Santo Domingo, 5 de diciembre de 2013. El Observatorio Judicial Dominicano (OJD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), auspició el panel “La persecución de ilícitos de alta tecnología y las nuevas tendencias de la justicia penal”, con la finalidad de analizar la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y debatir la incidencia de este tipo de ilícitos en República Dominicana.

El panel contó con la participación de Licurgo Yunes Pérez, coronel de la Policía Nacional y director del Departamento de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología de la institución, quien sostuvo que el avance de la tecnología ha generado la ciberdelincuencia y a los cibercriminales.

“La ciberdelincuencia en República Dominicana se está desarrollando desde diferentes plataformas, vía telefónica, accesos ilícitos a cuentas vía electrónica, violación de páginas Web y los delincuentes buscan las vulnerabilidades de estas plataformas”.

Se refirió con especial interés a las vulnerabilidades de las páginas Web y opinó que dentro de los usuarios hay mucho desconocimiento de protección de la tecnología.

“Los manejadores de contenido más usados para diseñar páginas Web adolecen de serias vulnerabilidades que ponen en riesgo la seguridad del sitio virtual. Dentro de las principales están los virus, los correos masivos con códigos internos y la modificación de códigos de navegación, entre otras”, precisó.

Informó que, para ayudar a disminuir estas vulnerabilidades, el Departamento de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología de la Policía Nacional tiene a disposición de la población un sistema de seguridad y testeo para desarrolladores de páginas Web, que ayuda a aumentar los niveles de seguridad de esas plataformas.

El coronel Licurgo Yunes Pérez indicó que la Policía Nacional ha desmantelado 213 bandas criminales, nacionales e internacionales, que se dedicaban a cometer ilícitos de alta tecnología, con lo que han recuperado alrededor de 100 millones de pesos.

Igualmente, la actividad contó con la intervención de Juan Luis Villanueva Beato, exprocurador fiscal adjunto del Distrito Nacional, adscrito al Departamento de Propiedad Intelectual, quien detalló las infracciones por accesos ilícitos que contempla la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Dijo que se consideran como delitos de alta tecnología aquellas infracciones que se cometan en perjuicio de las personas o bienes jurídicos relevantes, tales como las telecomunicaciones, los sistemas de información y la privacidad de las personas.

Asimismo, en el panel intervino Désirée Barinas Ubiñas, doctora en Derecho, con maestría en Derecho de Multimedia e Informática, quien reflexionó sobre tecnologías de la información, ilícitos de alta tecnología y el derecho a la vida privada.

Planteó que “si bien es cierto que la sociedad de la información nos da muchas ventajas, también hay atentados que debemos reconocer para poder utilizar y aprovechar estas tecnologías de una forma protegida, para garantizar nuestros derechos fundamentales, como la vida privada”.

Sostuvo que la excesiva exposición de información personal, puede afectar la vida privada. “A diario, inconscientemente exponemos informaciones personales a gente que puede mal utilizar esos datos”, expresó.

Explicó que la información personal que se recolecta por múltiples vías, luego se digitaliza, generando una base de datos interconectada que está expuesta al acceso ilícito, a la interceptación de las telecomunicaciones, al registro y manipulación masiva de la información, a la masificación de las difusiones y que, en el caso de difamación e injuria, utilizando estos accesos, el daño a la persona se multiplica.

Désirée Barinas Ubiñas se propuso llevar al ánimo del público presente importantes interrogantes sobre el tema: “¿Tiene que estar la Internet fundamentada en una estructura de vigilancia? ¿Por qué mejor no hacemos que la ley obligue a que los códigos de informática tomen en cuenta la privacidad desde su diseño, para garantizar que todos tengamos un verdadero control de la información, que usted sea el que autorice la información pública?” y, a partir de las mismas, concluyó diciendo que más allá de considerar las consecuencias de los ilícitos de alta tecnología es indispensable contemplar sus causas.