OBSERVATORIO JUDICIAL DOMINICANO

Justicia Laboral en la República Dominicana

Resumen histórico

La jurisdicción laboral nació en el 1932 con la aprobación de la Ley  No. 352 sobre Accidentes de Trabajo, con la cual el legislador facultó a los tribunales de derecho común para conocer de los accidentes que se suscitaran en el entorno laboral y dirimiera los conflictos entre empleadores y empleados. El Estado a través de esta ley garantizó indemnizaciones a favor de los empleados en caso de lesión o muerte en el trabajo.

Es preciso destacar que el ejercicio legislativo realizado en esta materia entre los años 1933 hasta el 1944, hizo que surgiera el engranaje normativo en el que se sostiene la justicia laboral en la República Dominicana. El12 de febrero del año 1933 se dictó la Ley No. 837 sobre Dominicanización del Trabajo, a través de la cual se fijaron los límites en la cantidad de mano de obra extranjera en las empresas que se encontraran funcionando en el país.

Posteriormente en el año 1934 se dictó la Ley 740, a través de la cual se prohibió el pago de salarios mediante fichas y vales, práctica que era frecuente en los ingenios que obligaban a los obreros a consumir productos de las bodegas propiedad de las empresas.

Igualmente en el año 1935 se promulgó la Ley 929 que estableció el límite de 8 horas diarias y 48 horas a la semana para la jornada regular de los trabajadores industriales y comerciales. A esta ley se agrega la No. 183 del año 1939 sobre Descanso y Cierre Dominical.

En el año 1940 se creó la Ley 267 que reguló los gremios obreros y en ese mismo año se dictó la Ley 252 que reguló los salarios mínimos. Otras normas fueron creadas con el objetivo de asegurar los derechos de los trabajadores. En 1944, se promulgó la Ley No. 637 sobre Contratos de Trabajo. Esta fue la primera legislación que delimitó todo lo relativo a estos contratos: 1) naturaleza del contrato; 2) formas de terminación y 3) indemnización en caso de terminación sin causa justa.

La diversidad de fuentes normativas relacionadas con la justicia laboral y la aprobación de distintos convenios laborales produjo que, en el año 1951, se promulgara el Código Trujillo de Trabajo y con este se estableció una jurisdicción especializada para solucionar los conflictos que se generaran entre los patronos y los trabajadores, regulando las relaciones empresa-Estado y trabajador-empresa.

El Código Trujillo de Trabajo, fue el primer instrumento de derecho común en materia laboral en la República Dominicana. Dicha legislación recogió y estructuró la jurisdicción laboral, en base a dos grados de jurisdicción compuestos por los juzgados de trabajo y las cortes de trabajo. Con la promulgación de la Ley No. 95, de fecha 7 de diciembre de 1963, no hubo cambios significativos que repercutieran en lo judicial, pues sólo redujo la jornada semanal de 48 a 44 horas.

En el año 1985 el Poder Ejecutivo creó, mediante el Decreto No. 2961, la comisión encargada de actualizar el Código de Trabajo. De acuerdo con este decreto, la Comisión debía rendir un informe sobre las modificaciones que pudieran aplicarse al Código de Trabajo.

Producto de las conclusiones vertidas por la comisión encargada por el Ejecutivo, en mayo de 1992 se aprobó la Ley No. 16-92 contentiva del Código de Trabajo de la República Dominicana. Entre sus principales aportes se destaca el fortalecimiento de los derechos y ventajas económicas de los trabajadores, incluyendo el fuero sindical, y la consagración de tribunales especiales en materia laboral, el código entró en vigencia en el año 1993 y en esta reforma los tribunales de trabajo mantuvieron el mismo esquema que en el Código Trujillo de Trabajo.

Organización judicial

El artículo 462 y siguientes del Código de Trabajo establece la organización de la Jurisdicción Laboral y dispone la competencia y composición de los tribunales de trabajo.

Es bueno precisar que la condición jerárquica de la Sala de Tierras, Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo de la Suprema Corte de Justicia, aunque esta no constituye un grado de jurisdicción, resulta práctico señalarla en el marco de la organización laboral dominicana, de esta manera se puede describir su organización de la forma siguiente:

Tercera Sala o Sala de Tierras, Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo de la Suprema Corte de Justicia. Es la encargada de conocer en última instancia de los recursos cuyo conocimiento sea en única instancia de las cortes de Apelación Laboral y que tengan carácter decisorio o de sentencias con autoridad de la cosa juzgada. Asimismo, es competente para conocer y fallar recursos de casación en materia laboral, sometidos por primera vez ante este Tribunal.

Cortes de trabajo. Las cortes de trabajo son competentes para conocer de las apelaciones de las sentencias pronunciadas en primer grado por los juzgados de trabajo, y en única instancia, las demandas relativas a la calificación de las huelgas y los paros, así como de las formalidades previstas en el artículo 391 del Código de Trabajo para el despido de los trabajadores protegidos por el fuero sindical.

Juzgados de Trabajo. Los juzgados de trabajo son tribunales especializados con competencia para conocer en primer grado las demandas en materia laboral, de conformidad con el artículo 480 del Código de Trabajo.

Fungencomo tribunales de conciliación en las demandas que se establecen entre empleadores y trabajadores o entre trabajadores solos, con motivo de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo, o de la ejecución de contratos de trabajo y de convenios colectivos de condiciones de trabajo, excepto, en este último caso, cuando las demandas tengan por objeto modificar las condiciones de trabajo, así como cuando se trate de calificar las huelgas o los paros.

¿Por qué observar la justicia laboral?

La justicia laboral experimentó una evolución sustancial en lo relativo a su funcionamiento. Es importante destacar que la reforma realizada al Código Laboral significó un gran avance estructural que fue logrado conjunto a los cambios que ocurrieron en el Poder Judicial durante toda la década de los 90s.

El código del 1992 consagró que la designación de los jueces del juzgado de trabajo estaría a cargo del Senado de la República, como sucedía con los demás jueces de las distintas jurisdicciones judiciales del país; sin embargo, la reforma a la Constitución del año 1994, estableció la autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial. 

Lo antes señalado condujo al Poder Judicial por un nuevo camino de reformas, como consecuencia de la creación de diferentes mecanismos para la designación de los jueces de los distintos tribunales del país, como es el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, para la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Las disposiciones que permitieron estos avances, constituyeron el punto de partida para la creación de un marco normativo que regularía más adelante la carrera judicial, lo cual llegó a concretizarse con la promulgación de la Ley No. 327-98 de Carrera Judicial.

Lo anterior conjunto a la disposición constitucional establecida en el artículo 62 de dicho texto legal, establece que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado, sugiere una especial atención de esta área por parte del Observatorio Judicial Dominicano.

¿Qué observa el OJD de la justicia laboral?

Observa el funcionamiento y el comportamiento de los órganos jurisdiccionales, así como los fenómenos que se originan en la materialización de la función judicial, así como las relaciones entre la actividad jurisdiccional y la actividad administrativa de los referidos órganos. También la interacción con los órganos no jurisdiccionales del sistema de justicia y las repercusiones de sus decisiones, entendidas en el contexto social y judicial.

Además, las investigaciones del OJD están orientadas al análisis de los fenómenos observados en esta área de justicia, basándose en información y datos provenientes del Poder Judicial o generados por el mismo Observatorio, que permitan ofrecer a la sociedad dominicana estudios sobre aspectos relevantes como:

· Acceso a la justicia.

· Calidad del servicio.

· Democratización de la justicia.

· Duración y dilación de los procesos.

· Litigiosidad y carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

· Producción y productividad.

· Eficiencia y costos.

· Transparencia.

· Tendencias jurisprudenciales.

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