Santo Domingo, D.N., 8 de enero de 2021. Durante el año 2020 el Poder Judicial se vio en la obligación, producto de la situación sanitaria que vive el país a causa de la Covid-19, de tomar medidas preventivas para evitar la propagación de la enfermedad en los espacios destinados a la administración de la justicia.
Las medidas tomadas abarcaron la suspensión de las labores y los plazos procesales durante varios meses. El servicio se reactivó paulatinamente mediante un plan enfocado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Evidentemente, la constitucionalidad de la suspensión del servicio y de los plazos generó debates importantes y provocó el rechazo de la comunidad jurídica. Estas medias, aunque ya habían sido previstas en el Plan Estratégico “Visión Justicia 20-24”, requerían de mayor socialización y participación de la ciudadanía.
Desde entonces, son frecuentes los cuestionamientos al Poder Judicial y, especialmente, al honorable magistrado Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), a quien distintos gremios de abogados han atribuido faltas en el ejercicio de sus funciones, por lo que han elevado al Poder Legislativo instancias con pretensiones como su interpelación, sometimiento a juicio político y destitución.
Además, a lo interno de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, varios jueces han externado su desacuerdo con algunas de las medidas tomadas y la preocupación por las repercusiones que traerá el manejo inadecuado de la crisis en los niveles de confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.
En su discurso, el Presidente de la SCJ, reconoció el esfuerzo de los jueces, juezas y servidores judiciales para afrontar los desafíos impuestos por la pandemia y garantizar la continuidad del servicio judicial, también resaltó los resultados derivados del uso de las TIC para la administración de justicia.
