Buenos Aires, 19 de febrero de 2026. El Observatorio Judicial Dominicano, iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) orientada al análisis del sistema de justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, realizó una entrevista especializada con el jurista Hugo César Giménez, director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Pública del Paraguay, quien analizó los desafíos estructurales de la prisión preventiva en América Latina.
Durante el diálogo, el especialista explicó que la prisión preventiva medida cautelar excepcional que restringe la libertad de una persona acusada antes de una sentencia firme continúa siendo uno de los temas más sensibles en los sistemas de justicia penal de la región. Según indicó, su aplicación frecuente responde no solo a factores jurídicos, sino también a dinámicas sociales y culturales que influyen en la toma de decisiones judiciales.
Giménez advirtió que la presión social suele convertirse en un factor determinante en el comportamiento de los tribunales. “Si el juez decide liberar a una persona y la sociedad considera que no debió ser así, probablemente reciba mucha presión para que vuelva a ingresarla en prisión”, explicó, señalando que ante este escenario muchos magistrados optan por mantener la prisión preventiva hasta resolver el proceso, antes que asumir el costo social de una decisión distinta.
El jurista también sostuvo que este fenómeno se ve agravado por debilidades institucionales para supervisar medidas alternativas a la privación de libertad, lo que convierte a la prisión en la respuesta más utilizada dentro del sistema penal. No obstante, insistió en que la dignidad humana y la presunción de inocencia deben preservarse incluso en contextos de alta demanda social por seguridad.
Desde una perspectiva jurídica, el especialista enfatizó que el respeto al debido proceso fortalece la eficacia del sistema penal. En ese sentido, recordó que el derecho penal debe funcionar como un límite al poder punitivo del Estado. “Después de todo, el derecho penal tiene una función específica, que es ser el límite al poder punitivo del Estado”, afirmó.
Durante la conversación también abordó el impacto de las nuevas tecnologías en la administración de justicia, defendiendo el uso estratégico de herramientas como la inteligencia artificial y el análisis de datos para diseñar políticas criminales más eficaces. A su juicio, estas herramientas pueden contribuir a mejorar la toma de decisiones judiciales, siempre que se utilicen como apoyo al criterio humano y no como sustituto del mismo.
La entrevista concluyó con un llamado a los Estados latinoamericanos a avanzar en políticas públicas integrales que combinen reformas normativas, fortalecimiento institucional y acceso efectivo a la defensa técnica. Con este tipo de iniciativas, el Observatorio Judicial Dominicano de Funglode reafirma su compromiso con la generación de conocimiento especializado y el análisis comparado de los sistemas judiciales, contribuyendo al debate regional sobre el fortalecimiento del Estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales.
