Santo Domingo, 22 de septiembre de 2014. El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero Ortega, sostiene que la Ley núm. 107-13, sobre Derechos y Deberes del Ciudadano frente a la Administración Pública, mejorará el acercamiento de los ciudadanos a los procedimientos administrativos.
“Entre las ventajas que permite está la mejora de la posición jurídica de todas las personas que se relacionen con la Administración. Por cierto, no solo los ciudadanos, ni solo los residentes de República Dominicana, sino cualquier persona física o jurídica que entable un procedimiento administrativo”, precisó.
En una entrevista realizada por Ramón Jorge, coordinador de la Unidad de Justicia Laboral, Tributaria y Administrativa del Observatorio Judicial Dominicano (OJD), el catedrático sostuvo que la nueva ley representará también una ventaja económica para el país.
“La entrada en vigor de la norma hará más atractiva la realización de actividades económicas de inversionistas en República Dominicana”, indicó.
La Ley núm. 107-13, que establece los principios de la administración pública frente al ciudadano y viceversa, fue promulgada en agosto del 2013 y entrará en vigencia a partir de febrero del 2015.
El experto estimó que dentro de los retos que enfrentará la ley está la procrastinación, es decir, la tendencia a retrasar las tareas.
“Si las labores de puesta en marcha de las reformas organizacionales y procedimentales requeridas por la nueva ley se posponen dificultaría mucho su efectividad”, puntualizó.
Advirtió que el desconocimiento de la ley es otro de los retos. “Las normas hay que ponerlas delante de los ojos de sus aplicadores, explicárselas bien y darle las herramientas para que sepan cómo aplicarlas e interpretarlas”.
La entrevista del OJD, entidad adscrita a la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode), también contó con la participación de Gregorio Montero, especialista en Administración y Políticas Públicas, quien manifestó que uno de los mayores desafíos de esta normativa es el involucramiento de toda la sociedad, incluyendo los ciudadanos y las universidades.
Alegó que las organizaciones de la sociedad civil también deben involucrarse de manera proactiva para la aplicación efectiva de esta norma.
En este sentido, Montero subrayó el rol que debe jugar la comunidad. “No se trata solo de que la ciudadanía entienda cuáles son sus derechos en relación con la Administración Pública, sino también que los ejerciten, reclamen y exijan; esto se puede realizar a través de un sistema de responsabilidades en el Estado y en la Administración Pública”.