OBSERVATORIO JUDICIAL DOMINICANO

Jurisprudencia

Número de sentenciaÓrgano jurisdiccionalAsuntoFechaDescripción general
TC-0021-15
Tribunal Constitucional (TC)Acción directa de inconstitucionalidad26 de febrero
de 2015
En esta decisión el TC declaró inadmisible la acción directa en inconstitucionalidad. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para referirse a las incautaciones de vehículos de motor que acostumbra a efectuar la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) cuando acontece una violación a la ley 241 de 1967, sentando el precedente de que: “el castigo dispuesto para los infractores, es decir, para aquellos que violen la ley de tránsito, entre otras, es la multa penal como sanción, no así la retención de los vehículos. En este sentido, el procedimiento especial para las contravenciones establecido en el Código Procesal Penal es la detención, la toma de los datos, y mediante formulario levantar el hecho. Este formulario se utilizará como acta de acusación o requerimiento de enjuiciamiento para presentar al autor de haber violado la Ley núm. 241 ante el Tribunal Especial de Tránsito.”
TC-0009-13
Tribunal Constitucional (TC)Revisión de amparo11 de febrero
de 2013
En la sentencia se impugna la Resolución No. 830-2012, del dieciséis (16) de enero de dos mil doce (2012), dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia. Se alegó falta de motivación y, consecuentemente, vulneración del derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, garantías constitucionales establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución. El Tribunal Constitucional acogió el pedimento por entender que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, [para] la argumentación de un fallo hay que tomar en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha[ya] sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso.
TC-0050-12
Tribunal Constitucional (TC)Acción directa de inconstitucionalidad16 de octubre
de 2012

Esta decisión establece que la Resolución No. 08-2012, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil doce (2012), exige a la empresa Inversiones Bretaña, S.A.,  la prestación de una fianza como condición previa a la valoración de la causa de recusación  presentada, de conformidad con el párrafo único del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil; disposición que sentó las bases para el siguiente criterio jurisprudencial: La prestación de una fianza, como condición previa para conocer de la recusación judicial, constituye un obstáculo o traba procesal para el ejercicio pleno y efectivo del derecho fundamental al juez imparcial; constituye, además, una norma legal discriminante, que solo afecta al litigante en materia civil y comercial, quien tiene que prestar una fianza para poder ejercer la recusación judicial, mientras que a los litigantes de otras materias del derecho (penal, laboral, etc.) no se les requiere del cumplimiento de dicha formalidad. Por tal virtud, y en atención de las anteriores consideraciones, procede declarar la inconstitucionalidad del párrafo único del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil.

TC-0049-12
Tribunal Constitucional (TC)Revisión de amparo15 de octubre
de 2012

La sentencia precede al litigio originado en ocasión de las resoluciones Nos. 2-II-2011-RTD-64 y 000017, mediante las cuales se prohíbe la venta a granel de agua para el consumo humano, prohibición que consideran violatoria del derecho al debido proceso administrativo, a la libertad de empresa y a la seguridad personal. Ante esta situación, que entraña una prohibición general de la venta de agua a granel destinada al consumo humano, corresponde al Tribunal Constitucional establecer que, en el presente caso, se ha conculcado el derecho fundamental a la libertad de empresa de los recurrentes en revisión y se ha afectado la garantía de acceso al agua potable a segmentos pobres de la población que la Constitución pone a cargo de las referidas autoridades.

TC-0048-12
Tribunal Constitucional (TC)Revisión de amparo8 de octubre
de 2012
Esta sentencia precede a los sucesos siguientes: el recurrente, fue cancelado como primer teniente de la Policía Nacional, decisión que este recurrió en amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, alegando que la misma fue arbitraria y en violación a sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la seguridad personal, al trabajo y a la igualdad. La Policía Nacional negó tales violaciones y afirmó que sus actuaciones se enmarcaron en el ejercicio de sus atribuciones y de la más completa legalidad. El Tribunal Superior Administrativo rechazó las pretensiones del accionante en amparo, por lo que este recurrió en revisión constitucional dicha decisión ante el Tribunal Constitucional, que admitió la acción basando en el siguiente criterio: Cuando se realiza un acto administrativo en el que se ordena la cancelación del nombramiento de un oficial de la Policía Nacional, sin que, como ocurre en la especie, se hayan realizado las actuaciones preliminares de un proceso, se lesiona su derecho de defensa, se violenta el debido proceso y, consecuentemente, se comete una infracción constitucional.
TC-0036-12
Tribunal Constitucional (TC)Revisión de amparo15 de agosto
de 2012
Esta sentencia revela especial trascendencia constitucional, toda vez que la solución al conflicto objeto del presente recurso supone definir los alcances del derecho que en relación a la propiedad inmobiliaria adquiere el beneficiario de un proyecto del Instituto Agrario Dominicano (IAD). El demandante ha poseído de manera legal, pacífica, continua y no controvertida, durante 28 años, el predio agrícola precedentemente descrito, toda vez que fue regularmente asentado en el proyecto agrario AC-150-Pedro Corto, de la provincia San Juan de la Maguana. Esta posesión fue vulnerada de forma irregular por el director de la Gerencia No. 7, del  Instituto Agrario Dominicano (IAD), en San Juan de la Maguana y por consecuencia le fue admitida la acción de amparo y revocada la sentencia de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana.
TC-0033-12
Tribunal Constitucional (TC)Acción directa de inconstitucionalidad15 de agosto
de 2012
Esta decisión establece que la disposición del artículo 7 de la Ley No. 2569 de 1950, y sus modificaciones, sobre Impuesto a las Sucesiones y Donaciones, que establece un pago para los sucesores residentes en el exterior de un 50% superior al porcentaje que paga un dominicano residente en el país, no resulta conforme al principio de igualdad instituido en el artículo 39.1 de la Constitución de la República, ni al artículo  24 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, al consignar una situación tributaria que establece una diferenciación en el pago, penalizando económicamente al sucesor que reside en el exterior, quien tiene que pagar más que el residente en el país, lo cual constituye una discriminación en función al lugar de residencia, violando igualmente el artículo 243 de la Constitución de la República, que consagra los principios constitucionales de igualdad y equidad tributaria.
TC-0032-12
Tribunal Constitucional (TC)Acción directa de inconstitucionalidad contra de la Resolución No. 209-Bis, de fecha 6 de diciembre del año dos mil (2000)15 de agosto
de 2012

Esta sentencia establece como una violación a los Arts. 4 y 93.q), de la vigente Constitución, por cuanto dicha resolución crea un recurso de aplicación general, el de reconsideración, que solo podría ser creado mediante una ley, y que desdice de lo previsto en el numeral 2 del Art. 157 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, con lo cual se estaría modificando por vía administrativa un procedimiento que ha dispuesto el legislador, configurándose la infracción constitucional consistente en que la administración pública se atribuya facultades que le corresponden al Poder Legislativo: “Legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro poder del Estado y que no sea contraria a la Constitución”.

TC-0029-12
Tribunal Constitucional (TC)Revisión de amparo3 de agosto
de 2012

Esta decisión anula la sentencia No. 010-2012, de fecha 31 de enero de 2012, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo,  al entender que dicho fallo viola en su perjuicio los derechos constitucionales establecidos en los artículos 6, 8, 23, 24, 26 y 39 de nuestra Carta Magna, así como la Ley General de Electricidad, No. 125-01.

TC-0017-12
Tribunal Constitucional (TC)Acción directa de inconstitucionalidad13 de junio
de 2012
Esta decisión establece que la Resolución No. 112/2000 emitida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que establece el Impuesto sobre Viviendas Suntuarias y Solares Urbanos no Edificados. La misma fue dictada y publicada cuando ya estaba vigente la Ley No. 18-88 del cinco (5) de febrero del año mil novecientos ochenta y ocho (1988), que dispone el pago de un impuesto sobre las viviendas suntuarias y solares urbanos no edificados, con autoridad impositiva para todo el territorio nacional, especializando parte de esos recursos tributarios a favor de los ayuntamientos del país, toda vez que dispone el veinte por ciento (20%) de su producción total a favor de los gobiernos locales. Indica la doble tributación es contraria al principio de  legalidad  que consagra el imperio del derecho y descansa claramente en la idea de que los poderes públicos no pueden actuar de manera arbitraria, que deben enmarcar sus actuaciones de conformidad con los procedimientos reconocidos en la Constitución y las leyes.
TC-0012-12
Tribunal Constitucional (TC)Revisión de amparo9 de mayo
de 2012
La sentencia precede la decisión de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas que negó a la Lauriana Villar  el derecho a subrogarse en las prerrogativas relativas a la pensión de su compañero de vida por más de 40 años. Este último falleció el 26 de febrero de 2008, siendo beneficiario de una pensión de diez mil pesos (RD$10,000.00) mensuales, en su condición de militar, cuyo último rango fue de segundo teniente. El tribunal decidió valorando el artículo 252 de la Ley de Pensiones, estableciendo que solo la viuda tendría derecho a la pensión de superviviente, mas no así el viudo, lo cual vulnera el principio de igualdad entre el hombre y la mujer previsto en el artículo 39.4 de la Constitución, que expresa: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género”. De acuerdo a los principios expuestos por el Tribunal Constitucional tendrá derecho a pensión el o la sobreviviente de un matrimonio o de una unión marital de hecho con por lo menos un año de duración, salvo el caso de que hayan engendrado hijos o que el fallecimiento hubiere sido causado por un accidente o por las causales del artículo 247”.
Sentencia núm. 9 B.J. núm. 1141
Pleno de la Suprema Corte de JusticiaAcción en inconstitucionalidad14 de diciembre
de 2005
El pleno de la SCJ ante una acción en inconstitucionalidad contra los artículos 28, 36, 49, 56, 58, 62, 100, 101, 103, 138 y 139 de la Ley General de Migración núm. 285-04, del 27 de agosto de 2004, estableció que: “Considerando, que la nacionalidad es un fenómeno que crea un lazo de esencia marcadamente política en que cada Estado, en los límites de los tratados internacionales y el derecho de gentes, determina soberanamente quiénes son sus nacionales, por lo que puede, como corolario obligado de ello imponerse al que nace en su territorio o en él se desenvuelve; que dentro de los límites de compatibilidad antes indicados, la Convención de La Haya del 12 de abril de 1930, en su artículo 1 consagra a este respecto el principio de que pertenece a cada Estado determinar por su legislación quiénes son sus nacionales, sin perjuicio de la libertad reconocida a los individuos de elegir, dentro de los límites que fije la ley, su nacionalidad o de cambiar de ella.”
Sentencia núm. 1
(B.J. núm. 1119, febrero de 2004)
Pleno de la Suprema Corte de JusticiaAcción directa en inconstitucionalidad10 de febrero
de 2004
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó que: “Considerando, que si bien el Senado está facultado por la Constitución y la ley para emitir actos y resoluciones sobre asuntos que le son peculiares y privativos susceptibles de ser deferidos a la Suprema Corte de Justicia para que verifique su constitucionalidad o no, conforme a las previsiones del citado artículo 67, inciso 1 de la Constitución, no resulta así en el caso de la ley, la que, como norma de carácter general y abstracto, es producto no sólo de la Cámara Alta sino del trabajo legislativo ejercido de manera integrada por el Congreso Nacional, compuesto de un Senado y una Cámara de Diputados, de lo que se deriva que el texto sometido por el Presidente del Senado a esta alta instancia para los fines ya señalados, no tiene categoría de ley ni es un acto de lo que la Constitución pone a cargo, de manera privativa, de dicho órgano, por lo que el texto en cuestión no constituye un acto, per se, que pueda ser analizado, desde el punto de vista de su constitucionalidad, por la Suprema Corte de Justicia, como lo confirma la misma entidad accionante al expresar en su instancia que “en sesión del 29 de enero del 2004, el pleno del Senado de la República conoció y aprobó en primera lectura el proyecto de ley citado, pendiente de agotar los demás trámites constitucionales de rigor”, todo lo cual pone de manifiesto que el aludido documento al no alcanzar la categoría de ley, no cumple la exigencia constitucional que permita a esta Suprema Corte de Justicia ponderar, por vía del control preventivo, su conformidad o no con la norma superior, por lo que procede declarar inadmisible la presente acción.”
Sentencia núm. 1
(B.J. núm. 1100, julio de 2002)
Pleno de la Suprema Corte de JusticiaAcción directa de inconstitucionalidad3 de julio
de 2002
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó que: “Considerando, que ha sido juzgado por esta suprema instancia, tantas veces ha tenido la oportunidad de hacerlo, que si bien puede ejercer, al margen de toda contestación entre partes, su control sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos, resolución, reglamento o acto de los poderes públicos, el vicio que se le imputa a la señalada resolución por su aducida ilegalidad, su control por vía directa no corresponde a este alto tribunal; que el control de la legalidad, por el contrario, se ejerce por vía de la excepción de ilegalidad ejercida en el curso de un proceso ante los tribunales inferiores del orden judicial, y luego, si a ello hubiere lugar, ante la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación.”
Sentencia núm. 1 B.J. núm. 1094
Pleno de la Suprema Corte de JusticiaAcción directa de inconstitucionalidad3 de enero
de 2002
La presente decisión, surgió con motivo a una acción directa de inconstitucionalidad a instancia del Poder Ejecutivo, relativo a la ley que declara la necesidad de reformar la Constitución dominicana. La Suprema Corte de Justicia (SCJ), en atribuciones de Corte Constitucional, determinó que: “… que si bien una ley del Congreso Nacional, no promulgada ni publicada por el Poder Ejecutivo, no adquiere, en principio, su fuerza obligatoria hasta que tales requisitos hayan sido satisfechos, no menos cierto es que las leyes votadas por el Congreso Nacional, por el hecho de no estar promulgadas y publicadas por el Poder Ejecutivo, conforme al artículo 55, inciso 2, de la Carta Fundamental del Estado, no dejan de constituir un acto propio, el más característico del Poder Legislativo […]; que desde esa perspectiva la SCJ es competente para conocer de la acción de que se trata, constituyéndose en la especie en control preventivo de la constitucionalidad de la ley sometida a su examen por el Presidente de la República, en uso de la facultad que le reconoce el artículo 67, inciso 1, parte in fine, de la Constitución, ya citado.”
Sentencia núm. 9 B.J. núm. 1059
Pleno de la Suprema Corte de JusticiaRecurso de amparo24 de febrero
de 1999
El pleno de la SCJ ante una acción de amparo contra las sentencias dictadas por la Sala No. 2 del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, del 10 de septiembre y 14 de octubre de 1998, razonó lo siguiente: “Atendido, a que si bien el artículo 25.1 de la Convención prescribe que el recurso de amparo debe intentarse ante los jueces o tribunales competentes, y si también es cierto que la competencia, para este recurso, no está determinada por nuestro derecho procesal ni por ley especial alguna, como sí ocurre con la ley de habeas corpus, que atribuye competencia y reglamenta la forma de proceder para proteger la libertad física o corporal del ciudadano, no es menos cierto que como el recurso de amparo constituye el medio o procedimiento sencillo, rápido y efectivo creado para todos los derechos consagrados en la Constitución y otras leyes excepto aquellos protegidos por el habeas corpus, ningún juez podría, si a él se recurre por una alegada libertad constitucional vulnerada, negar el amparo pretextando la inexistencia de ley que reglamente la acción ejercida; que si es válido que para la protección de los derechos se debe tener un medio, un camino especial que los haga efectivos, la Suprema Corte de Justicia está facultada, empero, para determinarlo cuando por omisión del legislador no se ha establecido el procedimiento adecuado; que no obstante ser de principio que sólo la ley atribuye competencia, al no existir ninguna disposición que ponga a cargo de determinado juez o tribunal el conocimiento del recurso de amparo, resulta forzoso admitir, al tenor del citado artículo 25.1, que cualquier juez o tribunal del orden judicial, podría válidamente ser apoderado de.” A partir de este razonamiento el máximo tribunal concluyó en que “ha sido interpretado por esta Suprema Corte de Justicia, que los jueces de primera instancia, como jueces de derecho común, tienen plenitud de jurisdicción en todo el distrito judicial en el cual ejercen sus funciones y, por tanto, deben ser considerados como los jueces competentes a los cuales se refiere la ley, cuando lo hace en términos generales, en la extensión de su jurisdicción; que como el artículo 25.1 de la Convención se refiere precisamente en términos generales, a que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante "jueces o tribunales competentes", obviamente está atribuyendo, en nuestro caso, competencia para conocer en primer grado de la acción de amparo, a nuestros jueces de primera instancia.

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