Santo Domingo, 7 de enero de 2014. El procurador de la Corte de Apelación en funciones de director de la Unidad de Análisis de la Criminalidad del Ministerio Público, Wilson Camacho Peralta, considera que la política del Estado contra la criminalidad en el caso del narcotráfico y del crimen organizado debe ser repensada.
“El crimen organizado se persigue caso a caso y no se está llegando a la estructura completa. Perseguimos al agente del barrio que está moviendo la droga y no nos preocupamos por la persona que le suple; es decir, estamos pensando en atrapar los peones de este juego de ajedrez y no al que lo compró. Por tanto, es necesario que cambiemos la lógica y desmantelemos estructuras de mercado para ser más efectivos en la persecución”, precisó.
Entrevistado por Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano (OJD), Camacho Peralta ponderó que no se están aplicando las acciones adecuadas para enfrentar el crimen organizado.
“Creo que hemos perseguido al crimen organizado de hoy con métodos de ayer. El Estado está en la obligación de dejar esa posición reactiva frente al crimen organizado y asumir una posición proactiva”, puntualizó.
Estableció que la definición de una política de Estado contra la criminalidad debe ser preventiva. “El Estado tendrá que asumir una posición proactiva para articular un conjunto de acciones que puedan prevenir la presencia de cualquier manifestación delictiva, en nuestro caso del crimen organizado”, añadió.
Destacó que el crimen organizado en República Dominicana no es solo un problema local. “Este llega de alguna parte, por eso es necesario hacer articulaciones internas que permitan concebir una red lo más amplia posible para que las manifestaciones del crimen organizado puedan ser prevenidas, incluso, fuera de nuestra frontera en coordinación con los ministerios públicos, con la policía de los países hermanos, que además de nosotros, también son víctimas de este flagelo”, dijo.
Sobre la importancia del análisis de la criminalidad en el diseño y ejecución de la política criminal del Estado, el funcionario precisó que el objetivo de esa unidad es contribuir en la realización y formulación de las políticas de persecución que, conforme a la Constitución de la República, tiene que elaborar el Ministerio Público.
“Es una obligación novedosa para el Ministerio Público porque antes de la Constitución de 2010, esa responsabilidad estaba atribuida al Poder Ejecutivo, pero a partir de este momento, con la carta magna de 2010 se coloca sobre los hombros del Ministerio Público”.
Destacó que la Unidad de Análisis de la Criminalidad del Ministerio Público recopila la información necesaria para análisis, “y sobre la base de esa realidad estudiada, se deben definir políticas aplicables que cumplan con el objetivo que tiene el Ministerio Público”.