OBSERVATORIO JUDICIAL DOMINICANO

Justicia Penal en la República Dominicana

Resumen histórico

El sistema de justicia penal está compuesto por un conjunto de instituciones y de agentes estatales que interactúan con el objetivo de hacer cumplir la ley penal. Por tanto, las actividades primordiales que en él se suscitan corresponden al ejercicio del poder punitivo y la contención de dicho poder a través de los órganos a los que la ley concede esta potestad.

Cuando se habla de justicia penal en República Dominicana se deben tener presentes varios acontecimientos, entre los cuales cabe resaltar:

I. La traducción y adaptación de los códigos franceses de la Restauración;

II. La promulgación del Código de Procedimiento Criminal el 27 de junio de 1884;

III. La promulgación de la Ley núm. 821 (1927) sobre Organización Judicial;

IV. La promulgación de la Ley núm. 224 (1984), sobre Régimen Penitenciario;

V. La promulgación de la Ley núm. 76-02, Código Procesal Penal dominicano;

VI.La promulgación de la Ley núm. 78-03, Estatuto del Ministerio Público;

VII. La promulgación de la de Ley núm. 278-04 sobre la implementación de la Ley No. 76-02;

VIII. La promulgación de la Ley núm. 277-04, mediante la cual se creó el Servicio Nacional de la Defensa Pública (SNDP);

IX. La promulgación de la Constitución del 26 de enero de 2010.

El primero de estos acontecimientos se suscitó después del proceso de independencia, el cual trajo consigo el establecimiento de un sistema de normas regido por un derecho autónomo. Las leyes haitianas mantuvieron su vigencia, en 1845 el legislador dominicano entendió que resultaba más conveniente para la nueva república mantener los Códigos Franceses de la Restauración para que los tribunales continuaran en funcionamiento.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo entendió como ineludible la traducción de los códigos de la Restauración y su adaptación a la Constitución del 6 de noviembre de 1844. Este proceso de traducción no inició sino hasta 1859 y de acuerdo con Vega (2004), fue “insatisfactorio” debido a que la adaptación no resultó con la calidad esperada. Años más tarde fue promulgado el Código de Procedimiento Criminal el 27 de junio de 1884.

Paralelo a la adecuación de los códigos, se crearon nuevos órganos jurisdiccionales y se adhirieron nuevas funciones a ciertos tribunales, entre ellos, la Suprema Corte de Justicia como tribunal de casación. Dentro de sus atribuciones, el alto tribunal tenía competencia para conocer de todas las sentencias que habían adquirido el carácter de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Estas funciones fueron ampliadas con la proclamación de la Constitución de 1858: a partir de ese momento, la SCJ conocería de las causas criminales en atribución de tribunal de alzada de la Corte de Apelación y sería competente para conocer de los recursos de casación de las sentencias.

En 1908 se dictó la Ley núm. 4845, sobre Organización de los Tribunales y de Procedimiento de Casación, que cambió el nombre de tribunales de apelación a cortes de apelación como tribunales de alzada de los juzgados de primera instancia.

El tercer acontecimiento se registra a partir de 1927, con la promulgación de la Ley núm. 821 sobre Organización Judicial, creada con el objetivo de regular el funcionamiento y las atribuciones de los órganos del Poder Judicial. Durante los años de la primera intervención de Estados Unidos (1916-1924) la legislación penal se mantuvo en iguales condiciones, salvo por el establecimiento de la figura del hábeas corpus, entendido como uno de los aportes de dicha intervención.

Lo mismo ocurrió durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina entre los años (1930-1961). Según Bonelly (2007), las modificaciones que se insertaron en la justicia penal durante esos años “tuvieron por propósito acomodar la ley a los intereses del tirano” (p.24).

En el año 1954 fue promulgada la Ley núm. 4012, que modificó los artículos 43 y 51 de la Ley núm. 821, que establecía en el párrafo dos de su artículo único, que los tribunales de primera instancia con plenitud de jurisdicción fuesen divididos en dos cámaras: una penal y otra civil. Esta medida facilitaría el desenvolvimiento de las labores judiciales a su cargo y mantendría el principio de unidad jurisdiccional.

El cuarto acontecimiento se verifica el 26 de junio de 1984, cuando fue promulgada la Ley núm. 224 sobre Régimen Penitenciario, basada en la Constitución de la República y las Reglas Mínimas aprobadas en la Convención de Ginebra de 1955, sobre el tratamiento del delincuente. Fruto de este acontecimiento, en 1993, el Poder Ejecutivo dispuso crear cárceles modelos exclusivas para mujeres, esquema que fue extraído del modelo penitenciario latinoamericano con el objetivo de afianzar el principio que regula la ortodoxa “segregación reclusial”.

En ese momento fue necesario establecer un “sistema penitenciario” que respondiera a los conceptos modernos de la penología, en el sentido de que los internos en los centros penitenciarios estuvieran separados en razón de su sexo y que al mismo tiempo estos cambios se adaptaran a las posibilidades del Estado dominicano, esto con miras a garantizar la resocialización del interno y hacer más coherente la normativa penal con los instrumentos internacionales ratificados por República Dominicana.

El quinto acontecimiento se ubica con la promulgación del Código Procesal Penal (CPP) mediante la Ley núm. 76-02. Este código introdujo cambios significativos en el sistema de justicia penal. A partir de este momento el sistema de justicia penal pasó de ser inquisitorio a constituirse en un sistema acusatorio-adversarial, lo que trajo consigo la creación de nuevas instituciones y la redefinición en los roles de los funcionarios judiciales en las distintas etapas del proceso penal.

El Código Procesal Penal consagra una serie de principios fundamentales, entre los cuales es importante resaltar el principio de separación de funciones, en el cual se manifiesta una de las diferencias más marcadas entre el nuevo código y el Código de Procedimiento Criminal de 1884, en razón de que por primera vez se estableció que las funciones de investigación y persecución deben estar separadas de la función jurisdiccional, de modo que en la resolución de un conflicto el juez no pueda realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal ni el ministerio público actos jurisdiccionales.

También, fue establecido el principio del plazo razonable para evitar que la duración de los procesos judiciales se extendiera innecesariamente y así descongestionar los tribunales de la jurisdicción penal.

En el Código Procesal Penal se estableció la figura del juez de ejecución de la pena (JEP), contenida en el Título I del Libro IV, dedicado a la ejecución penal. En algunos países de Latinoamérica esta figura es llamada juez de vigilancia de la pena, porque además de ejecutar sentencias se encarga de vigilar todo el proceso de ejecución de la sanción impuesta a la persona.

El artículo 437 de dicho código dispone que el JEP controle el cumplimiento adecuado de las sentencias condenatorias y resuelva todas las cuestiones que se suscitan durante la ejecución. Años más tarde la Suprema Corte de Justicia dictó la Resolución núm. 296-05 del 31 de enero de 2006, que establece el reglamento del juez de ejecución de la pena.

Uno de los aspectos más significativos del proceso de transición del Código de Procedimiento Criminal al Código Procesal Penal, fue la emisión de las resoluciones  que dispusieron medidas anticipadas a la entrada en vigencia de este último, entre las que se pueden señalar, la resolución núm. 1920-2003 dictada por la Suprema Corte de Justicia y la núm. 14786-2003, dictada por la Procuraduría General de la República.

En el caso de la resolución núm. 1920-2003, extrajo de la Constitución y Código Procesal Penal algunos principios a los que debían ajustarse los distintos actores del proceso, sobre todo los jueces y el ministerio público. En dicha resolución la SCJ ordenó que las salas de audiencia fueran modificadas, y a la vez estableció una serie de cambios para garantizar la oralidad en las distintas etapas del proceso.

El sexto acontecimiento fue la promulgación de la Ley núm. 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Público, este también se ubica dentro de la ola de reformas que se estaba suscitando en la mayoría de los sistemas de justicia penal en Latinoamérica. Fue también un importante paso para el avance del proceso de reforma en el país, dada la necesidad de un Ministerio Público más sólido y a tono con éste nuevo sistema de normas.

El rango de acción del Ministerio Público resultó en una ampliación significativa, por ejemplo se le otorgó la dirección de la investigación y la resolución alternativa del conflicto, convirtiéndose a la luz de la nueva normativa en uno de los entes más activos del proceso penal. Esto demandó mayor fortalecimiento en la formación y la capacitación de sus integrantes, así como la uniformidad de las reglas que gobiernan la institución.

La Ley núm. 78-03 le otorgó al Ministerio Público mayor independencia funcional y administrativa, de manera que en el desarrollo del proceso de investigación su única limitación consista en que todas sus diligencias estén apegadas a la legalidad y disponga de todas las herramientas necesarias para conducir y mantener la acción penal pública.

En cuanto a su independencia, el estatuto establece en su artículo tres que a partir de su publicación los miembros del Ministerio Público quedan incorporados un régimen de carrera especial del Ministerio Público, y, como tales, sus respectivos cargos son instituidos como de carrera. Esta declaración encuentra su fundamento en los 15 principios de su estatuto y en lo contenido en su artículo 97, que obliga a los miembros de este órgano a someterse a un sistema de formación continua que contribuya a garantizar su permanencia y a adquirir nuevas habilidades.

El séptimo acontecimiento importante se ubica con la promulgación de la Ley núm. 278-04, mediante la cual fue establecido un sistema de liquidación de las causas en trámite con el Código de Procedimiento Criminal al 27 de septiembre de 2004. La liquidación tenía como fin descongestionar los tribunales penales de los procesos judiciales que habían sido apoderados con el viejo código y que por su poca relevancia social y escasa lesividad podrían ser expiados de manera general.

Esta norma definió los límites sobre los que la estructura liquidadora funcionaría, creando órganos destinados a seguir conociendo las causas durante el proceso de transición para que los tribunales de justicia penal no continuaran congestionados con los procesos iniciados con el Código de Procedimiento Criminal.

Asimismo, esta norma dividió en dos los procedimientos que deberían ser llevados a cabo por los tribunales liquidadores, con la finalidad de que conocieran esas causas que con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal continuaban pendientes de decisión, estas dos modalidades fueron la liquidación extraordinaria y ordinaria.

En el caso de la liquidación extraordinaria fue establecido que el plazo máximo para el conocimiento del proceso fuese de dos años a partir de la promulgación de la Ley; una vez vencidos esos dos años las causas pendientes seguirán tramitándose dentro de la estructura liquidadora de conformidad con el Código Procesal Penal.

De igual forma en el artículo siete de esta ley se estableció que a partir del 27 de septiembre de 2004 el Código Procesal Penal entraría en vigencia de manera parcial para todo el territorio nacional y que la etapa de liquidación debería tener una duración de aproximadamente cinco años a partir de su promulgación.

El octavo evento importante se registra con la promulgación de la Ley núm. 277-04, que creó el Servicio Nacional de la Defensa Pública (SNDP) y su órgano ejecutivo la Oficina Nacional de la Defensa Pública, como el órgano encargado de ofrecer asistencia legal gratuita a aquellos ciudadanos que no contaban con recursos económicos suficientes para financiar una digna representación en los tribunales.

La Oficina Nacional de Defensa Pública inició como parte de la Suprema Corte de Justicia con el nombre de Departamento de litigantes creado mediante la resolución núm. 512–2002, a partir de esta resolución comenzó a materializarse la idea de una defensa penal gratuita y proporcionada por el Estado. Y, en consecuencia, luego quedaría establecida en la Ley núm. 277, como un órgano con autonomía funcional y presupuestaría.

Fruto de este proceso de reformas, en el mismo año fue establecido el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria (NMGP), que inició a desarrollarse en 2004. Los institutos bajo este modelo se denominan Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR).

El noveno acontecimiento importante se ubica con la proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010, mediante este texto se integró a la norma sustantiva por vez primera la función del Ministerio Público, la cual lo definió como el órgano del sistema de justicia responsable de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad, así como de formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad.

Anteriormente, la función de este órgano del sistema de justicia penal se limitaba solo a dirigir la investigación de los hechos de carácter penal en representación de la sociedad; a la puesta en movimiento y el ejercicio de la acción pública; proteger a las víctimas y testigos en el ámbito de las actuaciones que realice y ejercer y cumplir todas las demás atribuciones conferidas en la Ley núm. 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Público.

Posteriormente, a mediados de 2011, se promulgó la Ley núm. 30-11 que regula el funcionamiento del Consejo Superior del Ministerio Público, el recogería en el marco de sus competencias aquellas funciones que otrora ejercían el Consejo General de Procuradores, el Consejo Superior Disciplinario y el Consejo Disciplinario Departamental, y que constitucionalmente se denomina el órgano de gobierno interno del Ministerio Público de República Dominicana.

En junio de 2011 se promulgó la Ley Orgánica del Ministerio Público, núm. 133-11, orientada a concluir el proceso de democratización interna del Ministerio Público, a través de la desconcentración de la toma de decisiones administrativas del Procurador General de la República, y con un énfasis marcado en robustecer el sistema de carrera en el que todos sus integrantes, con excepción del procurador general de la República y la mitad de un total de 14 procuradores generales adjuntos, quedan sujetos a un riguroso escalafón.

Organización de la justicia penal dominicana

Segunda Sala o Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales. Tiene competencia nacional para conocer y fallar todos los asuntos en materia represiva de que sea apoderada la Suprema Corte de Justicia, por imperio de la ley, sean objeto de apoderamiento como tribunal de alzada o en primer y único grado. Sus jueces miembros son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Las cámaras penales de las cortes de apelación y equivalentes. Conocen de las apelaciones a las sentencias, de conformidad con la ley; en primera instancia de las causas penales seguidas a jueces de primera instancia o sus equivalentes, procuradores fiscales, titulares de órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, gobernadores provinciales, alcaldes del Distrito Nacional y de los municipios, y de los demás asuntos que determinen las leyes. Asimismo, comprenden divisiones territoriales denominadas departamentos judiciales, dentro de los cuales se encuentran los distritos judiciales.

Las cámaras penales de los juzgados de primera instancia y equivalentes. Conocen en primer grado de todas las materias que no les sean atribuidas por ley a otro tribunal y los demás asuntos que les atribuye de manera expresa la ley. Los juzgados de primera instancia o sus equivalentes se crean con el número de jueces y la competencia territorial que determine la ley, se encuentran dentro de una demarcación territorial que se denomina distrito judicial y que normalmente corresponde a una provincia.

Los juzgados de primera instancia están organizados de la siguiente forma:

a) Tribunales colegiados. Son los órganos judiciales encargados de conocer de los casos cuya pena privativa de libertad máxima prevista sea mayor de dos años. Los tribunales colegiados tendrán competencia territorial dentro del distrito judicial para el cual han sido designados y cuya sede será el municipio cabecera de ese distrito judicial.

b) Tribunales unipersonales. Son los órganos judiciales encargados de conocer de modo unipersonal del juicio por hechos punibles que conlleven penas pecuniarias o pena privativa de libertad, cuyo máximo previsto sea de dos años, o ambas penas a la vez. Son igualmente competentes para conocer de modo unipersonal de las acciones de hábeas corpus que le sean planteadas y de los hechos punibles de acción privada.

Juzgados de primera instancia especializados:

a) Tribunales de niños, niñas y adolescentes. Conocen de los procesos judiciales en materia penal en asuntos de familia y protección, referentes a niños, niñas y adolescentes, y excepcionalmente de toda otra materia que se les atribuya. Estarán compuestos tanto por una sala civil y una sala penal, que funcionarán con independencia una de otra, en sus respectivas competencias.

b) Jueces de ejecución de la pena. Tienen a su cargo el control del cumplimiento adecuado de las sentencias condenatorias y resuelve todas las cuestiones que se suscitan durante su ejecución. También controla el cumplimiento de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del procedimiento, según los informes recibidos, y en su caso, los transmite al juez competente para su revocación o extinción de la acción penal.

c) Tribunal de control de las sanciones de la persona adolescente. Es competente para conocer del control de la ejecución de las sentencias irrevocables y de todas las cuestiones que se planteen sobre la ejecución de la sanción privativa de libertad y de cualquier otra sanción o medida ordenada contra la persona adolescente, de conformidad a lo contemplado en la Ley núm. 136-03 Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

d) Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción. Es la oficina responsable del apoderamiento de los casos y las solicitudes que sean de competencia de los juzgados de la instrucción, ya sea a través del sorteo electrónico aleatorio o por apoderamiento directo, también recibe y resuelve de manera administrativa todo tramite o solicitud que no requiera de celebración de audiencia, tales como los asuntos que no admiten demora y que son competencia de las OJSAP en horario extendido.

e) Juzgados de la instrucción. Son competentes para resolver todas las cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio, dirigir la audiencia preliminar, dictar las resoluciones pertinentes y dictar sentencia conforme a las reglas del procedimiento abreviado.

f) Oficinas judiciales de servicios de atención permanente. Oficina adscrita a la jurisdicción de la instrucción, competente para resolver de manera exclusiva aquellos casos, procedimientos y diligencias que no admitan demora todos los días durante el día y la noche en todo el territorio nacional.

Los juzgados de paz y equivalentes. Son tribunales unipersonales y en la pirámide de la estructura judicial son los órganos de menor jerarquía. La ley determinará el número de juzgados de paz y sus equivalentes, sus atribuciones, competencia territorial y la forma en que estarán organizados. En la actualidad existen en funcionamiento ciento sesenta y cuatro (164) juzgados de paz, corresponden a la demarcación territorial comprendida por un municipio, en cuyo interior pueden existir más de uno.

¿Por qué observar la justicia penal?

La justicia penal es administrada por los tribunales de la República, cuya función esencial consiste en dirimir los conflictos que surgen entre el imputado de cometer una infracción a la ley penal y la víctima del ilícito, ya sea el Estado o un particular.

En la búsqueda de restaurar el orden social, los agentes del sistema de justicia penal deben garantizar que se respeten los derechos de la víctima y del imputado y que el conflicto se resuelva atendiendo al debido proceso. Es por esto, que observar la justicia penal implica un ejercicio de control habitual de las sociedades democráticas, que permite advertir en el comportamiento de los actores del sistema, aquellas cuestiones que permiten explicar tanto la gestación como la evolución de los fenómenos de poder que se suscitan en el ámbito judicial.

Tomando en consideración los diversos acontecimientos que en épocas distintas impulsaron cambios en el sistema de justicia penal, cada día es más necesario aumentar el nivel de escrutinio de las instituciones responsables de ejercer el poder punitivo del Estado y hacer cumplir la ley penal.

¿Qué observa el OJD de la justicia penal?

Observa el funcionamiento y el comportamiento de los órganos jurisdiccionales, los fenómenos que se originan en la materialización de la función judicial, así como las relaciones de contención frente a los órganos, agentes y entidades llamadas a ejercer el poder punitivo del Estado. También la interacción con los órganos no jurisdiccionales del sistema de justicia y las repercusiones de sus decisiones, entendidas en el contexto social y judicial.

Las investigaciones del OJD están orientadas al análisis de los fenómenos observados en esta área de justicia, basándose en información y datos provenientes del Poder Judicial o generados por el mismo observatorio, que permitan ofrecer a la sociedad dominicana estudios sobre aspectos relevantes como:

· Acceso a la justicia penal

· Calidad del servicio

· Democratización de la justicia

· Duración y dilación de los procesos

· Litigiosidad y carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos

· Producción y productividad

· Eficiencia y costos

· Transparencia

· Tendencias jurisprudenciales

Referencias

Vega, M. U. (2007). Antecedentes históricos de legislación penal dominicana. En J. De la Mata Amaya, J. M. Sánchez Tomás, R. Alcácer Guirao, J. A. Lascuraín Sánchez, M. Rusconi, M. U. Bonelly, y otros, Teoría del Delito (págs. 21-36). Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura.

Vega, W. (2004). Historia del Derecho Dominicano. Santo Domingo, República Dominicana: Amigo del Hogar.