OBSERVATORIO JUDICIAL DOMINICANO

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Justicia Penal

 

Control jurisdiccional y tutela efectiva de los derechos fundamentales: rol de las oficinas judiciales de servicios de atención permanente durante el procedimiento preparatorio 

Entrevista realizada por Harold Modesto y Denisse Hartling al Lic. José Alejandro Vargas, juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

 

10 de julio de 2014

 

Lic. Jose alejandro vargas

Lic. José Alejandro Vargas. Nació el 6 de julio de 1955 en la provincia La Vega, República Dominicana. Es licenciado en Derecho de la Universidad Eugenio María de Hostos (1993), posee posgrado en Derecho Penal y Procedimiento Civil por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); realizó igualmente las maestrías de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y Derechos y libertades fundamentales y sus garantías en la Universidad de Castilla-La Mancha. En el año 2005, desempeñó la función de juez de paz del Tribunal Especial de Tránsito y actualmente funge como juez de la instrucción del 8vo Juzgado del Distrito Nacional (Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente).

Es catedrático de grado y posgrado de las universidades Organización y Método (O&M) y Autónoma de Santo Domingo (UASD) respectivamente. Asimismo, es autor de la obra El Tribunal Constitucional y las garantías de derechos fundamentales (2013).

DH: ¿Qué son y cómo están organizadas las oficinas judiciales de servicios de atención permanente?

JV: Este tipo de servicio fue insertado a partir de la promulgación del Código Procesal Penal. El objetivo fundamental de estas oficinas es dar un servicio permanente a la ciudadanía, a la persona que requiera del auxilio de un juez en los casos en que haya sido detenida de manera ilegal, para que tenga un lugar al cual acudir a partir de las cuatro y treinta (4:30 p.m.) de la tarde a fin de que conozca de su caso.

Las oficinas de atención permanente persiguen precisamente que se examine lo más pronto posible la situación jurídica de una persona privada de libertad. Para esos casos en particular, la Constitución de la República otorga un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, con la finalidad de que toda persona privada de libertad sea llevada ante el juez competente. Es de conocimiento público que la jurisdicción ordinaria trabaja hasta las cuatro y treinta (4:30 p.m.) de la tarde, eso significa que si a una persona se le cumple el plazo constitucional de las 48 horas después de las cuatro y treinta de la tarde, no va a encontrar donde ir. Entonces, para suplir esa necesidad de una respuesta rápida frente a la urgencia que trae consigo la privación de libertad se creó la Oficina de Atención Permanente, que tiene por finalidad dar respuesta a aquellos asuntos que no admiten demora y sobre todo aquellos en los que esa demora pueda convertirse en un peligro.

Por eso, las oficinas de atención permanente no solo conocen de medidas de coerción o examinan la condición del ciudadano privado de libertad, sino que también dan respuesta a otras urgencias, tales como: solicitudes de orden de arresto o allanamiento que requiera de manera urgente el Ministerio Público. Una persona privada de libertad que invoque que está detenida de manera ilegal, puede solicitar a través de la acción de hábeas corpus que la Oficina se apodere del conocimiento de su caso y el juez puede conocerla en cualquier momento debido a que las mismas están abiertas todos los días durante el día y la noche, días feriados e inclusive sábados y domingos en horario extendido. Esto permite que el ciudadano tenga un lugar donde se le pueda dar respuesta.

Sin embargo, estas oficinas no están diseñadas para que el Ministerio Público alegue que en un caso concreto a una persona se le había vencido el plazo de las cuarenta y ocho (48) horas y porque no había donde llevarlo, sino para tener una oficina permanentemente abierta para que un juez examine la legalidad o no de la privación de la libertad y también para darle respuesta inmediata a esos asuntos que no admiten demora. No menos cierto es que la oficina también está para dar respuesta al trabajo del Ministerio Público, siempre y cuando esos actos estén revestidos de urgencia, porque cuando esas actuaciones no lo están se desnaturaliza la función de la Oficina de Atención Permanente.

Voy un poco más lejos, entiendo que la Oficina de Atención Permanente además de conocer de la acción de hábeas corpus, pudiera conocer de las acciones de amparo. Esto lo digo porque si observamos la Ley núm. 137-11, del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, la acción de amparo debe ser conocida por aquella jurisdicción que sea más afín con el derecho fundamental cuya violación se invoca, y en el caso de la Oficina de Atención Permanente, que está siempre abierta, se dan violaciones de otros derechos que requieren una respuesta jurisdiccional que no pueden esperar.

Esto lo digo como ejemplo, en el caso de que una persona requiera de una transfusión de sangre un viernes pasadas las cuatro y treinta (4:30) o cinco (5:00) de la tarde, en condiciones que de no hacerse esa transfusión en ese momento esa persona podría morir y resultase que el familiar que puede otorgar la autorización es testigo de Jehová y está opuesto a que se realice, entonces, resulte necesario ir donde un juez en ese horario y fíjese que es viernes. En ese caso, si se espera para el lunes se corre el riesgo de que la persona fallezca. Entonces, ¡qué más urgencia que la intervención de un juez en situaciones como esa!

Es por esto que entiendo que el alcance y competencia de la Oficina de Atención Permanente debe abarcar cuando lo requiera necesario ciertas violaciones de derechos fundamentales, es decir, la Oficina solo está facultada para conocer en situaciones de urgencia y violación de derechos fundamentales la acción de hábeas corpus; sin embargo, deberíamos conocer de las acciones de amparo en casos extremos como el mencionado.

HM: Actualmente la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente (OJSAP) se encuentra dentro del organigrama del Poder Judicial, como una dependencia de la Oficina Coordinadora de los juzgados de la instrucción. ¿Entiende que la jurisdicción de atención permanente debería extenderse a otros ámbitos de la administración de justicia?

JV: Podría ser, aunque en el caso de la materia civil el asunto sería un poco más complicado porque no se dan tantas exigencias y normalmente cuando se trata del referimiento, los jueces tienen la facultad de emitir medidas cautelares para evitar un daño inminente, incluso los jueces pueden dar respuesta de hora a hora. El planteamiento que hago tiene que ver con un derecho fundamental como la vida, porque aquello sería un aspecto puramente civil o económico.

En días pasados se nos presentó un caso en el que una señora fue a reclamar protección mediante un amparo en la Oficina de Atención Permanente, porque su esposo había muerto y no le querían entregar el cadáver en la clínica donde se encontraba, a pesar de que nosotros no somos competentes para conocer de ese tipo de acción. El análisis que como juez hice en ese momento fue que si el asunto hubiese sido que la persona estaba en peligro y para su entrega se requería de la intervención de un juez, entonces asumiría el caso y hubiera conocido la acción de amparo, pero en este caso la persona está muerta y en algunos casos hay cuerpos que duran 15 días o hasta 20 para ser traídos al país desde España o Estados Unidos.

La situación que se nos presentó indicaba que se había hecho lo necesario para evitar el fallecimiento de la persona y tratándose ya de un cadáver no hay extrema urgencia, pero en el caso anterior se trata de la vida de un ser humano y resultaba necesaria la intervención de un juez para garantizar ese derecho. Es precisamente en situaciones como esa que no se ampara precisamente el derecho a la libertad, sino otros derechos, como el derecho a la vida; por eso es que entiendo que debe ampliarse la competencia de la Oficina de Atención Permanente, para que se le de la facultad de conocer de las acciones de amparo bajo ciertas condiciones excepcionales como la antes planteada.

HM: ¿Cuáles son los parámetros con los que cuenta el juzgador para determinar que un caso no admite demora?

JV: Los parámetros que determinan los casos que no admiten demora son razonamiento lógico, el criterio de la urgencia y la demora; es algo que podría decirse mediante ejemplos prácticos, es decir, el que esta privado de libertad no admite demora, en ese caso no debe haber demora, la misma Constitución de la República establece que cuando usted está privado de libertad debe ser llevado ante un juez en un plazo de 48 horas. Sin embargo, no hay que esperar las cuarenta y ocho horas exactas para llevar ante el juez a un ciudadano sindicado de la comisión de una infracción. Esa es una percepción errada que tienen algunos ministerios públicos y algunos agentes del orden, de que es necesario esperar 48 horas para llevar a un ciudadano frente al juez. La idea es que si usted pudo concluir sus diligencias en un plazo de tres horas, entonces lleve al ciudadano en este tiempo ante el juez, no es necesario esperar el plazo de las 48 horas como una especie de castigo anticipado.

En una oportunidad tuve la experiencia de conocer un caso en que un capitán de la Policía tenía a una persona detenida por más de 48 horas, en esta ocasión fue presentada una acción de hábeas corpus y cuando el Policía va al tribunal me manifiesta que él tiene un plazo de 48 horas que le otorga la Constitución para mantener a esa persona privada de su libertad. Esta es una idea totalmente incorrecta, nadie tiene el poder para mantener preso a un ciudadano durante cuarenta y ocho horas, la Constitución otorga un plazo máximo de 48 horas, pero en condiciones excepcionales. Si usted practicó el arresto en flagrancia y tiene las pruebas, puede presentar el imputado en un plazo de tres o cuatro horas de haber concluido las diligencias preliminares.

Entonces la demora tiene que ser interpretada por la lógica, si hay una denuncia seria de cualquier índole yo como investigador debo hacer previas comprobaciones en vez de ir directamente donde el juez a que el me dé una orden de allanamiento, porque la intromisión en la intimidad del hogar es algo muy serio y que los jueces tienen que tomar muy en cuenta a la hora de autorizar cualquier incursión en la intimidad de una persona o su hogar, porque cuando entran agentes a efectuar un allanamiento en una casa, es necesario entender que hay muchas cosas en juego, el llegar y entrar en una vivienda de un padre de familia, con sus hijos, con la esposa; es un espectáculo que el juez debe ponderar muy bien a la hora de autorizarlo.

Lo mismo sucede con las órdenes de arresto que no admiten demora. Hay una persona por ahí que está denunciada de que cometió un hecho, anda por ahí, es difícil de localizar, alguien la vio y usted va y busca la orden de arresto donde el juez. Esto no consiste en alegar que no admite demora porque el ciudadano está bajo arresto de manera ilegal y temen que se le venza el plazo de las 48 horas; es decir, la urgencia la fundamentan en eso.

En una ocasión, una fiscal me llamó y me dijo que tenía mucha urgencia en que emitiera una orden de arresto que me había solicitado mediante instancia y le cuestioné respecto de si esta orden no podía esperar al día siguiente, a lo que me respondió que ese ciudadano estaba detenido desde las 5 de la tarde y ella mandó a solicitar la orden a las 9 de la noche, solo me limité a contestarle que no tenía que emitir una orden de arresto sobre un ciudadano que ya estaba preso, eso es improcedente y lo que le exhorte es que continuara con su proceso. La demora la fundamentan muchas veces en que ya ejecutaron la privación de libertad, entonces se ven compelidos por la presión del tiempo y es en ese momento en que deciden acudir donde el juez.

Cabe destacar que un supuesto que impide que el trabajo de las oficinas de atención permanente sea más efectivo es la inexistencia de agencias de fianzas o afianzadoras que trabajen en horas de la noche, estas servirían para que inmediatamente se le imponga una fianza a un ciudadano, el mismo pueda pagarla e irse a su casa, porque ningún sentido tiene que a esa persona se le imponga una medida de coerción distinta a la prisión preventiva a las once de la noche y que no pueda irse a su casa debido a que haya que esperar hasta el día siguiente para que lo pongan en libertad.

Lo mismo sucede cuando se le impone un impedimento de salida a un ciudadano un viernes en la noche y esa persona tiene que esperar hasta lunes de la semana próxima porque este trámite no es efectivo sino hasta ese día. Esto desnaturaliza la esencia de la medida, es decir, que la persona esté privada de libertad el menor tiempo posible. ¿Qué sentido tiene que un juez se quede hasta altas horas de la madrugada conociendo audiencias, si a resumidas cuentas, el día siguiente es que van a poner en libertad a ese ciudadano? ¿Por qué no esperamos el día siguiente y conocemos eso, y de esta manera evitamos que el Estado esté gastando energía eléctrica y pagando empleados de manera innecesaria?

Hay ajustes que hacer para que la OJSAP pueda ser efectiva. El Código Procesal Penal establece que cuando se ordena la libertad de un ciudadano es para que se ejecute desde la sala de audiencias. Sin embargo, lo que acontece es que la persona puesta en libertad vuelve a la cárcel hasta el día siguiente, en otros casos se pone en libertad con presentación periódica y la persona amanece privada de libertad. Esto puede ser fruto de la logística del Ministerio Público. Entiendo que no es fácil, pero también el Ministerio Publico debería tener un personal trabajando concomitantemente con la jurisdicción de atención permanente para que el mismo pueda ejecutar la sentencia de libertad del ciudadano inmediatamente, además de que se habiliten entidades afianzadoras en horas de la noche para que inmediatamente se ejecute la fianza la persona pueda ir a su casa.

DH: ¿En qué consiste el procedimiento para apoderar las OJSAP?

JV: Existen dos vías de apoderamiento, la primera es vía indirecta, donde el Ministerio Público deposita su instancia en la Oficina Coordinadora de los juzgados de la instrucción; entonces la coordinación apodera a la Oficina de Atención Permanente, esto es en la mañana debido a que se entiende que a estas horas la Oficina de Atención Permanente es una especie de tribunal ordinario y se apodera directamente a la coordinación. En el caso de la segunda vía de apoderamiento, se hace a partir de las 4: 30 p.m.; en esta modalidad, el Ministerio Público apodera directamente a la jurisdicción a través del depósito de su instancia.

A mi parecer no veo razones para que haya que apoderar en horas de la mañana a la coordinación, porque durante ese proceso la coordinación gasta recursos para apoderar a la jurisdicción ordinaria, mientras que si ese apoderamiento resultase en horas de la tarde se puede realizar directamente. Son dos formas de apoderamiento, pero mi criterio es que los apoderamientos puedan ser de forma directa, porque eso contribuiría a economizar tiempo y dinero.

DH: Aparte de las medidas de coerción,¿qué otras solicitudes o procedimientos conoce la OJSAP?

JV: Hay asuntos administrativos que son resueltos por la Oficina de Atención Permanente, estos pueden ser solicitudes de arresto, solicitudes de allanamiento, anticipos de prueba y en el caso de estos últimos normalmente conllevan urgencia porque esta actuación se realiza, por ejemplo, en ocasión de que una persona tenga que realizar un viaje al extranjero y quiera hacer constar su declaración a fin de que pueda ser presentada en un posible juicio de fondo.

El anticipo de prueba consiste en la producción del testimonio de la persona contra quien se ha cometido la infracción o que ha sido testigo que desee que su declaración se haga constar, es decir, que quede ahí para que pueda ser incorporada por lectura en un juicio de fondo y constituye una excepción porque el juicio penal es un juicio oral. Así mismo, conoce de solicitudes de interceptación telefónica u otra diligencia necesaria, como la autorización para extraerle un fluido sanguíneo a alguien o cualquier otra actuación urgente que requiera el Ministerio Público.

HM:En su experiencia,¿cuál es la solicitud que con mayor frecuencia se presenta en la OJSAP?

JV: Las solicitudes que más se presentan en la Jurisdicción de Atención Permanente son las de órdenes de arresto y las de órdenes de interceptación telefónica.

DH: ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para aplicar la prisión preventiva?

JV: La decisión de aplicar la prisión preventiva tiene que estar sometida obligatoriamente, aunque no lo visualice quien está frente al juez durante el conocimiento de las medidas de coerción, a lo que se denomina el examen o test de proporcionalidad, el cual se produce dentro del cerebro del juez y utiliza tres criterios básicos: primero, el juez debe plantearse la idoneidad de la medida que se solicita, es decir, si esa medida que se está solicitando, ese acto, persigue un fin constitucionalmente legítimo y si está dentro del marco de legalidad, si es necesario tomar una medida para llegar a un fin. Segundo, el juez examina el supuesto concreto del caso que se le plantea, si para esto resulta necesario tomar una medida.

En ese sentido, el juez tiene que abocarse a examinar lo que es el sub-principio de necesidad, que consiste en evaluar cuál de las siete medidas de coerción o cautelares que contiene el Código Procesal Penal deberá imponer para que se produzca el objetivo o fin que persigue, pero debe partir del criterio de analizar la medida más benigna e ir escalando, exceptuando la facultad que tiene el juez de no imponer medida de coerción bajo la promesa del imputado de presentarse a todos los actos de proceso.

El juez debe medir si con la imposición de la presentación periódica como medida cautelar garantiza que la persona pueda presentarse a todos los actos del procedimiento, entonces debe comenzar por ahí, si el juez descarta esa medida debe pasar a una más exigente, si entiende que esa medida tampoco garantiza su presencia, entonces debe ir escalando y finalmente, si ninguna de esas medidas de coerción le forman el criterio de que esa persona se va a presentar a todos los actos del proceso, entonces, lógicamente deberá recurrir a la prisión preventiva como la más grave.

El carácter excepcional de la prisión preventiva lo establece la Constitución de la República, que indica que a lo último que el juez debe de recurrir para logar que un imputado se presente a todos los actos del proceso es a la prisión preventiva. Entonces, es por esto que resulta necesario hacer un examen de todo, cuando el juez logra constatar que la persona no tiene cédula, no sabe dónde vive, ni tienen un vecino que lo conozca, entonces, ¿de qué forma puede el juez garantizar su presencia cuando la persona ni siquiera está segura de que se llama Pedro, como dice que le llaman? Lógicamente esos son elementos que el juez debe tomar en cuenta. Entiendo que los demás jueces de atención permanente lo hacen, porque es un juicio de valoración constitucional que el juez está obligado a formularse al momento de tomar la decisión porque lo que está en juego es uno de los valores más preciados de ese ser humano, que es su libertad.

El hombre cuando nace es absolutamente libre y compromete su libertad en aras de que el Estado le garantice su seguridad, entonces, se hacen esos juicios y a partir de ahí el juez toma en cuenta al arraigo que tiene la persona en el país. Otro factor importante es la gravedad del hecho, si la infracción es considerablemente grave esto constituye un presupuesto para que el juez imponga la prisión preventiva. Muchas veces las personas dicen “a fulano no le imponen prisión preventiva porque es rico” y la realidad es que no.

Ahora bien, si usted mató una persona, tienen que ser circunstancias muy especiales para que no se le imponga la prisión preventiva o que se demuestre que usted actuó en una legítima defensa, que no tuvo otra alternativa o que es inimputable, pero de otra forma no creo que el dinero pueda tener valor al momento de tomar la decisión, ahora bien, si la infracción es grave ese es un presupuesto para que el juez imponga la prisión preventiva.

HM: ¿Podría contribuir a una mejor administración de justicia la creación de un sistema de información con perfiles sociodemográficos o socioeconómicos, para medir las probabilidades sobre el peligro de fuga y establecer correlaciones con las tendencias en las decisiones respecto a cada tipo?

JV: El Código Procesal Penal establece que el juez tiene que tomar en cuenta los precedentes al momento de dictar la medida cautelar, porque estos son muy importantes y pueden presentarse en dos vertientes, una favorable y otra desfavorable. Si el precedente es que usted ha estado en rebeldía durante un proceso distinto al que se le está conociendo, es lógico pensar que usted no tiene vocación para responder al llamado de la justicia. Ahora bien, si el precedente suyo evidencia que usted ha tenido otros procesos y tantas veces se le ha requerido, usted ha estado ahí, aunque haya sido condenado y cumplido una pena, entonces, lógicamente que el juez tiene que tomar en consideración que usted es una persona responsable a la hora de responder al llamado de la justicia, es decir, que esas son las vertientes e informaciones que contribuyen a que el juez pueda tomar cualquier tipo de decisión.

Sin embargo, en cuanto a englobar el comportamiento particular de un imputado con relación al comportamiento sociológico de un grupo, eso sería un tanto arriesgado y diría que hasta violatorio de la presunción de inocencia que goza un individuo con relación al proceso y el carácter personal de su responsabilidad penal, es decir, yo no puedo aplicar una medida de coerción a este individuo porque veinte (20) personas de una zona geográfica se hallan fugado y los mismos promedien los veinte (20) años de edad, no puedo colegir que un ciudadano que tenga esa edad y aunque no pertenezca a ese grupo, también se va a fugar. Al contrario, si el juez va a realizar alguna interpretación analógica con relación a ese individuo debe pensar que los primeros veinte se han fugado pero este no se fugará, es decir, de la forma más favorable al imputado.

DH: En el primer censo penitenciario realizado en 2006, se estableció que el total de reclusos preventivos era de 4,881, cantidad que excede el doble al efectuarse el segundo censo en 2011, elevando el número a 10,502. ¿Qué opinión le merecen estas cifras?

JV: En este país hay un problema cultural con relación a la prisión preventiva y no voy a culpar el criterio que tiene la gente, porque ese criterio no es casual, el mismo viene desde décadas en que a una persona se le otorgaba una fianza y ese proceso se daba por concluido para siempre y ese es el temor de la gente, fíjese que a la mayoría de personas de aquí no le importa cómo terminan los casos, sino como comienzan, excepcionalmente se pueden interesar en como terminan algunos.

Les voy plantear un caso concreto de una experiencia que tuve en días pasados con una persona que fue encontrada con medio millón de dólares, en ese momento era entendible que poseer dinero bajo las condiciones que lo presentaban no constituía un delito, porque tener dinero solo puede constituir un delito cuando se demuestra que proviene de una actividad ilícita, pero tener dinero per se no puede constituir un delito, ni lo es; recuerdo que en ese momento se formó una serie de críticas respecto de eso y en ocasiones se habla de que la prensa presiona y distorsiona, ahora pienso más bien que la manipulación viene de agencias gubernamentales hacia la prensa y no de la prensa hacia la justicia, sino desde las agencias gubernamentales que tienen a su cargo la investigación hacia los medios de comunicación que son manipulados a fin de que se explayen a emitir juicios.

El joven se armó hasta el extremo de que se le conoció la apelación y necesariamente es difícil que bajo esa andanada de torpedos algún juez pueda actuar distinto y finalmente le impusieron la prisión preventiva. Incluso escuché que hubo un funcionario que dijo que esa decisión era peligrosa hasta para el sistema. Les voy a decir que el mismo duró un tiempo preso, en este momento está en libertad y nadie ha hablado sobre eso.

El asunto es que entró a prisión, ya estoy complacido, fue liberado y ya no me importa, pero sí se ejerce un tipo de presión inoportuna. Yo siempre he sostenido que si hay algo que debe tener una nación es la independencia del Poder Judicial, si algo debe tener una nación son jueces sin miedo, porque los actores que ponen en libertad son los jueces y si los mismos saben que usted debe estar en libertad, entonces, tienen que ponerlo en libertad, porque de lo contrario, ¿cuándo usted saldría de la cárcel?, la respuesta sería nunca.

Esta es una carrera y un ejercicio muy delicado, un sacerdocio casi sublime para el que lo ejerce y para este tipo de trabajo la persona debe tener vocación. El juez se compromete, es igual a cuando usted decide ser sacerdote, usted asume un compromiso porque donde quiera que usted vaya van a ver la figura de un sacerdote o de un juez. Por más normal que lo encuentre usted hay cosas de las que debe abstenerse, usted no puede embriagarse, no puede andar por ahí borracho, porque usted asumió ese compromiso y esto recae sobre su responsabilidad, la cual es la de administrar justicia de manera independiente, sin pasión, sin influencias, solamente atendiendo al criterio de lo justo y lo legal.

HM: En algunos medios de comunicación cuando tratan cualquier medida de coerción que no sea la prisión preventiva, es regular ver los titulares indicando que el juez pone en libertad, no dejando claro a la ciudadanía que el juez está restringiendo la libertad, ¿qué le parece el tratamiento que dan los medios de comunicación a las medidas de coerción?

JV: Eso tiene que ver mucho con nuestra cultura y el desconocimiento. Hay periodistas bien formados y hay otros que no entienden los procesos y emiten juicios sin conocer la finalidad de una medida cautelar. El juez sin importar el tipo de medida que decida tomar evalúa las pruebas que hay en contra de ese ciudadano. Lo primero a tomar en cuenta para imponer la medida de coerción es que hayan elementos de pruebas suficientes como lo establece el artículo 227 numeral (1) del Código Procesal Penal, es decir, lo primero que tiene que examinar el juez es si contra ese ciudadano hay pruebas suficientes para restringirle sus derechos fundamentales; después de realizado ese examen establecer si hay pruebas. Aquí es donde el juez comienza a valorar qué tipo de medida de coerción aplicar, de conformidad con la prueba recaudada y la gravedad del hecho […] constituyen la garantía de que ese ciudadano se va a presentar a todos los actos del proceso y hay una percepción errada de la gente de pensar que los procesos solamente pueden ser efectivos si la persona está privada de libertad.

Debería hacerse un estudio bien detallado acerca de la cantidad de personas que va a su proceso en libertad y que culmina su proceso en libertad. Tengo entendido que hay miles y miles de personas que en libertad van a su proceso, lo que pasa es que ese aspecto todavía no se ha tratado y es importante tratarlo. Nosotros vamos a tener ese problema durante mucho tiempo porque tenemos una cultura enraizada de que solo mediante la prisión preventiva se puede garantizar la culminación exitosa de un proceso. Entonces es bueno que se haga esa clase de estudio para que la gente tenga esa clase de informaciones reales de que no solo con la prisión preventiva se logra el objetivo primordial del proceso.

DH: Considerando que el proyecto de modificación al Código Procesal Penal, aprobado por el Congreso de la República y observado por el Poder Ejecutivo, establece un aumento en el plazo máximo de duración de la prisión preventiva, ¿cómo afectaría este aumento los datos antes mencionados sobre la población penitenciaria preventiva?

JV: Uno como juez no quiere invadir el ámbito de competencia del legislador. Ahora bien, como ciudadano le diré que el problema es de logística. Mientras más se aumente el plazo de la prisión preventiva, más vulnerable se torna el concepto de presunción de inocencia a favor del ciudadano, porque si después de un plazo de dos años de prisión preventiva usted resulta descargada del caso que se le sigue, ¿quién le va a resarcir a usted ese tiempo? Entiendo que la tendencia debe ser cada vez más no a extender los plazos, sino a reducirlos, fíjese que aquí se habla de que los tres meses de prisión preventiva resultan un plazo muy corto y le pregunto a usted, por ejemplo, si a mí me detuvieron con un kilo de cocaína, se hizo el levantamiento del acta y fue realizado el análisis de la sustancia en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), ¿qué otra cosa resulta necesaria para que se me conozca una audiencia preliminar?, ¿qué más usted busca?, tiene que esperar un año, tiene que esperar tres meses, porque usted tiene todo lo que necesita ahí para que se conozca.

En ese orden, soy partidario de que se cree un régimen especial en el que las personas que sean detenidas cometiendo ciertas infracciones sean llevadas por el Ministerio Publico y que ahí mismo en la Oficina de Atención Permanente se defina su proceso, es decir, que ahí mismo el juez ofrezca una decisión definitiva de manera que se pueda segregar ese caso del sistema para no sobrecargarlo.

Si usted busca la cantidad de casos que hay, muchos en rebeldía, usted verá que la mayoría de esos casos encuentran a la persona con un poco de cocaína, si para todos esos casos existiera un departamento en el Ministerio Publico que pudiera conciliarlo de una vez o mediante un juicio previo, y ahí mismo establecer un acuerdo, como hacen en Estados Unidos con el noventa (90 %) de los casos, entonces se lograría no atestar el sistema con muchísimos casos que carecen de importancia, no porque no sean infracciones, sino porque carecen de importancia dentro del sistema y lo ideal sería darle prioridad a los casos que realmente la requieren, porque ese fue el motivo por el que creó este Código Procesal Penal y se le dio oportunidad al Ministerio Público de que pueda negociar y conciliar, y que en estos diez años de haber sido promulgado, se observa que diariamente nos llegan alrededor de quince a veinte casos de personas que han sido detenidas por drogas, esto nos dice que esa cantidad de personas va a entrar al sistema.

En ese sentido, agarraron a la persona con una cantidad de sustancia (x), te tocan tantos años, estamos de acuerdo con que podemos ofrecerte esto, y lo ideal sería que desde aquí mismo fueses y lo cumplieses, en otros casos, podemos darte una libertad suspendida en la que tu admites la comisión de los hechos y de aquí sale una sentencia definitiva y te vas donde el juez de ejecución de la pena para que se encargue de hacer efectiva la ejecución de la misma. Esto sería lo ideal porque esos casos no estarían en el sistema obstaculizando otros que sí requieren que se les dedique tiempo, porque usted escucha que un fiscal tiene muchísimos casos bajo su responsabilidad y es un ser humano con un sueldo que no es el más adecuado, con una logística que no es la mejor, entonces, usted ve un fiscal con doscientos (200) o trescientos (300) casos, ahí usted ve casitos: “¡Tú sabes lo que es tener un fiscal que brinde atención a tantos casos de poca monta!”.

Por otro lado, yo pensé que en el proceso de reforma del Código Procesal Penal se les iba a brindar participación a los jueces que están ligados de manera práctica al proceso y mucho más en lo relativo a las medidas cautelares; sin embargo, no la hubo y es por eso que se ven situaciones que lógicamente chocan con la Constitución de la República. Por ejemplo, cuando usted observa que se plantea que a una persona que haya sido sometida por un hecho la sometan otra vez, y entonces, se obligue a que la imposición de la medida sea obligatoria, entonces usted está violentando un principio constitucional. Ya no valdría la pena llevarlo ante un juez; si usted sabe que le van a imponer la prisión preventiva, lo que hay que hacer en ese caso es que desde el destacamento sea remitido a la cárcel.

Entiendo que ese tipo de situaciones que vi en la propuesta de modificación, no se darían si ellos contactaran con nosotros, los actores del sistema, aquí el mayor problema que se da con relación a las medidas cautelares y la violencia de género es que el juez tiene que ser extremadamente cuidadoso al momento de imponerlas, porque una decisión de un juez puede terminar con una familia que no debió haber terminado, es decir, el juez con su decisión puede ponerle de forma abrupta fin a una relación de 25 o 26 años, de un matrimonio con cinco o seis hijos. Siempre he dicho que para conocer una medida de coerción sobre violencia de género tiene uno que tener la experiencia del matrimonio y saber todo lo que hay que aguantar.

HM: Cuando se evalúan los elementos que afectan el sistema de justicia penal y al Ministerio Público encontramos que la falta de logística es un tema de en la agenda permanente, y nos hace pensar en una política criminal más tendente a desjudicializar el conflicto penal, ¿permite el marco legal que el Ministerio Público tienda más a la desjudicialización del conflicto penal?

JV: Si, el marco legal está ahí, porque las herramientas están ahí, por la misma presión que recibe el Ministerio Público se cohíbe de hacer cosas que si las hiciera resultarían más beneficiosas para la seguridad de la ciudadanía que está llevando un proceso contra alguien. Por ejemplo, hay una banda que usted sabe que está dedicada al narcotráfico y a la clonación de tarjetas, si usted logró detener uno o dos al país le resulta más beneficioso que usted mediante la negociación con esos dos logre condenas para los otros y desarticule esa banda, aunque usted condene a ese al final de la jornada los otros van a seguir.

Esa es la realidad que tenemos con el micro-tráfico. Si hubiera una política sin temor de que el MP diga “no, agarré a fulano de tal con tanta droga”, si usted me da estos detalles la pena que podría pedir para usted puede ser tal, pero con esas informaciones que usted me da podemos acordar una pena menor”. Con el uso de esas herramientas se gana más, pero como no hay esa confianza el Ministerio Público se cohíbe de usar esa política que ya está establecida en el Código Procesal Penal.

DH: ¿Es necesario que la colocación de localizadores electrónicos esté acompañada de otra medida de coerción?

JV: La imposición de la medida de localizador electrónico siempre tendrá una medida adicional, claro está, dependiendo de la gravedad del hecho, porque a una persona que le impongan un localizador se le impondrá un impedimento de salida y esto sería una alternativa maravillosa. Mediante un arresto domiciliario al Estado le es fácil controlar a esa persona dentro de ese perímetro, si usted va estar arrestado de forma domiciliaria en un lugar específico, entonces se va a tener un control de que si usted salió de ahí, ya usted violo la prisión domiciliaria, entonces ya se le puede variar la medida de coerción por prisión preventiva. Considero que sería un instrumento maravilloso para implementar, pero aquí no se puede aplicar eso, porque imagínese, no hay policías para cuidar los jueces y tendría que designarse un policía a cada persona con arresto domiciliario.

En ese aspecto podrían ayudar mucho los localizadores electrónicos, otra posibilidad que celebra el juez, la gente piensa que el juez se siente bien con enviar a una persona a la cárcel, la realidad es que no, sobre todo, cuando esa persona está revestida de una presunción de inocencia, lo que sucede es que las mismas circunstancias objetivas de casos concretos son las que llevan al juez a tomar esa decisión.