OBSERVATORIO JUDICIAL DOMINICANO

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Director Observatorio Judicial Dominicano considera localizadores electrónicos deben ser regulados por ley

 

Harold Modesto, director del OJD-Funglode, fue entrevistado por los periodistas Héctor Tineo, Mozart De Lancer y Pedro Caba, conductores del programa Diario de Cuatro, transmitido por Telefuturo Canal 23.

 

telefuturo23(Santo Domingo, D.N., 4 de marzo de 2016). Durante su participación en el programa televisivo Diario del Cuatro, Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano (OJD) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), consideró que sería factible crear una ley que regule el uso de los localizadores electrónicos en los procesos penales.

“Desde la implementación del Código Procesal Penal en 2004, llevamos 11 años esperando que se aplique lo que dispone el ordinal 5 del artículo 226 de dicho código, relativo a la colocación de localizadores electrónicos como medida de coerción. Ahora surge la necesidad de crear una ley que regule este aspecto, pensando en que la misma no se limite a las medidas de coerción, sino que revisemos en qué otras circunstancias puede ser útil su uso”.

El abogado fue entrevistado este viernes 4, por los periodistas Héctor Tineo, Mozart De Lancer y Pedro Caba, en el programa que se transmite por Tele Futuro canal 23.

Modesto citó como ejemplos a Costa Rica, México y Perú, donde existen leyes relativamente recientes que regulan la vigilancia electrónica personal.

El problema del costo y las vulnerabilidades

El director del OJD-Funglode, sostuvo que debe entenderse que a ningún ciudadano se le “beneficia” con una medida de coerción, pues se está restringiendo su libertad. El fin de la medida es garantizar la presencia del imputado a todos los actos del procedimiento, y cuando se impone es porque el imputado no ha logrado fortalecer, entre otras, la presunción razonable de que no existe el peligro de fuga.

Así mismo, manifestó que deben tomarse en cuenta algunas circunstancias que por el costo que implica la colocación del localizador, hacen parecer excesiva la medida cuando el imputado es quien se pretende que lo asuma. Aseguró que debe ser exclusiva responsabilidad del Estado.

“Si nos detenemos a pensar que el Servicio Nacional de Defensa Pública asume la representación de los imputados en el 80% de los procesos penales, y la característica que los distingue es la escasez de recursos, cómo podemos pretender que se les imponga esta medida en dichas condiciones”, expresó.

El también docente de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), agregó que las estadísticas del Poder Judicial correspondientes al año 2014 indican que se conocieron 27 541 medidas de coerción, pero estas no reflejan cuantas fueron conocidas en 18 distritos judiciales cuya información no está registrada en los informes. “Si a esto prestamos la debida atención, no nos sorprenderá encontrar miles de imputados ―carentes de recursos― cuya representación es asumida por la Oficina Nacional de Defensa Pública”, dijo.

Otro aspecto, que no debe escapársele a quien lleva la dirección de la política criminal del Estado, es “que la colocación de los localizadores electrónicos es más bien complementaria a otras medidas, además debe blindarse contra ilícitos que tengan por objeto burlar la geolocalización de un imputado, pues cada paso político criminal, puede ejercer ciertas presiones y estas originan nuevas modalidades delictivas. Esta es una tensión permanente entre el genio de la persecución y el genio del delito”, concluyó.

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