OBSERVATORIO JUDICIAL DOMINICANO

Jurisprudencia

 

Número de sentencia o expedienteÓrgano jurisdiccionalAsuntoFechaDescripción general
003-2013-00260Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia

Proceso de saneamiento/

Demanda en intervención 

15 de enero de 2014Con el presente fallo la Corte estableció que con relación a las demandas en intervención voluntaria o forzosa, en materia inmobiliaria no es necesario cumplir con el procedimiento establecido en derecho común, pues nada impide que las partes interesadas en un proceso que se esté ventilando en los tribunales se agreguen a la demanda, a condición de que tengan algún interés legítimo para ello, ya que en esta materia los procesos son in rem, máxime en el proceso de revisión por causa de fraude que persigue invalidar la culminación de un proceso con características erga omnes como lo es el saneamiento.
2009-1704Salas Reunidas de la Suprema Corte de JusticiaCasación total

16 de octubre

de 2013
Esta sentencia indica que cuando una de las salas de la Suprema Corte de Justicia casa una sentencia con envío, y siempre que se trate de una casación total, el tribunal de envío conocerá íntegramente del asunto, quedando apoderado con la notificación de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que dispone el envío y solo basta “dar avenir” a la contraparte para disponer el conocimiento de la causa, sin la necesidad del depósito de un nuevo acto de emplazamiento contentivo del recurso.  
2006-3969Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de JusticiaRedacción de la sentencia: Empleo de la expresión “y/o”

6 de febrero

de 2013
Este fallo señala que la expresión “y/o” en el dispositivo de una sentencia crea una obligación judicial alternativa que violenta las disposiciones del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, a partir del cual la identificación inequívoca de las partes es de carácter esencial, por lo que no deben quedar dudas respecto de su individualidad e identidad.

003-2008-01944

Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de JusticiaProceso inmobiliario/ Fallo extra petita 30 de enero de 2013La Corte determinó con esta decisión que los tribunales no pueden violentar los límites de su apoderamiento (fallar extra petita) e infringir una regla del debido proceso, como es la que se deriva del principio nec reformatio in peius (que prohíbe la reforma para peor), una regla sustantiva que sostiene el debido proceso al estar contenida en el artículo 69 de la Constitución, que al consagrar en su numeral 9 el derecho a recurrir también dispone que el tribunal de mayor grado no podrá agravar la sanción impuesta cuando solo la persona condenada sea la que recurra la sentencia.
2007-2274Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de JusticiaFormalidades del acto de emplazamiento en casación y ausencia de motivación

10 de octubre

de 2012

En esta sentencia se establece que el acto de emplazamiento en casación debe contener las formalidades requeridas en el artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 68 del Código de Procedimiento Civil, a pena de nulidad, y que dicha nulidad obedece a la máxima consagrada legislativamente de que “no hay nulidad sin agravio”, por lo cual, si la parte recurrida ha constituido abogado y realizado su memorial de defensa en tiempo hábil, los vicios del acto no han obstaculizado el ejercicio de su derecho de defensa.

Esta decisión expresa además, que es una obligación de los jueces motivar sus decisiones para dar cumplimiento al principio de legalidad y no arbitrariedad, constituyendo la falta de motivación una violación al derecho de defensa.
B. J. 1217
Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo Y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de JusticiaRecurso de apelación (artículos 62 de la Ley No. 108-05)27 de abril de 2012Esta decisión establece que el recurso de apelación constituye el acto procesal que apodera a la jurisdicción de alzada; que cuando la corte a-qua señala que no fueron agotadas las formalidades procesales para su apoderamiento, ello implica, que como jurisdicción de alzada no está en condición de examinar del fondo del recurso, precisamente por la falta del apoderamiento, lo que resultó obvio en el cuerpo de la sentencia impugnada, pues no examinaron los medios del recurso; que en tal virtud, al decidir que se rechace el recurso, estatuyeron como si ponderara el mismo, lo que no ocurrió, pues en todo caso, cuando realmente los jueces se encuentran en la imposibilidad de examinar un recurso porque no cumple con los plazos o con una formalidad sustancial del acto, tales inobservancias conllevan a una excepción de nulidad o medio de inadmisión, no así a la naturaleza del rechazo, conforme a las reglas previstas en el artículo 62 de la Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario, y 44 de la Ley No. 834, del 15 de julio de 1978.
003-2009-00689
Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo Y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de JusticiaDemanda en desalojo (artículos 80 y 81 de la Ley No. 108-05)11 de mayo de 2011Esta decisión establece que la parte recurrente mal interpreta que de acuerdo con el párrafo I del artículo 80 de la ley de la materia, el recurso debe interponerse mediante declaración por escrito motivado, el que debe ser notificado a la contraparte, y no a los abogados, en un plazo de diez (10) días; olvida también la parte recurrente que estas formalidades, como el plazo de 30 días para interponer el recurso si la sentencia le ha sido notificada, son formalidades establecidas expresamente en la ley, que deben ser observadas a pena de inadmisión del recurso y que no necesitan para su aplicación la recurrencia del Tribunal al Principio VIII de la Ley No. 108-05, la que como el artículo 4 del Código Civil, solo sirve para suplir dudas, oscuridad, ambigüedad o carencia en la ley de formalidades convirtiendo por tanto a los jueces, en esos casos, en un legislador para resolver, fundándose en la equidad y en la justicia, las situaciones no previstas en la ley.
003-2009-04323
Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo Y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de JusticiaPosesión de inmueble en virtud de una constancia anotada (artículo 47 de la Ley No. 108-05)6 de abril de 2011Esta decisión establece que esta corte entiende que si es cierto que de conformidad con el párrafo I del artículo 47 de la Ley No. 108-05, “no procede el desalojo de un co-propietario del mismo inmueble, contra otro, en virtud de una constancia anotada”, no es menos verdad que cuando una persona ocupa una posición de terreno amparada en una carta constancia anotada en un certificado de título tiene, como lo establece la misma ley, los mismos derechos que se derivan de un certificado de título, y debe tener la protección del Estado, más aún si se establece que ese litigante en un proceso anterior que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, como alega la recurrente, obtuvo ganancia de causa, o sea, el reconocimiento de su derecho de propietario del terreno en discusión, tal como se infiere de la Constitución.
003-2009-01220
Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo Y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de JusticiaDerecho común supletorio en materia inmobiliaria Le contredit (artículos 64 y 65 de la Ley No. 108-05)6 de abril de 2011Esta decisión establece que si bien es cierto que por ante la Jurisdicción Inmobiliaria la Ley No. 108-05 no contempla la impugnación Le Contedit, recurso este que está abierto en materia civil ordinaria contra la sentencia relativa a la competencia, los cuales no hayan decidido el fondo, no menos cierto es que por ante la Jurisdicción Inmobiliaria el Tribunal Superior de Tierras, en sus atribuciones de tribunal de apelación, puede conocer del recurso de apelación contra las sentencias que dicten los jueces de Jurisdicción Original, relativas a la competencia; que si también es verdad, que por el hecho de que las partes recurrentes hayan etiquetado su recurso Le Contredit, este no constituye un obstáculo jurídico insuperable que le impida al Tribunal Superior de Tierras, ponderar los méritos del recurso sin tener que referirse a Le Contredit, ya que los que le han sometido; es un recurso de alzada contra la sentencia dictada por un juez de Jurisdicción Original.
B.J. No. 1205
Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo Y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de JusticiaPlazo para recurso de apelación (artículo 81 de la Ley No. 108-05)27 de abril de 2011Esta decisión establece que el plazo para interponer el recurso de apelación tal como lo establece el texto legal que acaba de ser copiado se abre a partir de la notificación de la sentencia por acto de alguacil. En el caso de la especie, los recurridos no han demostrado, hasta el momento, haber notificado a los actuales recurrentes, en la forma que establece la referida disposición legal, la sentencia del tribunal de jurisdicción original dictada en fecha 8 de junio de 2007. En consecuencia el Tribunal a-quo no podía declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los actuales recurrentes en razón de que a éstos no se les había notificado, en la forma que establece la ley, la decisión de primer grado para que se iniciara el plazo de 30 días que fija la misma parte para interponer el recurso de apelación.
003-2009-01516
Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo Y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de JusticiaNotificación en la octava franca30 de marzo de 2011Esta decisión establece que la instancia introductoria de la demanda, fue depositada en la Secretaría del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Puerto Plata, en fecha 4 de enero del 2008, y notificada al demandado mediante el Acto de Alguacil núm. 148/2008 de fecha 13 de marzo del 2008, instrumentado por el ministerial Antonio Durán, alguacil de estrados del Juzgado de Paz de Sosúa, es decir, sesenta y nueve (69) días del depósito de la instancia en la secretaría del tribunal apoderado; que, si bien es cierto que esas son formalidades requeridas por la ley de la materia, no menos cierto es, que los demandantes notificaron su demanda en la forma indicada por la ley, es decir, por acto de alguacil; que, es criterio de este tribunal de alzada, que la falta de notificación de la demanda en el plazo de la octava franca, no es una formalidad que entraña la inadmisibilidad de la demanda, ya que ni la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, ni el Reglamento de los Tribunales Superiores de tierras y de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria, establecen sanciones en ese aspecto; que, la finalidad perseguida por el legislador con dicha formalidad, es garantizar el legítimo y sagrado derecho de defensa del demandado, como derecho fundamental establecido en la Constitución de la República, cuyo demandado en el caso que nos ocupa tuvo la oportunidad de defenderse y solicitar la prórroga de la audiencia de sometimiento o presentación de pruebas, cuyo pedimento fue acogido por el Tribunal a-quo, razón por la cual las violaciones alegadas también carecen de fundamento y base legal.
003-2009-01827

 

Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia
Proceso de saneamiento/ revisión por fraude 9 de marzo de 2011En esta decisión se estableció que es preciso admitir dentro de la legislación que rige la materia, que tampoco es suficiente para demostrar el fraude cometido en el proceso de saneamiento de un terreno que se adquirió por compra, sin probar que ese adquiriente ha estado en posesión física y no simplemente teórica de dicho terreno.
81Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia

Derecho de propiedad/

Certificado de Título

2 de marzo de 2011Con esta decisión la Corte estableció que el certificado de título es un documento de trascendental importancia para determinar el derecho de propiedad que alega tener una persona sobre un inmueble, y cuando esta invoca haber sido violentado ese derecho por una acción judicial en la que ella no ha sido parte, el tribunal está obligado a ponderarlo y deducir las consecuencias que fueren de lugar de su existencia y no desconocerlo pura y simplemente basado en consideraciones de orden especulativo.
003-2010-00165Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia

Competencia/

Embargos inmobiliarios (Art. 3 Ley 108-05)

19 de enero de 2011Con esta sentencia la Cortedeterminó que si bien el artículo 10 de la Ley núm. 1542, de 1947, fue derogado, el párrafo 1 del artículo 3 de la vigente Ley núm.         108-05 de Registro Inmobiliario expresa que “los embargos inmobiliarios y los mandamientos de pago tendentes a esos fines son de la competencia exclusiva de los tribunales ordinarios y no de la Jurisdicción Inmobiliaria, aún cuando la demanda se relacione con la propiedad del inmueble cuya expropiación se persiga o con cualquier derecho susceptible de registrar y aún cuando dicho inmueble esté en proceso de saneamiento”.
30Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de JusticiaConcepto de excepción non adimpleti contractus 8 de diciembre de 2010En esta decisión se establece que la excepción non adimpleti contractus, consiste en “que se reconoce a una de las partes de un contrato sinalagmático de no ejecutar su obligación con la otra parte mientras esta no ejecute la suya”. Otro punto que se dispuso en la sentencia sobre la excepción descrita es que ella permite al contratante demandado por incumplimiento de su obligación, suspender el cumplimiento hasta que el demandante cumpla la suya, por lo que constituye un derecho que tiene la parte a la que se le exige el pago de negarse a cumplir mientras el otro contratante no cumpla sus obligaciones correlativas.
5Salas Reunidas de la Suprema Corte de JusticiaNo hay nulidad sin agravio

8 de diciembre

de 2010
En esta decisión judicial se manifiestó que no obstante la existencia de vicios que conllevan la nulidad del acto de emplazamiento, si el tribunal  ha identificando (1) la existencia de  constitución de abogado de la parte recurrida y (2) el depósito en tiempo hábil de su memorial de defensa, entiende que no se ha conculcado el derecho de defensa de la parte, quedando los motivos de la nulidad cubiertos con dichos actos procesales.
003-2008- 03235
Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo Y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de JusticiaImpugnación de deslinde (artículo 60 de la Ley No. 108-05)8 de septiembre de 2010Esta decisión establece que cuando en un deslinde se denuncia la existencia de fraude, los jueces están en el deber de examinar exhaustivamente todos los elementos de juicio que fueren útiles para establecer la verdad, a cuyos fines la ley los autoriza a celebrar tantas audiencias como fueren necesarias con el propósito de que el Certificado de Título que surja de su decisión esté revestido de la garantía precedentemente enunciada; que frente a la impugnación de un deslinde en que se alega la comisión de un fraude bajo la especie de que la medida de instrucción que fue solicitada para probar lo alegado se formuló en la audiencia celebrada para conocer el fondo, tal negativa no se compadece con el espíritu y el sentido de la Ley de Registro Inmobiliario cuando ésta dispone en el ordinal segundo del artículo 60 que “Excepcionalmente, en caso de que aparezcan nuevas pruebas, se revelen hechos o se planteen incidentes que a juicio del juez deban ser ponderados, éste podrá fijar nuevas audiencias para tales fines dentro del plazo de los 30 días a partir de que tuviere conocimiento de los mismos”. Con su negativa a ordenar la medida de instrucción que en el caso de la especie le fue solicitada, los jueces del fondo, lejos de contribuir a esclarecer la veracidad del hecho denunciado, negaron la posibilidad de establecer si es cierto o es incierto que en el deslinde impugnado se ha incurrido en la comisión de un fraude.
003-2008-01802
Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo Y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de JusticiaNotificación de sentencia para recurso de apelación21 de julio de 2010En esta decisión establece que el plazo para el ejercicio de los recursos que las leyes establecen para la defensa de sus derechos a las personas en general, es de principio que el mismo no corra, sino a partir de la notificación formal que reciban a persona o en el domicilio de la parte con interés contrario, pues nadie puede racionalmente cerrarse asimismo un recurso en su defensa. El contenido del Acto núm. 82-008 de fecha 14 de marzo de 2008, que figura en el expediente, la notificación de la sentencia de primer grado fue irregularmente notificada en el estudio profesional del Lic. Carlos Salcedo y la Dra. Raysa Astacio, abogados que postularon en el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en representación del recurrente, dado que no se hizo como establece el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil a la persona, ni en el domicilio de dicho recurrente y por tanto el plazo para éste ejercer el recurso de apelación contra esa decisión no quedó abierto.
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Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo Y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de JusticiaInadmisibilidad por tardío el recurso28 de enero de 2009Esta decisión establece que la decisión núm. 256 fue dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original en fecha 25 de enero de 2008, que es pues la fecha de la sentencia que hay que considerar para determinar si la misma fue notificada por acto de Alguacil a la actual recurrente, puesto que a partir de la fecha de la notificación en esta forma es que comienza el plazo de 30 días para la recurrente interponer su correspondiente recurso de apelación; que, como en la especie, no existe constancia alguna de que a la recurrente le haya sido notificada por acto de Alguacil la decisión de Jurisdicción Original ya mencionada, resulta evidente que al declarar el Tribunal a-quo inadmisible por tardío su recurso de apelación, ha violado el artículo 81 de la Ley núm. 108-05 ya mencionado y el ordinal 5to., de la Resolución núm. 43-2007 del 1º de febrero de 2007, dictada por la Suprema Corte de Justicia, por lo que los medios del recurso que se examina deben ser acogidas, y en consecuencia procede casar la decisión recurrida.
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Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo Y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de JusticiaAcción personal27 de mayo de 2008Esta decisión establece que constituye un error del Tribunal Superior de Tierras declararse competente para conocer de la demanda del recurrido, puesto que dicha jurisdicción no conoce de acciones personales, salvo disposición expresa de la Ley de Registro de Tierras, la que tampoco le atribuye la Ley núm. 108-05. Además, las mejoras propiedad del recurrido estaban ya registradas y reconocidas a su favor, según consta en el Certificado de Título; que esto significa que era innecesaria toda intervención del Tribunal de Tierras para decidir sobre la propiedad de las mejoras, ni tampoco sobre el derecho de propiedad del terreno que está registrado a nombre de las recurrentes; que la reclamación del recurrido tiene por base no la existencia de las mejoras sino el alegado incumplimiento del acuerdo de intención suscrito entre las partes, en virtud del cual la sociedad Miniaris, S. A., se comprometió, según se aduce, al pago de la suma de dinero a que el mismo se refiere, cuyo conocimiento tampoco es de la competencia de aquella jurisdicción; Que el Tribunal a-quo comprobó y reconoce que las mejoras que originaron el contrato o acuerdo de intención en que se funda la demanda en cobro de la suma de Ocho Millones Ochocientos Seis Mil Dólares (US$8,806,000.00) y cuyo pago ordenó después de declararse competente para conocer de la misma, pertenecían al recurrido; que la competencia del Tribunal de Tierras está definida en los artículos 7 y el 269 de la Ley de Registro de Tierras, disposición esta última que establece que el Tribunal de Tierras conocerá “de todas las cuestiones relacionadas con el título o posesión de cualquier terreno comprendido en el área abarcada por la orden de prioridad de la mensura y también en el artículo 3 de la nueva Ley 108-05 del año 2005 que dispone que: “La jurisdicción inmobiliaria tiene competencia exclusiva para conocer de todo lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana, desde que se solicita la autorización para la mensura y durante toda la vida jurídica del inmueble, salvo en los casos expresamente señalados en la presente ley”; de todo lo que se infiere que dicho tribunal es el único competente para conocer de las litis que se refieren al derecho de propiedad y los derechos reales y accesorios; que por tanto tiene competencia exclusiva para dirigir cualquier acción tendente a extinguir o modificar el registro de esos derechos, pero de ninguna manera esa competencia se extiende a las acciones de carácter personal, como lo es la demanda en cobro de una suma de dinero intentada por el actual recurrido, tal como se ha dicho antes, por lo cual la sentencia impugnada debe ser casada sin que sea necesario ponderar los demás medios propuestos en el presente recurso.
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Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de JusticiaCo-propiedad14 de noviembre de 2007La Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativa y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia estableció que: “nadie puede introducirse, ni ocupar a ningún título que fuere, una propiedad o parte de la misma que pertenece a varias personas como lo es una sucesión, sin la autorización, ni el consentimiento de los dueños; que no basta en una propiedad indivisa con que uno o varios de los condueños transfiera sus derechos a terceros para que éstos procedan al deslinde de cualquier porción del terreno indiviso, sino que es preciso que con anterioridad a esa operación los co-propietarios hayan procedido a la partición de hecho o judicial de la parcela, después que se haya procedido a localizar o individualizar cada porción con sus respectivas áreas y colindancias para que sobre esa base se pueda realizar el deslinde de la porción o porciones transferidas; que quien adquiere los derechos de uno o varios co-herederos en determinada parcela que no ha sido aún objeto de subdivisión, ni de partición amigable entre éstos últimos, antes de deslindar la porción de terreno adquirida debe promover la subdivisión de la parcela o deslindar su porción si su vendedor tenía la ocupación con el consentimiento de los coherederos o co-propietarios y en cualquier caso tiene la obligación de cumplir con las formalidades claras y terminantes del artículo 216 de la Ley de Registro de Tierras y el Reglamento General de Mensuras Catastrales, en el sentido de que el Agrimensor encargado de los trabajos de campo cite a todos los co-propietarios y conlidantes para que éstos puedan formular en el terreno y en el momento mismo de los trabajos de campo concernientes al deslinde, sus observaciones y reclamos; que, de no hacerse así resulta evidente que la inobservancia de esas formalidades vicia el deslinde de irregularidades que lo hacen anulable.”
B.J. núm. 1077
Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de JusticiaSaneamiento Designación de jueces23 de agosto de 2000La Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativa y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia estableció que: “Considerando, que de la economía general del artículo 88 de la Ley de Registro de Tierras, que se ha copiado precedentemente se desprende, que el presidente del Tribunal Superior de Tierras, tiene facultad para designar cualesquiera otros jueces, para el conocimiento y fallo de un expediente atribuido a los otros jueces previamente designados, y que por tanto la última designación conlleva necesariamente la revocación del auto que había designado a los primeros jueces y el desapoderamiento de éstos para conocer del asunto; que, en consecuencia, la sentencia rendida por uno o más jueces así desapoderados, debe considerarse nula, por no emanar de aquellos jueces que estaban legalmente apoderados del conocimiento y fallo del asunto; que, por todo lo expuesto procede acoger el primer medio del recurso y casar la sentencia impugnada, sin que sea necesario examinar el segundo medio propuesto.”

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