personas que precisamente han terminado con su resolución con el conflicto de la ley penal.

En consecuencia, si yo sé que las personas que han delinquido van a ser las que en mayor porcentaje volverán a delinquir, debería generar algún tipo de espacio por vía de la responsabilidad social empresarial y que me brinden un cupo determinado para que esas personas vuelvan a insertarse en un trabajo y así evitar que vuelvan a cometer el delito.

Es por esto que desde la Administración Pública o del Estado tendría que ponerse a funcionar ese régimen de responsabilidad social, ya que si el Estado quiere que las personas que han sido privadas de la libertad no vuelvan a cometer un delito de la misma forma, y es el caso de las personas con discapacidad, este debe tener un cupo para estas personas, porque esto significará que haya menos personas que puedan delinquir en el futuro.

HM: El oficio del juez, por decirlo de algún modo, es la contención del poder lograda a través de la aplicación imparcial e igualitaria de la ley, lo cual naturalmente lo expone de manera significativa al mismo, y esto nos hace pensar en la gran importancia de esa idea de la independencia. ¿En qué medida los prejuicios que posee el juzgador afectan esta función de contención?

AA:¡Buena pregunta! Los prejuicios de las personas son una cosa muy seria y hay una preocupación para intentar ponerle otro nombre, para llevarla a otro escenario. Primero digamos, que el prejuicio no es una cuestión que ni siquiera muchas veces se ha buscado ni existe un empecinamiento por obtenerlos, los prejuicios por distintas razones al ser humano le acompañan, porque la persona es un resultado no solamente biológico, sino también cultural.

La vida en los distintos espacios societarios nos va minando de perjuicios positivos o negativos, y desde ese punto de vista hay que también reconocer que el ser juez no significa dejar de ser hombre, aun con la banalidad que esto tiene; pero es así, muchas personas creen que como son jueces, han cambiado a un estatus ontológico y que ser juez significa que puedan haber superado sus prejuicios y eso es claramente una mentira. Es por esto que luchar contra los prejuicios que todos tenemos es una constante que los poderes judiciales deberían poner en marcha.

Por ende, el problema radica en que para poder llegar a donde está el foco prejuicioso del individuo, hay que realizar una exploración muy profunda a la naturaleza de la individualidad del juez. Esto supone que hay ciertos criterios que son comunes y son corrientes a un poder judicial y que se tratan de ocultar, pero que posiblemente puestos en una conversación profunda, “sin micrófono”, puedan ir resultando y aparezcan ciertas matrices prejuiciosas.

En Europa, cuando los jueces ingleses descubrieron que en la plaza Trafalgar había jóvenes que podían estar fumando marihuana o consumiendo cocaína, y que en consecuencia no iban a ir presos, esto no les resultó extraño, pero se observa que dentro de los jueces ingleses había un fuerte prejuicio acerca de los comportamientos homosexuales. Esto ocasionó que la Cámara de los Lores realizara una advertencia, y ¿qué hizo? Por un lado podría haber sido someter a todos los jueces en conjunto a una serie de entrevistas psicoanalíticas ‒y posiblemente voy haciendo desaparecer el prejuicio‒, pero como eso era altamente vinculante con la vulnerabilidad de las personas, hizo una cartilla en donde precisamente hizo como un genérico recomendando de qué manera sería conveniente que los jueces trabajen con estas personas que tienen estas inclinaciones homosexuales, que en realidad no son malas personas, sino que son buenas personas y que tienen una imagen diferente a la que posiblemente ellos tienen. Es decir, esta entidad encontró un camino delicado para decirles: “Nosotros sabemos que ustedes o por lo menos la gran mayoría, son prejuiciosos, entonces  tomen una cartilla que los ayude”. Es muy difícil avanzar, pero que sea difícil no significa que no se pueda.

HM: ¿Existe el mismo riesgo aun si los prejuicios tienen sustento en valores éticos-sociales legítimos y comúnmente aceptados?

AA: Cuando los prejuicios son socialmente aceptados, deberíamos revisar si son realmente prejuicios o son prácticas como tales asociadas. La dificultad puede estar en otro nivel, pero en esta línea de reflexión, que no es un problema ni dominicano ni argentino, ni  latinoamericano, sino europeo, es que está vinculada la cuestión, por las interculturas, porque lo intercultural pone de manifiesto otro tipo de prejuicio, que no es más ontológico, sino es el que culturalmente me genera una etnia que tiene formulaciones culturales o socioculturales distintas, y es allí donde aparecen otras complicaciones, que tampoco son fáciles de sortear, porque todos los países europeos han llegado a prácticas a veces extremas para tratar de suavizar ese choque de culturas, pero en realidad, las mismas lo único que van a poder hacer es limar las asperezas y nunca asegurar la compatibilidad, porque las culturas son distintas. Yo puedo admitir a otro con una cultura diferente, pero lo que no voy a poder es a asociar a ese otro en su cultura, eso también hay que comprenderlo, hay espacios, territorios, que no son los nuestros, que son fundamentalmente los europeos, donde las cohabitaciones culturales se hacen muy difíciles.

HM: ¿En qué consiste la objeción de conciencia?

AA:Esto no es un concepto que tenga muchos adherentes, pero esto se vincula mucho con lo anterior. Creo sanamente que el prejuicio de los magistrados es tan dañino que en realidad hay que evitarlo a toda fuerza. Es más fácil controlar la dependencia que un magistrado pueda tener al carácter prejuicioso que ese puede tener, porque el prejuicio está adentro, la independencia está fuera, y por esto la objeción de conciencia tiene su raíz inicialmente sobre los años 70, vinculado en Estados Unidos con ciertas prácticas, históricamente con los menonitas y después con los Testigos de Jehová, donde no estaban dispuestos a rendir ciertos cultos a signos patrios.

Luego se fue extendiendo a otros ámbitos como la medicina, donde cobra mayor relieve social, porque hay prácticas en donde los médicos no están dispuestos a realizarlas, ya que devienen como una objeción a su propio ideario de vida, a su propia cosmovisión del mundo, y estas lo afectan en su subjetividad. Esto creó toda una construcción jurídica y constitucional acerca de los objetores de conciencia, en donde el objetor para el ámbito médico, militar, farmacéutico y docencia suponía sus criterios, como en el caso del médico, el cual objetaba una determinada práctica porque la consideraba lesiva a su propia ideología no política, a su ideología de vida o de proyecto. Por tal razón, había otro médico que podía dar la satisfacción a la persona de ese resultado y con esto no se veía afectada en su derecho, como puede ser en una práctica abortiva, ya que otro médico la realizará. Yo objetaba esa práctica, me quedaba con mi conciencia tranquila y la señora con su práctica abortiva también satisfecha, puesto que otro médico la hacía porque no tenía ninguna complicación.

Esa objeción de conciencia maximizada es la que se empieza a plantear en algunos ámbitos judiciales cuando los sistemas jurídicos comienzan a tener también una hipertrofia de nuevas situaciones legales que se empiezan a proyectar, cuestiones vinculadas con la sexualidad, con lo identitario, con el género, que son esos casos que de pronto un juez puede no sentirse con total libertad para resolverlas, porque a priori sabe que si está resolviendo el caso desde el prejuicio que tiene, estará dando una respuesta parcial. En consecuencia, la pregunta es ¿qué es preferible? Mentirle a la sociedad dándole una respuesta parcial, o encontrar un recurso auténtico de ser un objetor de conciencia y dejar que otro juez se encargue de resolver independiente e imparcialmente el caso, entonces, ese fue el marco teórico de la cuestión. ¿Qué se le objetó a ese marco teórico? Se le objetó que si alguien tiene que cumplir la ley es el juez, y si hay una ley que dicta que se puede autorizar un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, ¿por qué no lo haría yo? Si una ley me lo impone como posible, la cuestión es, ¿yo puedo ser objetor de conciencia y a la vez estar saliéndome de este registro que la ley manda? Yo respondo que sí, porqué en verdad yo prefiero salir de la ley y evitar cometer una violación mayor como sería dar una respuesta desde la parcialidad, puesto que la respuesta imparcial se la puede dar inmediatamente otro juez, que recibe el caso tan pronto yo lo objeto.

Este es un camino que con el tiempo va a lograr mayor fortaleza porque es un concepto muy interesante que hay que profundizar. Los jueces cada vez estamos más involucrados a resolver problemas morales de los ciudadanos mediante instrumentos jurídicos, y es lo que hay que entender: nosotros tenemos instrumentos jurídicos para resolver problemas morales, pero los jueces no tenemos un problema jurídico, tenemos un problema moral, para lo que tenemos un instrumento jurídico que nos ayuda. Tanto así que si las personas fuéramos todas confiables y la fiducia existiera, el derecho no existiría, porque el derecho representa una garantía cuando la confianza moral entre los individuos no funciona. Si yo le alquilo un departamento y usted es mi amigo, yo posiblemente no le voy a hacer ningún contrato. ¿Por qué? Porqué usted es mi amigo y no me va a defraudar y por tal razón tenemos un problema moral, que es un problema humano.

¿Por qué firmamos un contrato? Porque yo quiero asegurarme que si usted no me cumple moralmente, yo voy a tener una acción judicial. Aquí, el contrato es el instrumento jurídico, pero es un medio, es un instrumento que es la totalidad de la cuestión y la totalidad de la cuestión no es el instrumento jurídico, es el problema moral que hay entre dos personas, que para resolverlo utilizamos un instrumento jurídico y esto plantea a nivel referencial el otro problema, que se vincula con la humanización de la práctica judicial: los jueces, por distintas razones, están cada vez más vinculados al instrumento jurídico, pero más alejados del problema moral y eso es una complicación a futuro.

HM: Viendo en realidad los poderes judiciales de la región, ¿cuáles serían los riesgos del concepto de objeción de conciencia?

AA:Si, tiene una cuota de riesgo y por tal razón, tiene que haber un cuidado, tiene que desarrollarse una auto restricción, porque la conciencia no puede ser una tan laxa que yo no quiera juzgar a un gobernador, a un alcalde, a un ministro, ni un aborto, es por esto, que la objeción de conciencia supone poder… poder dejar firmemente asentado de que tengo una tradición, una militancia en una posición, un ideario de la vida y que por lo tanto, es inobjetable y que no es una solución oportuna para retirarme de un problema. En consecuencia, si no es manejado con el máximo equilibrio, indudablemente va a generar un estropicio en el sistema de educación de justicia.

HM: ¿Cuál es el camino procesal que debe seguirse para que la objeción de conciencia no devenga en perjuicio de los ciudadanos?

AA:Entiendo que debe ser un trámite motivado que tenga un procedimiento semejante al de una excusación que hace un magistrado, con una fundamentación más sedimentada y siempre que la objeción de conciencia del juez no le genere ningún tipo de dilación al ciudadano en la respuesta jurídica, porque si va significar que ese expediente entre en un circuito interminable hasta que alguien la acepte o que alguien la deniegue, indudablemente quien se perjudica es el ciudadano. Y si el sistema pueda estar al máximo se podrá, porque si es un solo juez el que puede entender la causa y vive en un lugar alejado de los demás magistrados, y en consecuencia, es el ciudadano quien tendría que desplazar su caso ya que el juez es un objetor de conciencia, indudablemente, yo le indico que el ciudadano primero y luego usted vea cómo se disculpa con su propia conciencia.

HM: No pretendo objetar este concepto; sin embargo, queda la duda de que si se trata de que un escalón jurisdiccional superior es quien rechaza o aprueba la objeción de conciencia, ¿qué garantiza que un juez emita una decisión imparcial si dicha objeción de conciencia le ha sido rechazada?

AA:Entiendo que la respuesta sería parcial. Si yo he tenido la capacidad de plantear la objeción de conciencia es porque precisamente mi prejuicio me lleva a ello, y mi superior me dice de todas maneras que lo solucione. Entiendo que la resolución va ser parcial en la medida de que yo sea una persona consecuente conmigo mismo, si no soy consecuente y lo que quiero es evitarme un problema, podré resolver de otra forma.

 

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