OBSERVATORIO JUDICIAL DOMINICANO

Justicia Electoral en República Dominicana

Resumen histórico

La jurisdicción electoral surgió en República Dominicana a partir la proclamación de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, la cual instituyó los Colegios electorales como órganos encargados de organizar y garantizar el ejercicio de sufragio por hombres y mujeres en capacidad para ejercerlo.

A partir de este momento se instauró un mecanismo para la elección del Presidente de la República, Vicepresidente, miembros de la Asamblea primaria y los representantes, así mismo, regidores y alcaldes. Para la conformación de los Colegios electorales, las Asambleas primarias tomaban sus integrantes sobre la base del registro de los ayuntamientos.

Posteriormente, con la promulgación de la Constitución del 1858, el legislador constituyente eliminó los colegios electorales y estableció las asambleas electorales, como los órganos encargados de designar al presidente, vicepresidente y demás cargos electivos mediante la celebración de elecciones libres e independientes. Sin lugar a dudas, la proclamación de la norma sustantiva trajo consigo diversos avances en materia electoral, es decir, fueron ampliadas las competencias de las asambleas electorales y se implantó un sistema de elección basado en los principios de libertad e independencia.

Con la promulgación de la Constitución de 1887, el legislador sustituyó las asambleas electorales por los colegios electorales aunque con las mismas atribuciones que tuvieron anteriormente y aunque su designación estaba atribuida al Congreso Nacional.

Posterior a la reforma de 1887 la función electoral fue desempeñada por instituciones de naturaleza distinta a la electoral; por los ayuntamientos u otros funcionarios municipales, quienes rendían el servicio de manera accidental y en ocasión de un proceso electoral. En consecuencia, en abril de 1923, el Poder legislativo dictó la Ley No. 35 que creó la Junta Central Electoral (JCE). Desde entonces, la JCE y sus dependencias están a cargo del ejercicio de la función electoral.  

Desde su integración la Junta Central Electoral posee carácter contencioso electoral-administrativo. Para organizar y dirigir la celebración de las elecciones y disponer los mecanismos de participación desempeña su función administrativa y para dirimir los conflictos que surjan a propósito de un certamen electoral ejercía su función contencioso-electoral.

Con la promulgación de la Ley Electoral Dominicana No. 275-97,  la JCE fue dividida en una  Cámara contenciosa y una Cámara administrativa, a las cuales les fueron atribuidas las funciones antes señaladas respectivamente.

A raíz de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010, la función contenciosa electoral fue sustraída de la JCE para ser atribuida en lo adelante al Tribunal Superior Electoral (TSE), quedando separadas del ámbito de la administración y conducción de las elecciones la función contenciosa electoral. En 2011, el Consejo Nacional de la Magistratura se reunió en varias sesiones, arrojando como resultado de estas deliberaciones los primeros magistrados del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana.

Organización de la justicia electoral dominicana

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Constitución de República Dominicana, se hace posible decir que la jurisdicción electoral se encuentra organizada de la siguiente manera:

Tribunal Superior Electoral. Es el órgano jurisdiccional competente para conocer y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre estos.

Dentro de sus atribuciones están, conocer de los recursos de apelación a las decisiones adoptadas por las juntas electorales, conforme lo dispuesto por la presente ley, los conflictos internos que se produjeren en los partidos y organizaciones políticas reconocidas o entre estos, las impugnaciones y recusaciones de los miembros de las juntas electorales, de conformidad con lo que dispone la Ley Electoral, las impugnaciones y recusaciones de los miembros de las juntas electorales, de conformidad con lo que dispone la Ley Electoral, respecto de los recursos de revisión contra sus propias decisiones cuando concurran las condiciones establecidas por el derecho común.

Juntas Electorales. Son órganos de carácter permanente con competencias de naturaleza mixta. Sus atribuciones son tanto administrativas como contenciosas. En cuanto a estas últimas, fungen como tribunales competentes para conocer y decidir en primer grado sobre los conflictos que surjan en período electoral y deberá contribuir con la organización de las elecciones en el distrito municipal que le corresponda.

Dentro de sus atribuciones están, conocer y decidir en primera instancia de los casos de protestas en el proceso de votación ante los colegios electorales, de conformidad con la Ley Electoral No. 275-97 y sus modificaciones; conocer y decidir acerca de la verificación y validación de los votos nulos y observados,  de las impugnaciones contra los miembros y secretarios de los colegios electorales, de los reparos realizados por los delegados de los partidos y agrupaciones políticas que sustenten candidaturas el día de la votación en contra de los procedimientos llevados a cabo sobre el cómputo general.

¿Por qué observar la justicia electoral?

Con la promulgación de la Constitución del 26 de enero de 2010 se generaron cambios significativos en el esquema de administración de la justicia electoral en la República Dominicana. Fruto de la reforma, y por primera vez en la historia, dejaron de coincidir en el mismo órgano la administración y conducción de los procesos electorales y la función contenciosa electoral.

Todo indica que con esta reforma se dio paso a la judicialización de la función contenciosa electoral. La importancia de esta función debe ser entendida considerando que su razón de ser obedece a un nexo que se observa en la Constitución, entre la efectividad de los derechos fundamentales declarada en el artículo 68 y la realización de una tutela judicial efectiva dispuesta en el artículo 69; ambas disposiciones son coherentes con el artículo 214 de la Carta Magna, el cual define con carácter de exclusividad la competencia del TSE.

Tanto la efectividad de derechos y la tutela judicial antes señaladas, son planteadas con la finalidad de dejar claro que la esencia de una democracia representativa, consiste que el poder político resida en los ciudadanos, y entendida su decisión legítima de hacerse representar es imperativo garantizar el derecho al sufragio como elemento indispensable de conservación del orden democrático y la soberanía popular.

Con todo lo antes dicho la administración de justicia en materia electoral, se convierte en una de las áreas más sensibles para la observación ciudadana, pues la actividad que es objeto de sus competencias es también una de las más observadas y sometidas al escrutinio ciudadano. No obstante el hecho de que el legislador constituyente colocó al TSE en un título correspondiente al Sistema Electoral y no fue situado en el título relativo al Poder Judicial, las características y funciones de este tribunal son esencialmente jurisdiccionales, lo cual lo convierte en un foco de interés para las investigaciones del OJD.

¿Qué observa el OJD de la justicia electoral?

Observa el funcionamiento y el comportamiento de los órganos jurisdiccionales, los fenómenos que se originan en la materialización de la función judicial, así como las relaciones entre la actividad jurisdiccional y la actividad administrativa de los referidos órganos. También la interacción con los órganos no jurisdiccionales del sistema de justicia y las repercusiones de sus decisiones, entendidas en el contexto social y judicial.

Además, las investigaciones del OJD están orientadas al análisis de los fenómenos observados en esta área de justicia, basándose en información y datos provenientes de los referidos órganos o generados por el mismo Observatorio, que permitan ofrecer a la sociedad dominicana estudios sobre aspectos relevantes como:

· Acceso a la justicia.

· Calidad del servicio.

· Democratización de la justicia.

· Duración y dilación de los procesos.

· Litigiosidad y carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

· Producción y productividad.

· Eficiencia y costos.

· Transparencia.

· Tendencias jurisprudenciales.

Video institucional

Tweets de OJD