OBSERVATORIO JUDICIAL DOMINICANO

Jurisprudencia

 

Número de sentencia o expedienteÓrgano jurisdiccionalAsuntoFechaDescripción general

14-2015 (Fallo inédito)

 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia

Recurso de casación14 de enero de 2015En esta decisión el órgano jurisdiccional estableció que: “… en los términos de la redacción del artículo 149 Párrafo III de la Constitución, que el recurso de casación es de configuración legal; por consiguiente, la fijación por parte del legislador ordinario de una determinada suma mínima como cuantía requerida para la admisión del recurso de carácter restrictivo para acceder al mismo no contraviene el contenido esencial del derecho al recurso, ni tampoco vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ni el debido proceso, en tanto que, el legislador no está obligado a garantizar la existencia de un grado casacional, pues el recurso de casación civil opera generalmente después de haber recaído dos sentencias, en primera y en segunda instancia, que es donde efectivamente en nuestro ordenamiento jurídico se garantiza el derecho al recurso.”

2006-3969

 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia

Procedimiento civil/ redacción de sentencias (Art. 144 del Código de Procedimiento Civil)6 de febrero de 2013Esta sentencia establece que con el empleo de la expresión “y/o” se crea una obligación judicial alternativa,  que contraviene las disposiciones del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil,  en virtud del cual la designación de las partes en la sentencia es una formalidad esencial cuya inobservancia entraña su nulidad, pues si bien no existen fórmulas sacramentales para esa designación, no es menos cierto que solo se logra satisfacer suficientemente lo establecido en dicho artículo, cuando la designación se hace sin dejar dudas sobre la identidad o individualidad de las partes, lo que no se logra con el uso de la fórmula alternativa u opcional “y/o”.
2011-3350Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia

Demanda en guarda de menor/interés superior del niño (Art. 102 de la Ley núm. 136-03)

10 de octubre de 2012 La Corte estableció que si bien es cierto que es de importancia capital que en una relación familiar deben mantenerse relaciones personales y contacto directo con ambos padres en forma regular, no menos cierto es que ello es posible si ese contacto no es contrario al interés superior del niño. Uno de los ejes fundamentales de la Convención Internacional es la regulación de la relación hijos-padres, en la medida en que se reconoce el derecho de los padres a la crianza y educación y, a la vez, el derecho del niño a ejercer sus derechos por sí mismo, en forma progresiva, de acuerdo a la evolución de sus facultades, por lo que los padres ejercerán sus prerrogativas sin perjuicio del interés fundamental o superior del niño, por su carácter prioritario frente a los derechos de las personas adultas.

S/N(Exp. 2009-996)

 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia

Recurso de casación19 de septiembre de 2012La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció: “que […] a partir de este fallo se inclina por reconocer a los jueces del fondo la facultad de fijar intereses judiciales a título de indemnización compensatoria, en materia de responsabilidad civil, siempre y cuando dichos intereses no excedan el promedio de las tasas de interés activas imperantes en el mercado al momento de su fallo”.
S/NSala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia

Embargo inmobiliario/

protección de la vivienda familiar (Art. 215 del Código Civil Dominicano)

28 de marzo de 2012Con esta sentencia la Corte estableció que el término “vivienda”, utilizado por el artículo 215 del Código Civil se refiere, de manera exclusiva, al lugar donde habita la familia, y cuyo destino lo diferencia de los demás inmuebles que conforman la masa común, siendo objeto de una protección especial por parte del legislador.
319-2000-00005
Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de JusticiaProcedimiento Civil14 de marzo
de 2012
La sentencia de referencia en su considerando medular establece que la ausencia de motivación cierta y valedera la convierte en un acto infundado e inexistente, que impide la función nomofiláctica de esta Sala. La violación fue generada por insuficienciade motivos e interpretación errónea del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil.
00645Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de JusticiaArbitraje obligatorio en el seguro contra daños14 de septiembre de 2011Este fallo establece en su considerando medular que, previo a la acción judicial, debe ser agotado el procedimiento de arbitraje [obligatorio en el seguro contra daños] establecido por el Art. 105 de la Ley No. 146-02 Sobre Seguros y Fianzas en la República Dominicana.
166Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia

Inconstitucionalidad

fianza judicatum solvi (Art. 16 del Código Civil Dominicano)

22 de febrero de 2012Mediante esta sentencia la Corte declaró nulo de oficio el artículo 16 del Código Civil, en virtud de que exigirle al extranjero transeúnte que no posea inmueblesen el territorio nacional la prestación de una fianza (fianza judicatum solvi) para poder litigar, vulnera principios contenidos en la Constitución, tales como: el principio de igualdad de todos ante la ley, el principio de acceso a la justicia, el principio de razonabilidad, el debido proceso y el de no discriminación de las partes. 
S/NSala Civil y Comercial de la Suprema Corte de JusticiaReparación de daños y perjuicios/ obligaciones de custodia y guarda del depositario (Art. 1927 del Código Civil Dominicano)25 de enero de 2012En la presente decisión, se estableció que el servicio de estacionamiento gratuito, siendo una prestación accesoria y complementaria, genera en el hotel la obligación de custodia y guarda del vehículo, pues es de suma importancia para el cliente confiar en que el hotel va a adoptar las medidas y precauciones necesarias para alcanzar ese fin, cumpliendo con los elementos de prudencia y diligencia, ya que el uso del estacionamiento ha sido uno de los factores que posibilitaron la contratación principal, es decir, la de hospedaje. 
S/NSala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia

Notificación de acto

(Art. 583 del Código de Procedimiento Civil)
18 de enero de 2012La decisión estableció que en  una demanda en cobro de pesos, la falta de notificación en cabeza de acto del títulomediante el cual se cobra la deuda, no constituye una nulidad absoluta de la referida demanda, como ocurre en el caso de un embargo ejecutivo y/o inmobiliario.
S/NSala Civil y Comercial de la Suprema Corte de JusticiaDerecho de propiedad/venta de inmueble del Estado (Art.1583 del Código Civil Dominicano)31 de agosto de 2011En este fallo se estableció que a pesar de que algunos de los contratos celebrados por el Estado requieren la aprobación del Congreso Nacional, la ausencia de la misma no puede afectar su eficacia jurídica inter partes.
S/NSala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia

Contrato de venta verbal

(Art. 1583 del Código Civil Dominicano)
13 de abril de 2011La Corte a través de esta sentencia determinó que si bien es cierto que no fue depositado por ante los jueces del fondo contrato de venta de vehículo de motor por escrito, esto no supone la inexistencia de un contrato entre las partes, el cual puede ser verbal, máxime cuando en virtud del artículo 1583 del Código Civil se señala que la venta es perfecta desde que se conviene en la cosa y el precio, aunque la primera no haya sido entregada ni pagada. Que si la parte que invoque la existencia de una convención puede establecer por principios de prueba la misma, tal relación contractual debe regirse por el derecho común al no entregarse un contrato escrito que rija sus cláusulas.
30Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia

Nulidad patente de invención/indemnización de daños y perjuicios

(Art. 17 de la Ley núm. 4994 del año 1911)
2 de febrero de 2011Esta sentencia establece que en principio, el ejercicio regular de un derecho no puede ser la fuente de daños y perjuicios contra el titular de ese derecho, puesto que toda reparación o indemnización tiene por fundamento una falta que no existe cuando el daño es causado por dicho ejercicio y para poder imputar una falta generadora de responsabilidad al titular de un derecho, es indispensable establecer que hubo mala fe o ligereza censurable o que el móvil del ejercicio del derecho o el fin del mismo es contrario al espíritu del derecho ejercido, o que este ejercicio obedece al propósito ilícito de perjudicar a otras personas.
319-2000-00005 (sic)Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de JusticiaRegistro de contrato20 de octubre
de 2010
Esta decisión establece en su considerando medular que, el hecho de que el comprador no haya registrado el contrato ante la Dirección General de Impuestos Internos, a fin de efectuar el correspondiente traspaso, o que no haya registrado dicho contrato en el Registro Civil no limita, suspende o aniquila su eficacia y oponibilidad entre las partes que lo suscribieron. Artículo 1134 del Código Civil.
Sentencia núm. 20 (B.J. núm. 1197, agosto de 2010)Sala Civil de la Suprema Corte de JusticiaRecurso de casación Inembargabilidad11 de agosto
de 2010
La Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia determinó que: “Considerando, que ningún texto de la Constitución restringe la facultad del legislador ordinario para atribuir la calidad de inembargable a determinados bienes, independientemente de que estén o no afectados un servicio público, ya que los bienes del dominio privado del Estado, como lo son en última instancia, los bienes que integran el patrimonio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), pueden ser reconocidos como tales por la ley como ha sucedido en la especie; que lejos de constituir un privilegio como se expresa en el fallo impugnado, dar categoría de inembargables a ciertos bienes, como ocurre con los comprendidos en la ley antes indicada, coloca a las empresas propietarias de ellos, por el contrario, en situación de desventaja frente a la competencia, cuyos acreedores, en caso necesario, no tendrían, para el cobro de sus créditos, las restricciones e inconvenientes que se crean frente a un deudor con patrimonio inembargable, lo que indudablemente desalienta la negociación; que por tanto lo juzgado por la Corte a-qua resulta improcedente y mal fundado, por lo que procede casar la sentencia impugnada.”
1141Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de JusticiaLegalización de firmas17 de febrero
de 2010
Esta decisión establece en su considerando medular que, la legalización de las firmas de los particulares realizada por un notario le confiere autenticidad a las firmas legalizadas; para negarlas es necesario destruir la fe que se le atribuye [al notario público], por el procedimiento de la inscripción en falsedad.
00216Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de JusticiaResponsabilidad del guardián de la cosa inanimada13 de enero
de 2010
Esta decisión establece que, la responsabilidad del guardián de la cosa inanimada ‒en el caso de la especie, un alambre conductor de electricidad de alta tensión (cosa inanimada) que se encuentra bajo la guarda y cuidado de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EdeEste)‒ estaba descolgado casi a ras del suelo, cuyo arreglo y levantamiento dejó inconcluso EdeEste, lo cual ocasionó múltiples quemaduras en distintas partes del cuerpo a una persona y la existencia de una situación de riesgo creada en perjuicio de todo el que pasara o transitara por la carretera.

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Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de JusticiaInterrupción y suspensión de los plazos procesales10 de septiembre de 2008Esta decisión establece que en virtud del artículo 2246 del Código Civil, que establece: “la citación judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, interrumpe la prescripción”, si bien es cierto que el plazo de la prescripción se interrumpe al momento de incoarse la demanda en cuestión, declarado incompetente, el plazo de seis meses empieza a correr nuevamente a partir de la interposición de dicha demanda, por lo que habiendo sido intentada la misma por ante dicho tribunal, el 4 de octubre de 2002, el plazo de la prescripción extintiva, para los fines de una acción igual, reanudó su curso en esa fecha, pudiendo el demandante accionar otra vez en base a los mismos hechos.
1043Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de JusticiaReferimiento. Competencia del juez de los referimientos. Interpretación del artículo No. 101 de la Ley No. 384, de 19781 de octubre
de 2007
Con esta decisión se establece que en nuestro ordenamiento jurídico procesal, el juez de los referimientos competente es el de la jurisdicción para estatuir sobre el fondo del litigio; por tanto, es el juez de primera instancia que conoce en materia civil o comercial el fondo de la contestación, el competente para resolver, como juez de los referimientos, sobre las medidas necesarias o urgentes que le sean requeridas; que ese criterio se corresponde con nuestro sistema judicial en que el juzgado de primera instancia, esté o no dividido en cámaras, constituye una unidad de jurisdicción con plenitud para conocer, conforme el procedimiento de cada uno de ellos, de los asuntos que les atribuyen los códigos, según el artículo 49 de la Ley de Organización Judicial.
Sentencia núm. 127/2007
Expediente núm. 447-2007-00310
Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito NacionalRecurso de apelación
Prueba de ADN
28 de agosto de 2007La Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, determinó que: “Considerando, a que esta Corte no puede negar que ordenar de forma obligatoria la prueba científica de ADN, constituye una limitación al derecho a la intimidad del señor porque se la estaría obligando a dejar el señorío que tiene sobre su propio cuerpo, además de la afectación mínima a su integridad física y su privacidad, pero estos derechos no son absolutos (como dijimos anteriormente) y en consecuencia se pueden restringir al ordenar la toma de una muestra celular, o prueba de ADN, en razón a que la lesión a los citados derechos es ínfima si la comparamos con los fines de preservar el derecho de conocer sus orígenes y establecer su identidad del niño (que tienen un carácter imprescriptible), por lo que la restricción a los derechos de, es necesaria e idónea para garantizar los derechos del niño, debido a que la no realización de la prueba podría implicar la negativa a conocer su propia historia genética, en tal virtud, por mandato del artículo 62 de la ley 136-03, de los artículos 4, 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño (que como hemos dicho conforman parte de nuestros principios constitucionales, por disposición combinada de los artículos 3 y 10 de nuestra Constitución), procede ordenar la referida prueba de manera obligatoria, sobre la base de la prevalencia de los derechos del niño, en el caso de la especie, en razón de que tiene como fin determinar la filiación, en consecuencia la identidad, origen y establecer el nombre patronímico paterno.”
8Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de JusticiaAdmisibilidad de medios (Art. 44 de la Ley núm. 834 de 1978)18 de abril de 2007Esta sentencia determinó que si bien ha sido admitido que no tienen carácter limitativo los fines o medios de inadmisión señalados en el Art. 44 de la Ley núm. 834 de 1978, no todos son considerados de orden público. Deben ser promovidos de oficio cuando tienen carácter de orden público, especialmente cuando resultaren de la inobservancia de los plazos en los cuales deben ejercerse las vías de recurso y el que resulta de  la falta de interés.
1128Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de JusticiaFotocopia de documentos10 de noviembre de 2004Esta decisión establece que, si bien es cierto que las fotocopias por sí solas no constituyen una prueba idónea, ello no impide que los jueces del fondo aprecien el contenido de las mismas y, unido dicho examen a otros elementos de juicio presentes en el caso sometido a su escrutinio, deduzcan las consecuencias pertinentes.
Sentencia núm. 14
(B.J núm. 1197)
Cámara Civil de la Suprema Corte de JusticiaRecurso de casación Reparación en daños y perjuicios17 de abril de 2002La Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia estableció que: “los autos de no ha lugar tienen fuerza de cosa juzgada respecto de los hechos y sujetos de la sumaria, sobre los cuales versan, cuando no son impugnados, o cuando en caso de impugnación, son ratificados por la Cámara de Calificación; que dicha autoridad debe entenderse en el sentido de que ninguna otra jurisdicción de instrucción puede volver a conocer tales hechos, respecto de los mismos sujetos, a no ser que surjan nuevos cargos imputables a los encausados; que esta circunstancia reviste a dichos autos de un carácter provisional que no pueden oponerse ni ejercer influencia sobre acciones planteadas en los tribunales civiles, por lo que nada impide al juez civil que juzga los mismos hechos, considerar o no probada una culpa o determinar una falta, en los casos en que en la fase de instrucción se hubiera decidido lo contrario; que en el caso de la especie, la Corte a-qua no incurrió en las violaciones señaladas, cuando estimó, en uso de sus facultades soberanas, que no se demostró la falta generadora de la responsabilidad civil.”
237Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de JusticiaEmplazamiento. Artículo 68 y 70 del Código de Procedimiento Civil. Notificación22 de julio
de 1998
Esta decisión establece en su considerando medular que el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil declara la nulidad de los actos de emplazamiento que no han sido hechos de acuerdo con lo prescrito en el artículo 68 del mismo código. Dispone, igualmente, que los emplazamientos deben notificarse en la misma persona o en su domicilio, o en su lugar, en manos de sus parientes, empleados o sirvientes; que constituyen igualmente emplazamientos, no solo la notificación del acto introductorio de la demanda en justicia con la cual se inicia una litis, sino también el acto introductorio del recurso.
Sentencia
núm. 3
(B.J. núm.
1000, marzo de 1994)
Cámara Civil de la Suprema Corte de JusticiaRecurso de apelación. Instancia nueva14 de marzo
de 1994
La Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia determinó que: “Considerando, que la notificación del acto de apelación en el estudio de los abogados constituidos por el intimado, en primer grado, constituye una irregularidad de forma, sancionada con la nulidad del mismo; que aún cuando la notificación de dicho acto al intimado, personalmente o en su domicilio, sea una formalidad sustancial o de orden público, la parte que invoque su incumplimiento, debe probar el agravio que éste le cause; que no se trata de una irregularidad de fondo de un acto de procedimiento ni de un medio de inadmisión, que puedan ser acogidos, sin que el que los invoque tenga que justificar un agravio, o ser suscitados de oficio cuando tenga una carácter de orden público.”

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