OBSERVATORIO JUDICIAL DOMINICANO

Jurisprudencia

Número de sentencia o expedienteÓrgano jurisdiccionalAsuntoFechaDescripción general
Sentencia núm. 9 B.J. núm. 1216 marzo 2012Sala Penal de la Suprema Corte de JusticiaCompetencia Juzgado de Paz14 de febrero de 2012Esta decisión establece que la sentencia civil conserva la misma fuerza que las sentencias en materia de obligación alimentaria emitidas por los juzgados de paz, creando la legislación actual un procedimiento para los casos de incumplimiento de la sentencia de divorcio, en los que se requiere apoderar al juzgado de paz competente para que emita una sentencia penal, como ocurrió en la especie.
Sentencia núm. 27 B.J. núm. 1204, marzo 2011Sala Penal de la Suprema Corte de JusticiaPensión alimentaria, Pruebas23 de marzo de 2011Esta decisión expresa que si bien es cierto que la corte estableció en su decisión haber analizado los documentos anexos en el expediente para justificar la suma acordada al recurrente, no menos cierto es que tal y como este alegó, la querellante no aportó pruebas suficientes para determinar la situación económica del querellado.
Sentencia núm. 20 B.J. núm. 1202, enero 2011Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia

Competencia y capacidad legal del juez de la ejecución de la pena

19 de enero de 2011Es criterio de la Suprema Corte de Justicia que debe entenderse como régimen de máxima seguridad aquel aplicado en la ejecución de penas privativas de libertad y en la adopción transitoria de prisión preventiva a quienes hayan sido clasificados por las autoridades penitenciarias como internos extremadamente peligrosos o inadaptados a los regímenes carcelarios comunes, o a los internos que por su importancia o por su significado en procesos judiciales o en investigaciones de casos de alta peligrosidad, las autoridades estimen que corren riesgos en regímenes penitenciarios ordinarios.
Sentencia núm. 2 B.J. núm. 1210 septiembre 2011Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia

El plazo razonable

21 de septiembre de 2011Es criterio jurisprudencial que debe destacarse entre las prerrogativas  que gozan las partes involucradas en un proceso penal, y que consta en el Código Procesal Penal, lo dispuesto en el artículo 8 del mismo, el cual reza como sigue: “Plazo razonable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella. Se reconoce al imputado y a la víctima el derecho a presentar acción o recurso, conforme lo establece este código, frente a la inacción de la autoridad”.
Sentencia núm. 1 B.J. núm. 1212 noviembre 2011Suprema Corte de JusticiaAcción disciplinaria. Procedimiento penal23 de febrero de 2010Esta decisión establece que la acción disciplinaria está instituida en interés del cuerpo u organismo profesional, para mantener la confianza de los terceros en el servicio; que si bien es criterio dominante que en materia disciplinaria se aplican reglas del procedimiento penal,  esto es eficaz solo en cuanto ello es posible, y los jueces forman su convicción de la manera que estimen conveniente, bajo la sola condición de respetar el derecho de defensa del procesado.
4154-2009Sala Penal de la Suprema Corte de JusticiaExtinción de la acción penal24 de marzo de 2010Esta decisión establece que el recurso de alzada incoado por el querellante constituido en actor civil, intervino la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 26 de mayo del 2008  decidió en cuanto a la extinción de la acción penal, que esta se impone cuando la actividad procesal ha discurrido sin el planteamiento, por parte del imputado, de incidentes que tiendan a dilatar el desenvolvimiento normal de las fases preparatorias o de juicio; efectos de los recursos y actos introducidos por el querellante que interrumpían el plazo de la extinción.
Sentencia núm. 3 B.J. núm. 1180, marzo 2009Sala Penal de la Suprema Corte de JusticiaViolación del plazo constitucional4 de marzo de 2009Esta decisión establece que es preciso consignar que la Constitución y las leyes adjetivas siempre protegen tanto los derechos de los justiciables, como los de las víctimas y de la sociedad en su rol de persecutor de los infractores penales, que por ende, en todos los casos será ilegal extender o reducir el referido plazo constitucional de 48 horas; por consiguiente, quienes interpretan que el artículo 224 del Código Procesal Penal es el que prima sobre aquella norma sustantiva, cometen un error, como hizo la corte a-qua.
Sentencia núm. 3 B.J. núm. 1170, mayo 2008Sala Penal de la Suprema Corte de JusticiaCompetencia del Tribunal N.N.A.14 de mayo de 2008Esta decisión versa sobre la importancia de entender que el real y verdadero fundamento del principio que dispone realizar las actuaciones de los organismos investigativos y jurisdiccionales, atendiendo al interés superior del niño, es la preservación de los valores que hacen posible el desarrollo sano y protegido de la infancia y la adolescencia; que por consiguiente, las decisiones judiciales deben inspirarse en lo más conveniente para los seres humanos que se encuentran en formación, al momento de ser enjuiciados por los tribunales represivos, aun cuando sea obvio que ellos estén en conflicto con la ley penal y aun cuando los menores infractores hayan recién cumplido 18 años de vida.
Sentencia núm. 16 B.J. núm. 1167, febrero de 2008Cámara Penal de la Suprema Corte de JusticiaRecurso de casación
Peligro de fuga
6 de febrero de 2008La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, determinó que: “Considerando, que es un deber ineludible de todo juzgador del orden judicial, en los casos de naturaleza criminal, determinar cuándo procede o no la concesión de la libertad provisional bajo fianza, para lo cual el magistrado deberá necesariamente tomar en cuenta los principios de la convivencia pacífica, así como la protección de la sociedad, de las víctimas del hecho de que se trate y del propio encausado; puesto que, si bien es cierto que el estado natural de las personas es la libertad, no es menos cierto que este principio está condicionado a que no exista peligro de fuga ni la condición de perturbador del orden, del sosiego y de la seguridad de la ciudadanía; que la negación de una libertad provisional bajo fianza debe siempre estar cuidadosamente fundamentada en los hechos, condiciones y peligrosidad manifiesta de los imputados, así como en los supremos intereses de la sociedad, y no mecánicamente pronunciada, sólo atendiendo al tipo de imputación; toda vez que aceptarlo así equivaldría a presumir a priori la culpabilidad del imputado.”
Sentencia núm. 67 B.J. núm. 1157, abril 2007Sala Penal de la Suprema Corte de JusticiaExtinción de la acción penal; fundamento.27 de abril de 2007Esta decisión establece que no procederá ser declarada la extinción de la acción penal prevista en el numeral 11 del artículo 44 del Código Procesal Penal, cuando el transcurso de los tres años del proceso, sea el resultado de los reiterados pedimentos, incidentes y actos procesales temerarios promovidos por el imputado con intención retardataria; en razón de que el espíritu del artículo 148 del citado Código, que fija un plazo máximo de duración de los procesos penales, es evitar que el Ministerio Público pueda mantener contra un ciudadano un proceso abierto indefinidamente, bien sea mediante tácticas dilatorias o por negligencia, incapacidad u olvido.
170Sala Penal de la Suprema Corte de JusticiaRecurso de apelación. Plazo.30 de junio de 2006Esta decisión, amparada en el artículo 411 del Código Procesal Penal, establece el plazo de cinco días para la apelación de decisiones, que tal disposición solo se refiere a las decisiones emanadas de un juez de paz o de un juez de la instrucción, lo cual no es el caso de la especie, toda vez que la decisión recurrida ante la corte a-qua proviene de un tribunal de primera instancia, en función de niños, niñas y adolescentes (Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago), por lo que el plazo a tomar en consideración era el de los diez (10) días estipulados por el artículo 317, literal b, de la Ley No. 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual entra en armonía con las disposiciones del artículo 418 del Código Procesal Penal, por establecer el mismo plazo; en consecuencia, la corte a-qua incurrió en una errónea aplicación de la ley al declarar tardío el recurso de apelación.
Sentencia núm. 5
(B.J. núm. 1139, octubre de 2005)
Cámara de Consejo de la Suprema Corte de JusticiaMateria disciplinaria19 de octubre de 2005La Suprema Corte de Justicia en Cámara de Consejo, actuando como tribunal disciplinario, determinó que: “Considerando, que si bien es un derecho constitucional de los jueces, como el de todos los ciudadanos, el expresar su pensamiento con libertad y sin sujeción a ninguna censura, la condición de magistrados les obliga a velar por el buen nombre del Poder Judicial, no tan solo con el desempeño diáfano de sus funciones, sino en todos los actos de su vida, les precisa a expresarse con moderación en los actos públicos y a canalizar por las vías institucionales pertinentes cualquier inquietud que tengan sobre el funcionamiento de este Poder del Estado.”
Sentencia núm. 15. B.J. núm. 1128, noviembre de 2004Pleno de la Suprema Corte de JusticiaHabeas corpus. Amnistía24 de noviembre de 2004El Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó que: “el requerimiento introductivo precedentemente citado, formalizado por el Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional, es un acto que a juicio de esta Corte constituye un verdadero acto de instrucción, en la medida en que con el mismo el Fiscal estaba reiterando el apoderamiento formal al juez de instrucción para que iniciara o reiniciara la información e investigación de rigor correspondiente; acto éste, que si bien la ley no establece de manera expresa ninguna formalidad para su validez, el mismo siempre debe hacerse por escrito, como en efecto figura anexo en el expediente, de manera que conste la prueba de su existencia como acto sustancial necesario para la regularidad de un procedimiento de instrucción; que en la especie debe ser valorado además, que el Requerimiento Introductivo indicado, fue tramitado “in rem”, puesto que en ese momento ni el Fiscal ni el Juez de Instrucción conocían los nombres de los indiciados; que aún existieran otros indiciados señalados, era al Juez de instrucción a quien le correspondía, al tenor de la ley, a partir de ese momento, la búsqueda de los verdaderos autores, así como recabar la prueba correspondiente, toda vez que lo que prima en la ley no son las personas, sino el hecho delictivo acontecido, a lo cual está obligado el juez instructor a circunscribirse; que, por consiguiente, al tenor del Requerimiento Introductivo analizado, al entenderse que el mismo es un acto verdadero de instrucción, resulta pues un acto que interrumpe el plazo de prescripción, y por consiguiente, en ese momento, la prescripción del crimen que nos ocupa comenzó a computarse de nuevo.”
44 del B.J. núm. 1091Sala Penal de la Suprema Corte de JusticiaRecurso de casación17 de octubre de 2001La Sala Penal de la SCJ reconoce los efectos jurídicos a la unión de hecho o concubinato, en la especie, el derecho de la concubina a demandar en daños y perjuicios por la muerte accidental del concubino, fundada en el Art.1382 del Código Civil: “Considerando, que si bien la Constitución dominicana reconoce el matrimonio como fundamento legal de la familia, no se deriva de este precepto, haciendo una interpretación estricta de su contenido, que la concepción imperativa de la familia es aquella que se constituye exclusivamente sobre el matrimonio, toda vez que ello implicaría una vulneración al principio de igualdad que la misma Carta Magna garantiza; por consiguiente, se impone contar con fórmulas que garanticen justicia a todos los ciudadanos, en especial a la institución familiar, la cual presenta diversas formas de convivencia, a las que el derecho, en caso de conflicto, tiene que dar respuesta, sin ninguna distinción, no en base a una teoría abstracta de las realidades sociales, sino fundándose en el reclamo concreto de demandas específicas, de intereses reales, bajo una tutela judicial efectiva y eficaz”.