OBSERVATORIO JUDICIAL DOMINICANO

Actualidad judicial

La prisión preventiva en las Américas y el informe de la CIDH: una mirada a la situación de la República Dominicana
Autor: Harold Modesto
Santo Domingo, 24 de enero de 2018. Los avances de las reformas procesales penales de América Latina han puesto en relieve que la prisión preventiva (PP) se ha convertido en el problema más común entre los distintos sistemas de justicia. La PP se vuelve cada vez menos excepcional y representa una de las más profundas contradicciones en el Estado de derecho.

 

 


La dinámica probatoria en las medidas de coerción personales: una cuestión incomprendida
Autor: Harold Modesto
Santo Domingo, 13 de diciembre de 2017. En la realidad judicial dominicana parece dificultarse la comprensión de que “las medidas de coerción tienen carácter excepcional”. Es importante meditar sobre este punto, su sencillez puede inducir a pasar por alto lo mucho que estas repercuten en los distintos segmentos de la actividad procesal. El carácter excepcional no sólo engloba lo relativo a los derechos fundamentales del prevenido, también implica aspectos probatorios claves para un uso racional de la coercibilidad en el transcurso del proceso.


La asistencia legal a las víctimas: entre lo ideal y lo posible
Autor: Harold Modesto
Santo Domingo, 8 de noviembre de 2017. La Ley núm. 10-15 introdujo modificaciones al Código Procesal Penal de la República Dominicana (CPP). Un total de 110 artículos entre los 449 de la norma, es decir casi el 25 % de todo su contenido, fue ajustado tomando en cuenta las demandas sociales para la administración de la justicia acumulada durante los primeros 11 años de implementación.

 

 


Disciplinar a los jueces sin afectar su independencia
Autor: Harold Modesto
Santo Domingo, 20 de octubre de 2017. El debate actual acerca de la independencia judicial es con probabilidad el más agudo de toda la historia de la República Dominicana. Nunca antes se habían expresado de manera tan clara las exigencias de las garantías que los jueces, apoyados por la comunidad jurídica nacional e internacional, hacen valer con preocupaciones legítimas por el peligroso derrotero que lleva el Poder Judicial.

 

 


Los buenos jueces y las decisiones populares en la sociedad de la información
Autor: Harold Modesto
Santo Domingo, 27 de septiembre de 2017. Un día como hoy en el año 2004 entró en vigor la Ley núm. 76-02 que establece el Código Procesal Penal (CPP) de la República Dominicana. Se trató de uno de los hitos más importantes de las reformas que ha experimentado el sistema de justicia penal durante las tres últimas décadas.

Lo que hizo este momento trascendente en relación a otros cambios que se produjeron en el sistema, sobre todo los introducidos por la reforma constitucional de 1994, es que se transformó la organización y las competencias de los órganos jurisdiccionales y, además, definió facultades claramente derivadas de los derechos y las garantías consagrados en la Constitución.


La defensa penal en la encrucijada
Autor: Harold Modesto
Santo Domingo, 8 de septiembre de 2017. La presunción de inocencia es un principio jurídico penal inmenso, como ningún otro. Cuando se piensa en esta se tiene que elegir entre dos caminos: el primero es seguir el consejo de los juristas que han advertido de los peligros de tratar de comprender y explicar los mundos que se encuentran imperfectamente unidos por el derecho —porque la vida entera no es suficiente—, y así tomar pequeños trozos de razón para que las ideas sean un tanto claras y útiles, el segundo es hacer totalmente lo contrario.

 


El Tribunal Constitucional dominicano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: reflexiones acerca de la nacionalidad y la extranjería desde dos perspectivas jurisdiccionales
Autor: Harold Modesto
Santo Domingo, 8 de marzo de 2016. Es de conocimiento que el Tribunal Constitucional de República Dominicana (TC) estableció, a través de la controversial Sentencia núm. TC/0168/13, que los hijos de extranjeros sin residencia legal permanente nacidos en el territorio del país no son titulares del derecho a la nacionalidad dominicana, lo cual en el criterio de este órgano jurisdiccional es a causa de que su condición se encuentra entre las excepciones consagradas por la Constitución en esta materia.


Innovación: palabra clave para el desarrollo de la abogacía en República Dominicana
Autores: Héctor Peña y Sabrina Mañon
Santo Domingo, 1.o de febrero de 2016. A finales de 2015 los miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) fueron convocados a la Asamblea General Electoral, con la finalidad de elegir a los integrantes de la Junta Directiva, el Tribunal Disciplinario y la Junta Directiva Seccional de dicho órgano. Como ocurre cada dos años, en el primer sábado del mes de diciembre, los abogados decidieron en las urnas cuáles serían sus representantes en este gremio durante el próximo bienio. 


El Día del Poder Judicial
Autor: Anderson Vargas
Santo Domingo, 7 de enero de 2016. Hoy se conmemora el Día del Poder Judicial, como ha sucedido todos los años desde 1962, por disposición del artículo 2 de la Ley núm. 5780, del 31 de diciembre de 1961, que modifica el artículo 157 de la Ley núm. 821 del 21 de noviembre de 1927, sobre Organización Judicial, y establece que: el 7 de enero de cada año, se conmemorará como Día del Poder Judicial, fecha en la cual se reanudarán, en todo el territorio de la República, las labores judiciales interrumpidas por las vacaciones que se inician el 24 de diciembre.


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Conducir un juez del Tribunal Constitucional? Algunas ideas alternativas al procesalismo mecánico en República Dominicana (I)
Autor: Harold Modesto
México, 24 de junio de 2015. Las conducencias no suelen ser diligencias judiciales de gran trascendencia pública, mientras que los arrestos tienden a una mayor notoriedad mediática. La diferencia fundamental entre ambas actuaciones radica en la naturaleza de su eficacia procesal; mientras la primera carece de un término que se prolongue más allá de la comparecencia del conducido restringido de libertad, los efectos de la segunda pueden ser extendidos hasta un plazo de 48 horas, consagrado en la Constitución, dentro de las cuales el Ministerio Público puede solicitar la interposición de otra medida de coerción.

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