OBSERVATORIO JUDICIAL DOMINICANO

Justicia Inmobiliaria en la República Dominicana

Resumen histórico

Para hablar de justicia inmobiliaria en la República Dominicana, es necesario remontarse al surgimiento del Derecho de propiedad sobre inmuebles. Con la emisión de la "Bula Inter Caétera" o "Noverum Universi", del Papa Alejandro VI, del 3 de mayo de 1493; la Iglesia Católica  legalizó la ocupación del nuevo mundo,  invistiendo a la Corona española con el derecho de propiedad de las tierras descubiertas. Esta introdujo a la Isla el Derecho de propiedad y le otorgó a la corona Española su absoluta propiedad.

En el año 1513 surgieron las primeras disposiciones sobre reparto territorial en forma legislativa, esta fue la Merced; consistió en una compensación hecha por la Monarquía española1de terrenos de su propio patrimonio a servidores  militares o públicos. Entre los derechos que se otorgaban con la Merced, se encontraba el derecho a vender como propios los terrenos, pasados cuatro años de posesión, formándose  así  una especie de  sistema  legal de adquisición.

Después de esto, surgió la Ley de Amparo Real del 20 de Noviembre de 1578, esta disposición confirmó el Derecho de propiedad de la Corona española sobre las tierras, y se instituyó un procedimiento para amparar los derechos de propiedad a poseedores que tuvieran una prueba escrita preexistente basada en la Merced.

Más tarde, se aprobó la Ley de composición de tierras del 17 de marzo de 1631, la cual dispuso que todos los ocupantes de tierras en exceso, fueran sometidos a moderadas composiciones, les fueron entregados títulos de sus posesiones y el resto les fue vendido. Estas dos disposiciones, conjuntamente con la creación del Consejo de Indias, y las Cédulas Reales, constituyeron lo que se conoce como las Leyes de Indias.

En lo adelante, se promulgó la Ley de División de Tierras Comuneras con el objeto de solucionar el problema de la partición de los terrenos comuneros, ya que hasta la promulgación de la referida Ley, este proceso se ventilaba por lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, que se instauró en la República Dominicana en el período de ocupación haitiana en el 1822.

El 21 de julio de 1920, se promulgó la Orden Ejecutiva 511, durante la ocupación militar norteamericana en la República Dominicana, la cual creó una jurisdicción especializada en la materia de tierras e introdujo el Sistema Torrens de Registro de la propiedad inmobiliaria e introdujo los Tribunales de Tierras y las Oficinas de Registro de Títulos. 

Después de esto, el 11 de octubre de 1947 el legislador dominicano aprobó la Ley sobre Registro de Tierras No. 1542, que recogió los principios establecidos por la Orden Ejecutiva 511 y afianzó el sistema de justicia inmobiliaria en el país.

Más adelante surgió la iniciativa de reformar la justicia inmobiliaria y de esta etapa, se promulgó la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario y sus Reglamentos Complementarios. Amparados en esta ley se crearon la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales y las respectivas Direcciones Regionales de Mensuras, supeditadas a los Departamentos Judiciales que alojan a los Tribunales Superiores de Tierras.

Organización judicial

El artículo 2 de la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario establece la organización de la Jurisdicción Inmobiliaria y dispone cuales son los órganos que la integran. Atribuye a esta jurisdicción la competencia exclusiva para conocer todo lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana, desde que se solicita la autorización para la mensura y durante toda la vida jurídica del inmueble, salvo en los casos expresamente señalados en la misma ley.

Tomando en consideración la condición jerárquica de la Sala de Tierras, Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo de la Suprema Corte de Justicia, aunque esta no constituye un grado de jurisdicción, resulta práctico señalarla en el marco de la organización judicial inmobiliaria, de este modo se puede desagregar la jurisdicción inmobiliaria de la siguiente manera:

Tercera Sala o Sala de Tierras, Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo de la Suprema Corte de Justicia. Tiene jurisdicción nacional para conocer y fallar todos los asuntos en materia de tierras, laboral, contencioso-tributario y contencioso-administrativo, que sean objeto de recurso de casación, o en los cuales, por imperio de la ley, sean objeto de apoderamiento como tribunal de alzada o en primer y único grado.

Tribunales superiores de tierras. Son tribunales colegiados compuestos por  cinco (5) jueces entre los cuales debe haber un Presidente, competentes para conocer en segunda instancia de todas las apelaciones que se interpongan contra las decisiones emanadas de los tribunales de jurisdicción original bajo su jurisdicción, así como también en última instancia de las acciones que le son conferidas expresamente por la Ley No. 108-05 sobre Registro Inmobiliario.

Tribunales de jurisdicción original. Son salas unipersonales que conocen en primera instancia de todas las acciones que sean de la competencia de la jurisdicción inmobiliaria, mediante el apoderamiento directo por parte del interesado y de acuerdo con su delimitación territorial.

Dirección Nacional de Registro de Títulos. Es el órgano administrativo de la Jurisdicción Inmobiliaria encargado de supervisar, coordinar y regular el funcionamiento de las oficinas de Registros de Títulos; posee carácter nacional y depende de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En  ese  sentido, conoce el recurso superior jerárquico contra las actuaciones de los registradores de títulos a escala  nacional. Se encuentra a cargo de un director nacional designado por el Consejo del Poder Judicial.

Dirección Nacional Mensuras Catastrales. Es el órgano administrativo de la Jurisdicción Inmobiliaria encargado de ofrecer soporte en lo referente a las operaciones técnicas de mensuras. Se encuentra a cargo de un director nacional designado por el Consejo del Poder Judicial. La Dirección Nacional de Mensuras Catastrales tiene su sede en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, y se encuentra a cargo de un Director Nacional, que es nombrado por el Consejo del Poder Judicial.

¿Por qué observar la justicia inmobiliaria?

La justicia inmobiliaria ha experimentado dos etapas de significativas reformas, el acontecer de las mismas refiere a la Ley 108-2005 sobre Registro Inmobiliario como el marco en el que se apoyó el cambio estructural y funcional del que ha sido objeto esta jurisdicción. Estas reformas obedecieron a la necesidad de aumentar los niveles de seguridad jurídica, tomando en consideración la relevancia económica y social del derecho de propiedad para el desarrollo sostenible y la paz.

El reconocimiento tanto de la función social como la obligación de garantizar el derecho de propiedad por parte del Estado, conduce a entender a los órganos competentes para conocer de lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro, como catalizadores del conflicto social que se genera en torno a la propiedad inmobiliaria.

La intervención de estos órganos resulta de la suerte de dejar a merced de su decisión la determinación de la titularidad del derecho de propiedad, caracterizados por una condición sistémica que distingue la jurisdicción inmobiliaria, pues opera de modo interdependiente entre órganos con carácter jurisdiccional y no jurisdiccional, en una dinámica que hace transitar un proceso entre las competencias de los tribunales establecidos en la Ley 108-2005, el Derecho registral y las funciones técnicas que competen al catastro.

Todos estos procesos se caracterizan por la interacción entre el usuario del sistema y el Estado, este último demanda una justicia inmobiliaria cada vez más expedita, oportuna, eficiente y cercana, pues en todo caso las decisiones tomadas en esta jurisdicción determinan la adjudicación de la titularidad y el disfrute del derecho de propiedad.

Esta jurisdicción ha sido señalada por distintos casos de fraudes e irregularidades históricas y las grandes inversiones hechas para reducir estos casos, blindando el sistema y mejorando el servicio que ofrece la Jurisdicción a la ciudadanía. La observación de la justicia inmobiliaria no sólo alerta de los problemas que presenta el sistema, también permite conocer las buenas prácticas, avances y las particularidades de los procesos que por su grado de especialización o tecnicismo son de difícil entendimiento para el ciudadano común y corriente.

¿Qué observa el OJD de la justicia inmobiliaria?

Observa el funcionamiento y el comportamiento de los órganos jurisdiccionales, los fenómenos que se originan en la materialización de la función judicial, así como las relaciones entre la actividad jurisdiccional y la actividad administrativa de los referidos órganos. También la interacción con los órganos no jurisdiccionales del sistema de justicia y las repercusiones de sus decisiones, entendidas en el contexto social y judicial.

Además, las investigaciones del OJD están orientadas al análisis de los fenómenos observados en esta área de justicia, basándose en información y datos provenientes del Poder Judicial o generados por el mismo Observatorio, que permitan ofrecer a la sociedad dominicana estudios sobre aspectos relevantes como:

· Acceso a la justicia.

· Calidad del servicio.

· Democratización de la justicia.

· Duración y dilación de los procesos.

· Litigiosidad y carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

· Producción y productividad.

· Eficiencia y costos.

· Transparencia.

· Tendencias jurisprudenciales.

Notas


1. La Corona Española, a través de la Bula Inter Caètera emitida por el Papa Alejandro VI, se convierte en la propietaria de las tierras descubiertas, y la Corona era quien poseía la potestad de asignar los terrenos según su criterio.

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