El presente artículo describe la importancia de la Ley núm. 46-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial como un instrumento para mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información relativa a la titularidad de beneficios de las personas y estructuras jurídicas en el Estado domincano. Así mismo, aborda aspectos generales sobre la prevención del lavado de activos y responde algunas interrogantes relativas a la entrada en vigor de las disposiciones de la misma y al vencimiento de los plazos que contempla.