OBSERVATORIO JUDICIAL DOMINICANO

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“Innovación”: palabra clave para el desarrollo de la abogacía en República Dominicana 

 

Héctor Peña
Asistente de investigación

Sabrina Mañon
Asistente de investigación

 

(Santo Domingo, 1.o de febrero de 2016). A finales de 2015 los miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) fueron convocados a la Asamblea General Electoral, con la finalidad de elegir a los integrantes de la Junta Directiva, el Tribunal Disciplinario y la Junta Directiva Seccional de dicho órgano. Como ocurre cada dos años, en el primer sábado del mes de diciembre, los abogados decidieron en las urnas cuáles serían sus representantes en este gremio durante el próximo bienio.

Tras cada elección de la directiva del CARD la plancha victoriosa recibe la oportunidad de liderar un proceso de transformación. Los miembros que han resultado electos, en esta “corporación de derecho público interno de carácter autónomo y con personalidad jurídica propia”, tienen en sus manos los anhelos de una sociedad que ansía ser testigo de la evolución de este importante segmento profesional.

Según la Ley núm. 91-83, el CARD es una organización diseñada para cumplir con múltiples fines, entre ellos cabe destacar: a) organizar y unir los abogados de la República estimulando el espíritu de solidaridad entre sus miembros; b) defender los derechos de los abogados y el respeto a la consideración que merecen y se merecen entre ellos, así como los intereses morales, intelectuales y materiales de su profesión; c) adoptar el Código de Ética Profesional; d) impulsar el perfeccionamiento del orden jurídico, procurando el progreso de la legislación mediante el estudio profundo y sistemático de la ciencia jurídica en todas sus vertientes y especialidades, entre otras.

El último de los fines mencionados parece ser uno de los que requiere mayor compromiso; impulsar el perfeccionamiento del orden jurídico es una ardua tarea que sólo puede llevarse a cabo por un Colegio de Abogados proactivo y con capacidad de incidir en los cambios que va requiriendo naturalmente una sociedad democrática en constante desarrollo.

Probablemente, lo que falta a la abogacía no son alternancias ni cambios de rostros en la directiva del CARD, de lo que puede estar careciendo es del entendimiento del potencial social que posee una clase que, si decidiera aunar esfuerzos para promover cambios, y tuviera un mayor sentido de responsabilidad en relación a las reformas que ha vivido el país desde 1994, la sociedad no dudaría de que el Colegio responde a una genuina necesidad de que los abogados del país estén organizados y adquieran poder de acción real y efectivo.

Pero antes, debe darse una ruptura con el estereotipo del profesional del derecho tradicional, pues este puede tener algunas dificultades para adaptarse a los cambios que han acontecido, sin mayores traumas, en otras áreas del conocimiento. En el mismo orden de las ideas, no se debe ignorar que el conflicto del que se apodera a un tribunal y requiere de la participación de un abogado, es una invitación constante a innovar para que cada medio de interacción a la disposición de este actor facilite la solución de dicho conflicto.

Es oportuno reflexionar, por ejemplo, acerca de lo que ha pasado con la abogacía en República Dominicana, que aún no saca provecho del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Bastaría pues, para considerar la necesidad de ser innovadores, con imaginar los beneficios que habría dejado de percibir la humanidad si en la medicina, la ingeniería y la educación no se hubiesen producido los hallazgos y avances que se disfrutan el día de hoy.

En palabras simples: innovar no es inventar la rueda ni copiar el manual

Innovar conduce a pensar en cambios que deben introducir novedades; es colocar las ideas al servicio de los esfuerzos para modificar lo conocido en busca de mejores aplicaciones. Es oportuno compartir un ejemplo de innovación que se ha suscitado en España ─cuyas buenas prácticas sirven de referencia a toda Iberoamérica─, donde a partir de la promulgación de la Ley 42/2015 (que reforma la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) desde enero de 2016 todos los procesos en materia penal, civil, laboral y contencioso-administrativo, que no necesitan la intervención de un procurador, se pueden realizar a través de medios telemáticos.

Sin embargo, antes de esta Ley se emitió el Real Decreto 84/2007, del 13 de febrero de 2007, que en su artículo 2 establece el sistema informático Lexnet: un medio de transmisión seguro de información, que mediante el uso de firma electrónica reconocida, en los términos establecidos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, satisface, por un lado, “las características de autenticación, integridad y no repudio, y mediante los mecanismos técnicos adecuados las de confidencialidad y sellado de tiempo, conforme lo establecido en el artículo 230 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial” y, por otro, “el cumplimiento de los requisitos exigidos en las leyes procesales, prestando las funcionalidades indicadas en el anexo V de este real decreto y cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente”.

Lexnet permite al abogado enviar y recibir notificaciones y comunicaciones judiciales desde un teléfono móvil o una computadora durante las 24 horas del día, además posibilita el depósito de instancias en el tribunal sin la necesidad de trasladarse.

Si bien esta herramienta fue desarrollada por el Ministerio de Justicia, no deja de sorprendernos que, por otra parte, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), una entidad superior que alberga a los ochenta y tres colegios de abogados en España, haya creado una infraestructura tecnológica denominada RedAbogacía, cuyas aplicaciones están diseñadas para el ejercicio de la profesión, contribuyendo a hacer más eficiente el trabajo diario de los abogados, permitiendo ahorrar costes y tiempo.

En RedAbogacía, un abogado que posea su carnet avalado por la Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA), puede acceder mediante su colegio a una zona segura para realizar las gestiones administrativas por las vías telemáticas, tales como el pago de impuestos a la Agencia Tributaria, o presentarse a cualquier centro penitenciario con una autorización previa, la cual es remitida al colegio y al lugar del destino.

En conclusión, si no es imposible ver avances de esta naturaleza en República Dominicana, y el lector de este artículo se ve tentado a no guardar el “secreto”, quiere decir que ya es tiempo de empezar a innovar para el desarrollo de la abogacía en el país, un paso inmediato, a modo de recomendación al CARD, es tomar en cuenta a las instituciones nacionales que podrían apoyar iniciativas como el ejemplo anterior, entre ellas la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) y el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

Referencias

Consejo General, Abogacía Española: «¿Qué es Lexnet Abogacía y qué ventajas te ofrece?», Madrid, España, 2016. Disponible en: http://www.abogacia.es, [Consulta: 25 de enero de 2016].

Ley núm. 91-83: «que instituye el Colegio de Abogados de la República Dominicana», G.O. 9606, Congreso Nacional, República Dominicana, 3 de febrero de 1983. Disponible en: www.consultoria.gov.do, [Consulta: 25 de enero de 2016].

Ley 59/2003, BOE núm. 304, Madrid, España, 20 de diciembre de 2003. Disponible en: www.boe.es, [Consulta: 25 de enero de 2016].

Ley 42/2015 «que modifica la Ley 1-2000 de Enjuiciamiento Civil», B.O.E.239, Madrid, España, 5 de octubre de 2015. Disponible en: www.boe.es, [Consulta: 25 de enero de 2016].

Real Decreto núm. 84/2007, B.O.E. 38, Madrid, España, 13 de febrero de 2007. Disponible en: www.boe.es, [Consulta: 25 de enero de 2016].


Notas

1. Ley núm. 91-83, del 3 de febrero de 1983 (G.O núm. 9606).

 

Artículo disponible en el diario digital Nuevo Diario en el siguiente enlace:
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=463226

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