La justicia constitucional en República Dominicana nació con la Constitución de 1844, la cual estableció que los tribunales de la República no podían aplicar leyes inconstitucionales. Con esta prohibición se plasma en el texto de la Carta Magna el denominado control difuso de la constitucionalidad. Al mismo tiempo, les fueron concedidos ciertos poderes y facultades a los tribunales de la República, al efecto de que los mismos pudieran declarar inconstitucionales las leyes que fueran contrarias a la Constitución.

Posteriormente, con la reforma constitucional de 1924, se introdujo la figura del control concentrado de la constitucionalidad y se atribuyó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la competencia para conocer en primera y última instancia sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos, cuando fueran de objeto de controversia jurídica y contrarios a la norma sustantiva. Sin embargo, con la reforma de 1927, el legislador constituyente optó por eliminar las figuras del control preventivo y el control concentrado de la constitucionalidad, y estableció el control difuso hasta 1994.

La reforma constitucional de 1994, dio lugar a la creación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), regulado por la Ley Orgánica No. 169-97. Desde entonces, este órgano tiene a su cargo la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, función de la cual fue despojado el Poder Legislativo, en virtud de un significativo paso hacia la independencia administrativa y presupuestaria del Poder Judicial.

La Ley No. 156-97, que modificó la No. 25-91, atribuyó al pleno de la Suprema Corte de Justicia el conocimiento de todo asunto en materia constitucional para el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad, facultad que ostentó hasta 2011, ya que con la reforma constitucional de 2010, fueron creados nuevos órganos jurisdiccionales, cuyos integrantes serían designados por el CNM. Entre tales órganos se encuentra el Tribunal Constitucional, establecido como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad.

La Suprema Corte de Justicia mantuvo las atribuciones de Tribunal Constitucional, en virtud de la tercera disposición transitoria de la Constitución Política de 2010, hasta tanto se integró dicha instancia.

La promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional confirmó el mandato constitucional, estableciendo que dicho tribunal es el encargado de velar por la protección de los derechos fundamentales, la supremacía constitucional y el mantenimiento del ordenamiento jurídico constitucional. Con su creación se introdujeron nuevas instituciones jurídicas, como lo es el control preventivo de la constitucionalidad de los tratados internacionales, y se fijaron pautas precisas sobre la competencia en materia constitucional.