OBSERVATORIO JUDICIAL DOMINICANO

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Director OJD-Funglode afirma Ley núm. 10-15 propicia participación e igualdad de la víctima en el proceso penal

 

A la luz de las disposiciones originales de la Ley núm. 76-02, la calidad de víctima solo permitía alcanzar una participación condicionada jurídicamente y los jueces, en tanto aplicadores de esas normas, poco podían hacer para allanar los obstáculos que debilitaban el principio de igualdad entre las partes.

 

hmodestoojd(Santo Domingo, 15 de junio de 2015). La Universidad del Tecnológica del Sur (UTESUR) y el Observatorio Judicial Dominicano (OJD), de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), ofrecieron la conferencia titulada “Participación e igualdad en el proceso penal a partir de la Ley núm. 10-15: hacia la desburocratización del espacio compartido entre la víctima y el imputado”, la cual fue dictada por Harold Modesto, director del OJD-Funglode.

Para Modesto, la víctima y el imputado se deben mover armoniosamente en un espacio compartido. Si esto se comprende el sistema de justicia penal puede avanzar en dirección a una igualdad más allá de los estándares normativos, por el simple hecho de que el delito genera una relación entre estos dos sujetos procesales que, coincidiendo a la vez con la reacción del Estado, es conducente al proceso penal en el que se sintetiza el pasado y futuro de estas fuerzas sociales en competencia, cuyas tensiones son demostrativas del potencial evolutivo del derecho.

Por eso el también docente de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) sostuvo que los intereses diversos en el plano social pre-dilictivo se trasladan al proceso penal y forman lo que denominamos el espacio compartido entre la víctima y el imputado.

En ocasión del ilícito penal vemos a “una víctima que desea conservar valores y bienes, un agente infractor al que lo mueve obtener bienes aunque esto implique afectar valores ajenos, y un Estado que reacciona en ocasión de que el segundo no observa que se le ha impuesto una conducta con relación al primero”. Lo que tienen en común todos es la ley, “un producto jurídico imperfecto que se perfecciona con la voluntad del juez”.

Para el conferencista, las recientes modificaciones al Código Procesal Penal introducidas por la Ley núm. 10-15, generaron una estructura de oportunidades, pues considera que la participación e igualdad de la víctima en el proceso penal, en relación con el imputado, se encontraba cargada de procedimientos regulados que no eran coherentes con el estándar normativo que fijan los principios fundamentales del proceso penal.

“En la Ley núm. 76-02, mientras la calidad de imputado se benefició del suficiente poder normativo para habilitar el ejercicio de todos sus derechos, la calidad de víctima solo le permitía alcanzar una participación condicionada jurídicamente y limitada en sentido material; por eso, los jueces, en tanto aplicadores, poco podían hacer para allanar los obstáculos que impedían la vigencia o debilitaban el principio de igualdad entre las partes; era la misma norma procesal la que debilitaba el principio”, enfatizó.

Según Harold Modesto, bajo estas circunstancias la desburocratización normativa se suscita cuando se supera esta imposición arbitraria de la misma ley y la víctima, al igual que el imputado, puede optar por un representante legal de su elección y ser asistido por la misma cantidad de abogados con los que pueden contar las demás partes del proceso, adquiere el derecho de que el Estado le suministre uno si carece de recursos y puede presentar actos conclusivos, no obstante el Ministerio Público disponga el archivo, entre otras disposiciones que la llevan a un plano de igualdad con relación al supuesto autor de los hechos.

De la conferencia surgieron varias propuestas: entre ellas fortalecer el Servicio Nacional de Defensa Pública y en base a este modelo institucional, por su rol protagónico en la reforma procesal penal, rediseñar el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (RELEVIC), de modo que cuente con las condiciones operativas para ofrecer un servicio de asistencia legal adecuado a las víctimas.

Al finalizar la actividad, el conferencista respondió cada una de las inquietudes de los presentes. El evento se celebró en el Salón de Actividades de la Universidad UTESUR, que contó con la asistencia de vicerrectores, directores de escuelas, profesores y estudiantes, así como invitados especiales.

La actividad fue moderada por la Licda. Karina Pérez, coordinadora de la Unidad de Justicia Civil y Comercial de la iniciativa, quien compartió con los presentes su misión, visión y objetivos. Este evento es el primero de la agenda de actividades que se estarán realizando en ocasión del segundo aniversario del OJD-Funglode.

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